Bombardeo en angosturas y solución amistosa

La reciente admisión de la petición ecuatoriana contra el estado colombiano por la presunta violación del derecho a la vida del ciudadano de ese país -Franklin Aisalla-, ocurrida durante la operación Fénix que abatiera a Raúl Reyes el 1 de marzo de 2008, constituye una radical novedad dentro del sistema interamericano.
 
Tanto en el ámbito de las relaciones internacionales como en el de la protección de derechos humanos. Por primera vez en la historia de la Comisión Interamericana una petición estatal dirigida contra otro estado ha sido declarada admisible. Hasta ahora ningún estado había adoptado tal procedimiento y sólo peticionarios individuales eran usuarios del sistema.

Esto significa que la reclamación no era ni manifiestamente infundada ni totalmente improcedente, como tantas veces lo sostuvo nuestro gobierno. Por el contrario, la misma se basa en un peritazgo alterno realizado por autoridades de Quito sobre las causas de la muerte de dicho ciudadano, en el que se constataron “lesiones traumáticas óseas en el cráneo de la presunta víctima como consecuencia de varios golpes infligidos por un agresor que se encontraba detrás suyo”, al cual se le otorgó plena credibilidad.

El manejo diplomático y jurídico proporcionado al caso hasta el momento no ha hecho sino complicarlo más. En efecto, el retiro del representante colombiano de la audiencia convocada el 19 de marzo de este año en Washington para estudiar la admisibilidad de la petición no sólo fue una actitud desabrida sino que pulverizó un tradicional protocolo de seriedad legitimando las peores interpretaciones.
 
Los argumentos esgrimidos por el equipo jurídico de nuestra delegación no han ido por mejor camino. La objeción según la cual Colombia no tenía control sobre el lugar del bombardeo fue desestimada debido a la presencia en terreno de miembros de la policía, el ejército y la armada; la solicitud de falta de competencia material por tratarse de una situación de derecho humanitario y no de derechos humanos fue igualmente rechazada, pues de tiempo atrás la Comisión ha señalado su competencia para interpretar ambos referentes normativos; la tesis de no haber agotado previamente los recursos judiciales internos fue también despojada de validez debido a la contradictoria información suministrada: la Fiscalía certificó inicialmente que no había ninguna investigación y luego el gobierno sostuvo lo contrario.
 
En una palabra, ninguna de las tesis sostenidas ni las actuaciones adelantadas por nuestra delegación en la OEA ha producido el menor resultado.

Este desenlace transitorio no puede sino atribuirse al estilo pugnaz y de picapleitos metódicamente practicado durante la seguridad democrática. A una utilización de los foros jurisdiccionales internacionales como si se tratara de un juzgado promiscuo.
 
Sin embargo, el todavía nuevo gobierno tiene la oportunidad de redireccionar el manejo del caso llevando este contencioso, que en el mejor de los casos duraría el mismo término del mandato presidencial, a un derrotero más diplomático, acorde con el restablecimiento y mejora de relaciones con sus vecinos.

Como estado demandado, Colombia tiene aún la oportunidad de solicitar el denominado mecanismo de solución amistosa –ya lo ha hecho al menos en siete ocasiones- con una propuesta seria que atienda legítimas pretensiones ecuatorianas de información y reparación respecto de su nacional, convirtiendo un escenario de confrontación en uno de colaboración diplomática constructiva.
 
Cuya solemne instalación podría realizarse con asistencia de los cancilleres y presidentes en el puente internacional de Rumichaca, como símbolo de una nueva época en las relaciones de ambas naciones. Que redunde en beneficio mutuo y de los derechos humanos. Con ello la administración Santos daría la pincelada final para dejar atrás los brochazos anteriores.

* Profesor Facultad Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Javeriana.