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Opinión

  • | 2006/09/16 00:00

    Cadena de errores

    Todo parece indicar que las relaciones, tradicionalmente tensas, entre la policía y el ejército, están rotas

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El 14 de septiembre un periodista preguntó al vicefiscal Otálora sobre la participación de oficiales militares en "falsos atentados" en Bogotá. Minutos después, Otálora informa de los 'montajes' al Ministro de Defensa. El presidente Uribe ordena poner la cara y salir a los medios. El comandante del Ejército, a quien le cuentan que son sus hombres los responsables, decide que será él quien leerá un comunicado redactado junto con el Ministerio. El país queda convencido de que algunos oficiales del Ejército se confabularon para hacer aparecer como éxitos contra el terrorismo lo que en realidad eran atentados hechos por ellos mismos, y que de paso se robaron un dinero usado para pagar informantes.

En los días siguientes se realizan interminables consejos de seguridad para intentar establecer la verdad. Después de las indagaciones, los hechos parecen ser distintos: no hubo montajes sino operaciones de inteligencia del comando general de las Fuer zas Militares, que incluían la infiltración en células de las Farc, resultado de las cuales se evita la comisión de dos atentados. Los militares realizaron las operaciones con autorización de sus superiores y los pagos siguieron los procedimientos establecidos. La Policía admite que no tiene pruebas de una conspiración y la Fiscalía dice que no tiene elementos que le permitan siquiera llamar a versión libre a los militares señalados. El Presidente concluye que no hay bases para establecer responsabilidades en cabeza militar y sugiere que los medios han actuado de manera irresponsable al publicar las 'filtraciones'.

Dada su exasperante lentitud, con certeza no habrá decisión judicial pronta sobre el asunto. Sea cual fuere el resultado, el costo político y de credibilidad es enorme. Y hay al menos tres puntos para ahondar. Primero, hay que admitir que el escándalo es responsabilidad exclusiva de instituciones estatales: es un oficial de la Policía Judicial quien hace las filtraciones a los medios, es el Vicefiscal quien induce a error al Ministro y a los comandantes, es el Presidente quien pide salir a los medios, es en el Ministerio de Defensa donde no se averigua a tiempo si lo dicho por Otálora era cierto o no, y es a partir del comunicado leído por el general Montoya que la opinión pública queda convencida de los montajes. No cabe duda de que la transparencia es necesaria pero, por favor, antes de hablar hay que averiguar cuáles fueron los hechos y quiénes los aparentes responsables.

Después resulta evidente que el famoso comunicado es resultado de que el Presidente, el Ministro y los comandantes supusieron que los hechos podían ser ciertos. Esa suposición tiene un fundamento: el conjunto de gravísimos hechos (Cajamarca, Guaitarilla, Jamundí, etc.) donde hay responsabilidad de una u otra institución de la Fuerza Pública. Aunque en este caso no parece haber pruebas de que haya militares responsables, es un buen motivo para volver a examinar, y aquí lo que redunda no sobra, aspectos clave: los sistemas de planeación y control de las operaciones de inteligencia; las reglas de juego de la contrainteligencia; los controles internos desarrollados por los comandos y las inspecciones, y los mecanismos de uso de informantes y pago de recompensas.

Finalmente, todo parece indicar que las relaciones, tradicionalmente tensas, entre la Policía y el Ejército están rotas. La comunicación y la confianza, maltrechas desde Guaitarilla, están ahora virtualmente destrozadas. Los militares no comprenden por qué policías judiciales, especialmente dolidos por los hechos de Jamundí, estaban siguiéndolos, los filmaban e interceptaban sus comunicaciones. Y, sobre todo, no entienden que hubiesen filtrado a los medios la hipótesis de los montajes sin verificarla previamente y sin que mediara prueba.

A estas alturas el problema no es, como ha sido tantas veces, la diferencia de caracteres de los comandantes o los tradicionales celos institucionales. Es mucho más de fondo y tiene que ver con manera en que el Ejército y la Policía, en todos los niveles, se ven entre sí. Hoy, militares y policías no podrán arreglar solos y entre ellos sus diferencias. La responsabilidad de semejante tarea recae en los únicos que pueden dar soluciones: el Presidente y el Ministro de Defensa. La respuesta adecuada a semejante desafío es vital para la seguridad nacional.
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