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Opinión

  • | 2009/11/20 00:00

    Buenas noticias de industrias extractivas y dd.hh.

    Colombia se vinculó a un código internacional que rige las buenas prácticas de mineras y petroleras en derechos humanos y relaciones con la fuerza pública en zonas de conflicto.

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El  pasado 6 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció públicamente  la aceptación de Colombia como miembro vinculado a los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (PV). Se trata de un avance importante y significativo en  Derechos Humanos y operaciones empresariales en el sector minero- energético.

Además de reconocer el trabajo que desde hace varios años se adelanta en el país en este campo, la aceptación de Colombia también encierra retos y oportunidades que no podemos perder de vista. ¿Qué implica asumir el compromiso, como país, de trabajar por mejorar el desempeño en Derechos Humanos en lo que tiene que ver con seguridad relacionada con las operaciones del sector extractivo?

Los PV son un código de conducta empresarial orientado a facilitar el manejo de las industrias extractivas de los riesgos que en materia de seguridad y derechos humanos implica operar en zonas que son escenario de acciones de grupos armados al margen de la ley.
 
Los PV recomiendan hacer un análisis de riesgos e impactos atento a dinámicas de conflicto y el respeto a los Derechos Humanos. Asimismo, abogan por la adopción de buenas prácticas en el manejo de las relaciones con la fuerza pública como proveedora de seguridad y con firmas privadas que prestan este mismo servicio.

Los PV datan de 2000, cuando un grupo de gobiernos, multinacionales del sector extractivo y ONG internacionales les dieron vida. Hoy, un buen número de empresas, ONG y gobiernos son signatarios y como tales trabajan en la promoción e implementación de los PV.

La solicitud del gobierno colombiano se inició hace unos meses. No obstante el trabajo en torno a los PV en el país lleva varios años. Quizás el ejemplo más notable del compromiso del país en este sentido – que sorprende positivamente, sobre todo  internacionalmente – es el hecho de que la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa incluya los PV como referente explícito para relacionarse con la Fuerza Pública con el sector empresarial. 

Otro claro ejemplo del compromiso con estas prácticas, es el trabajo que desde 2003 vienen desarrollando un grupo de entidades privadas y públicas en el Comité Minero-Energético de Derechos Humanos (CME). Este Comité toma los PV como un referente para su trabajo y busca promover un mejor desempeño en materia de derechos humanos en lo que concierne a la seguridad, tanto entre las empresas del sector minero energético como entre entidades del Estado.

Miembros del CME han participado en varias Plenarias Anuales de PV. Esto, en buena medida orquestó la solicitud de Colombia a ser parte de esta iniciativa, así como su aceptación.
 
Cabe anotar que el proceso seguido en Colombia en torno a los PV es considerado internacionalmente como un ejemplo prometedor en la implementación y adopción de este código empresarial. El trabajo alrededor de los PV en Colombia en buena medida se relaciona con la labor adelantada por el CME.

Lo anterior, por supuesto, no significa que Colombia tenga todo resuelto en esta materia. Sin duda, aún nos falta mucho camino por recorrer, pero lo logrado hasta el momento no es despreciable. Falta ver nuestra cómo respondemos al desafío de ser país miembro vinculado a los PV.
 
¿Qué acciones se deberán tomar desde el gobierno, el sector empresarial y la sociedad  para ampliar la promoción, adopción e implementación de prácticas empresariales acordes a los PV? ¿Qué tan efectivos serán el gobierno y el sector privado en la vinculación de todos los actores que deben participar en la implementación de este código empresarial? ¿Qué tan dispuestos a participar estarán estos actores? En últimas, ¿Qué tan capaces seremos, como país, de responder a este nuevo compromiso?


 
*Ángela Rivas Gamboa es coordinadora Área Sector Empresarial y Conflicto
Fundación Ideas para la Paz.



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