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Opinión

  • | 2008/11/27 00:00

    Cadena perpetua y populismo

    A pesar de la proclamada nobleza y justicia de esta causa, ésta está plagada de inconsistencias que pueden llevarnos a un verdadero retroceso moral y político.

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“El fin de este grupo es hacer conocer que hay un nuevo referendo que apoya la cadena perpetua para los violadores, creo que es la oportunidad que los colombianos necesitamos para deshacernos de estas escorias y desadaptados sociales, esta decisión está en nuestras manos, solo necesitamos 3 millones de firmas para aprobarlo... creo que podemos hacerlo... hay que apoyar la causa.”

Con estas palabras el grupo de Facebook “Apoyo la aprobación del referendo por cadena perpetua para los violadores”, invita a los colombianos a impulsar con sus firmas el proyecto de referendo que pretende reformar la Constitución para que en Colombia se establezca la cadena perpetua. La recolección de firmas parece ir a toda marcha pues, ¿qué clase de persona se opondría a que se proteja de manera más eficaz los derechos de los niños? Este parece ser el argumento principal de quienes apoyan la iniciativa, liderada por políticos como la Concejal de Bogotá Gilma Jiménez (la misma que nos trajo los muros de la infamia contra violadores), los Representantes a la Cámara Simón Gaviria y David Luna, y funcionarios públicos como el Fiscal General de la Nación y el Procurador General de la Nación. Sin embargo, a pesar de la proclamada nobleza y justicia de esta causa, ésta está plagada de inconsistencias que pueden llevarnos a un verdadero retroceso moral y político, y parece responder a intereses con un tufillo populista, más preocupados por lanzar la imagen y carrera de ciertos personajes públicos que por los derechos de los niños.

Quienes proponen la cadena perpetua para los abusadores de menores esgrimen por lo menos tres tipos de argumentos. El primero es un argumento jurídico de justicia retributiva: quienes son responsables de crímenes terribles deben responder sufriendo penas proporcionales a la gravedad del delito cometido. Lo que este argumento no demuestra es por qué la cadena perpetua sería la pena más justa y proporcional para este tipo de delitos. Puede haber consenso en que la pena debe ser severa, pero no en qué tan severa ni qué tipo de pena debe ser (por ejemplo, por qué no una condena aun más dura, como la pena de muerte, u otro tipo de sanción distinta a la prisión). Al no existir criterios objetivos para dirimir este conflicto, se evidencia que el argumento sobre la proporcionalidad de la pena tiende a estar acompañado de otro tipo de consideraciones, morales y políticas, como se verá a continuación.

El segundo argumento es de tipo moral y suele establecer una diferenciación básica entre el delincuente y el resto de los ciudadanos; mientras éstos son agentes racionales y morales, que merecen que sus derechos sean protegidos, el criminal es presentado como una persona esencialmente distinta al resto; un monstruo incorregible, cuya naturaleza no puede ser transformada. Por lo tanto sus derechos, si los tiene, no son tan valiosos como los de los demás y, por ende, pueden ser severamente restringidos. Este argumento es problemático por varias razones; la más notable es lo censurable que resulta que una sociedad que se considera liberal, humanitaria y “civilizada” (como insiste Gilma Jiménez en sus declaraciones públicas), caracterice a ciertos grupos de personas, por más reprobables que sean las conductas que cometen, como monstruos que no comparten los rasgos de humanidad de las personas normales. En una sociedad respetuosa de los derechos humanos incluso los delincuentes tienen derechos, por la sencilla razón de que son personas. Lo más preocupante de este tipo de visión esencialista y excluyente, es que no circula solamente entre grupos de ciudadanos como los que se forman en Facebook, sino que constituyen un aspecto clave del discurso de funcionarios públicos que tienen grandes responsabilidades frente a la protección de los derechos de todos. Así, el Fiscal General de la Nación afirmó en un discurso oficial: “De ahí la invitación a todos los colombianos a que digamos SÍ a la cadena perpetua contra estos ‘monstruos’ (…) No lo estamos proponiendo para los narcotraficantes, no la proponemos para los terroristas, porque (…) así nos lo dice la misma cientificidad, la misma experiencia como fiscales y jueces, que estos pueden rehabilitarse; pero lo que está demostrado científicamente es que los que atentan contra el pudor, la libertad, la dignidad sexual de los niños, no se rehabilitan.”

Y acá se hace evidente otra debilidad de este tipo de argumentos: si estos “monstruos” incorregibles responden a sus instintos naturales y no a su libre voluntad, resulta injusto castigarlos por su supuesta naturaleza, pues en un Estado de derecho, sólo pueden ser castigadas las personas que son responsables de sus actos, pues eligieron cometerlos; no otra es la base de la justificación del castigo estatal. Así, puede sostenerse que las personas con problemas psicológicos o mentales que han cometido graves delitos contra menores requieren de un tratamiento, seguramente riguroso, pero éste, por razones de justicia, no puede consistir en la detención indefinida en una prisión.

Los defensores de la cadena perpetua pueden recurrir entonces a un tercer tipo de argumento, el político, que suele ser más realista y pragmático. Y acá prima uno que se podría definir como el incapacitador: según éste, se debe aplicar penas drásticas contra los delincuentes más peligrosos, no con el fin de rehabilitarlos, ni de que paguen de manera proporcional por los delitos que cometieron sino, simplemente, para sacarlos de circulación. Así, el fin político que se persigue es el de proteger a la sociedad, en este caso a los niños, de personas que por sus características y su pasado representan un claro riesgo. Este argumento tan disuasivo y popular, es también sumamente problemático. Afirmar que una persona debe pasar el resto de sus días en una cárcel, no por las conductas que realizó, sino por las que puede llegar a cometer, equivale a decir que una persona puede ser drásticamente privada de varios de sus derechos más básicos, no por lo que hizo, sino por lo que es. Esto es incompatible con un Estado liberal de derecho, en el cual las personas sólo pueden ser sancionadas por sus acciones, no por su personalidad. Además, este argumento confunde la severidad con la certeza del castigo. Que éste se haga más drástico, no implica necesariamente que más delincuentes peligrosos sean capturados y que, por lo tanto, la sociedad esté más protegida. Este es un problema de eficacia de la justicia penal, que no mejora aumentando penas.

Dadas las evidentes debilidades de los argumentos jurídicos, morales y políticos que suelen presentar quienes están defendiendo la cadena perpetua para abusadores de menores, cabe analizar otro tipo de motivación, de tipo politiquero, más que político. Es lo que en diversos países se ha llamado populismo punitivo: la exhortación a la utilización de medidas punitivas, usualmente apelando a los sentimientos vengativos de las personas, como forma primordial de enfrentar problemas sociales. El fin último de este populismo es obtener réditos políticos (bien sea ganando elecciones, aumentando niveles de popularidad, ocultando escándalos o minimizando su impacto negativo) por medio de la manipulación de las emociones y miedos del público. El populismo punitivo no es sólo una forma eficaz de hacer política, sino la vía rápida para tratar problemas complejos: es más fácil señalar y aislar a unos monstruos y enfermos que crear mecanismos serios y efectivos para prevenir y tratar el abuso infantil; es más sencillo movilizar a la sociedad alrededor del objetivo simple de condenar a unos cuantos que movilizarla para exigir del Estado y de los ciudadanos el efectivo respeto de los derechos de los niños.

Lo anterior no quiere decir que el objetivo de defender los derechos de los niños no sea valioso, ni que aquellos que abusan de ellos no merezcan ser sancionados o no deban recibir algún tipo de tratamiento, médico o psicológico. Lo que resulta equivocado es llegar a la conclusión fácil de que la mejor manera de proteger a los menores es imponiendo castigos excesivos como la cadena perpetua. Ni es efectivo, ni está política o moralmente justificado.


*Manuel Iturralde es profesor e  investigador del Grupo de Interés Público de la Universidad de los Andes.


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