¡Otra vez la seguridad en Bogotá!

Las últimas dos semanas demuestran la fragilidad de Bogotá ante organizaciones delincuenciales que desarrollaron capacidad de enfrentar a la policía. Desde la época de Pablo Escobar en la ciudad no se presentaban ataques contra la fuerza pública que fueran atribuibles a organizaciones de narcotráfico. Lo que está sucediendo merece la atención urgente no sólo de la administración Petro sino del gobierno Santos.

A mediados de junio fueron asesinados dos miembros de la Policía Nacional en Ciudad en Bolívar, en tan solo 48 horas. Una de las de víctimas, el patrullero Juan Gabriel Leguizamón López, trabajaba en el CAI del barrio Lucero. La hipótesis que trascendió es que el asesinato obedecía a retaliación de redes de microtráfico del sur de Bogotá y que han sido golpeadas dentro de la estrategia que adelante esa institución. 

El pasado 20 de junio, a las 4:43 pm, detonó una carga de 500 gramos de pentonita contra el CAI ubicado en pleno centro de Chapinero. El alcalde Petro reconoció que en la zona se han producido 120 de capturas por microtráfico y se informó que en esa localidad se han “cerrado 85 amanecederos y clubes ilegales”, en los primeros 5 meses del año.

La bomba causó daños en 10 edificaciones, generó pánico e hirió a dos policías, uno de gravedad, y a un ciudadano que pasaba por la zona. El número de víctimas hubiera podido ser mucho mayor teniendo en cuenta la hora y la alta movilidad en el sector.

¿Qué relación existe entre esos hechos delictivos? Al parecer, de acuerdo a las hipótesis señaladas, se trataría de ataques planeados por un grupo o grupos dedicados al tráfico de drogas en la ciudad, con capacidad suficiente que les permite realizar actividades complejas que requieren inteligencia, consecución de explosivos y alto nivel de riesgo. Jíbaros corrientes no son los que llevan a cabo un atentado con pentonita y deciden el asesinato de agentes de policía. Tales acciones requieren cierta infraestructura y preparación.

Los Pascuales o los Luisitos que se enfrentaron por el mercado de los cerros nororientales de Bogotá no son las únicas bandas. Es importante que se revele el mapa de estructuras similares en la ciudad y que se tome conciencia del desafío. Tapando no se conseguirá desarticular esos aparatos que han adquirido un nivel de amenaza que no se conocía desde hace décadas en la capital.

En un reciente libro la Fundación Paz y Reconciliación alerta sobre la descentralización que se produjo luego de la intervención en el “Bronx” y señala la existencia de 36 “ganchos” dedicados al microtráfico. Los ganchos “blanco” y “azul” se instalaron en Kennedy y los “Llaneros” en Ciudad Bolívar, por ejemplo. Llegaron a controlar el mercado, cooptaron ollas y asesinaron jíbaros. 

Se debe reconocer que el problema es delicado. Cuando se pasa del soborno al asesinato y a las bombas, se está frente a grupos delincuenciales de otra dimensión. No se puede soslayar, como si no pasara nada o fuera una cuestión puramente incidental. En Bogotá está pasando algo muy grave que exige una respuesta inmediata, so pena de que el fenómeno adquiera las graves connotaciones que llegó a tener en otras ciudades afectadas  seriamente por redes criminales, articuladas a los llamados “combos” y a las bacrim. No se debe olvidar que junto al microtráfico viene y se extiende la microextorsión. 

¿Cuáles organizaciones tienen capacidad de realizar tales atentados? Es urgente que se les identifique y que la Fiscalía enfoque sus esfuerzos al desmantelamiento de sus redes. El riesgo no proviene simplemente de actos de venganza contra los servidores públicos, pues tener esa capacidad las convierte en instrumentos que pueden ser contratados por las FARC o el ELN con el fin de consumar acciones terroristas de más envergadura, que por su debilidad no pueden ejecutar directamente en las ciudades. Ya sucedió en dos oportunidades recientes: el atentado contra el edificio de Caracol Radio en la carrera 7 con 67 en agosto de 2010 y la bomba lapa detonada contra el automóvil en que se desplazada el exministro Fernando Londoño, en mayo de 2012.  

Existen zonas en la ciudad que se han convertido en especies de nodos que hacen parte de las redes del crimen. Basta recorrer a altas horas de la noche o en la madrugada “Cuadra Picha”, al suroccidente de Bogotá. ¡Es otra ciudad! ¡Un territorio donde se percibe por todas partes la ilegalidad! A pesar del esfuerzo visible de la Policía, ese punto es un reconocido centro de tráfico de estuperfacientes, licor adulterado o de contrabando y prostitución en lugares que no cumplen las normas que los regulan. Se afirma que en el sector hay fuerte influencia de bandas delincuenciales, al igual que sucede con establecimientos ubicados por la avenida primero de mayo. 

Verdaderas mafias que lavan dinero,  controlan esas actividades económicas y pretenden someter a las autoridades. 

La política de seguridad ciudadana debe ir mucho más allá de las imágenes de casas derribadas por ser centros de expendio. Eso sirve para elecciones, pero no resuelve el problema. Todos saben que la venta se hace en redes que tienen alta movilidad. También se debe revisar la autorización del porte de dosis personal. Los expendedores hacen domicilios y salen a las esquinas amparados por esa interpretación constitucional, siempre cuando no sobrepasen la dosis “a la que tienen derecho”. ¿En qué estamos?

La misma policía debe revisar qué pasa a su interior. A pesar de la voluntad de los comandantes tanto a nivel nacional y en la propia metropolitana, no es un secreto la grave corrupción que acecha a los agentes en algunos barrios, ni los vínculos existentes con delincuentes. Hay que impedir que a través de este medio o de la campaña de intimidación que al parecer esas bandas delincuenciales comenzaron, neutralicen los esfuerzos contra el microtráfico. El señor General Palomino podría ordenar la aplicación de la prueba de polígrafo a todos los agentes de policía que cumplan su función en zonas reconocidas por ese delito. ¡Hay que blindarlos!