Viernes, 28 de noviembre de 2014

| 2013/07/19 00:00

Café y petróleo: cumbia sin mar

Mal está utilizar la violencia como mecanismo de negociación. También está mal el criminalizar el descontento social.

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En otros tiempos el orgullo patrio giraba en torno a Juan Valdez y a Conchita como antídoto ante el surgimiento del poderoso negocio del narcotráfico. Aún hoy seguimos negándonos a aceptar que gran parte de la economía local, regional y nacional sigue funcionando a partir de la cadena de producción y comercialización asociada a ese producto maldito que financia campañas, ejércitos y lealtades. Visto con frialdad, la producción de cocaína ha sido el único proceso que ha acercado a Colombia a procesos de industrialización globalizados desde hace más de 30 años.

En medio de esto, han quedado en el campo millones de personas que buscan las mejores opciones para sobrevivir en la economía de mercado, que incluye los derechos fundamentales como parte de los bienes y servicios que deben ser garantizados por Estados de Derecho. 

Conviven a lo largo y ancho de la República los terratenientes herederos del usufructo (casi siempre sin derechos de propiedad claros) y sus descendientes (que hace parte de la élite política y económica regional) con los siervos sin ejército y sin tierra. También estos últimos tienen sus descendientes, que han migrado hacia las grandes ciudades como una forma de hacerle frente al hambre y con el sueño de engañar al destino.

En esas regiones ha sido normal que las élites negocien con los malandros que les han traído los 'commodity' de cada época. En su momento, fue conmovedor para muchos ver cómo los partidos políticos avalaban la visita al Congreso de los comandantes de esos ejércitos de extrema derecha, mientras esa élite política jugaba a hacer la paz. 

Pedían al pueblo comprender su existencia y legitimar su papel como pacificadores cuando los comunistas se aprovechaban del sudor y las lágrimas de la gente honrada. Y en parte toda esa violencia se justificaba porque eran parte de lo que quería el Estado Social de Derecho. Propiedad privada, seguridad ciudadana y orden social. Para garantizar salud y educación había EPS e importantes intelectuales en prestigiosos centros de enseñanza. Hasta se pensó en una Universidad guiada por esas mentes brillantes. 

El nuevo capítulo empezó cuando Conchita se rezagó en la trocha de la economía global, y se  empezó a pensar más en las necesidades del Willis que en las emociones de la mula. Afortunadamente había petróleo, carbón y oro para poner a rodar el jipao de la economía nacional y la endeble estructura administrativa regional. 

Con los años, el Estado ha venido mutando y evidenciando la falta de articulación en lo local, lo regional y lo nacional. Las élites intelectuales, políticas, económicas y administrativas han sido incapaces de representar a los ciudadanos y de enlazar las políticas ejecutadas a través de marañas burocráticas y una confusa y contradictoria estructura institucional. No hay que dejar de lado la debilidad de la sociedad civil que ha estado más atenta de atacar al Estado que de diseñar estrategias de tratamiento para las problemáticas que buscan resolver.

Así pues, en medio de deficiencias administrativas y falencias representativas, se han venido germinando múltiples descontentos sociales que hoy toman forma en manifestaciones sociales que ponen en aprietos al gobierno nacional. Conviven en el territorio nacional sociedades agrícolas y proyectos agroindustriales en entornos con presencia de grupos armados como las FARC, el ELN y las BACRIM. Por esto es erróneo pensar que no hay presencia de estos grupos ilegales en las protestas del Catatumbo y el Bajo Cauca. Como también es erróneo pensar que los cafeteros o los mineros que hoy preparan nuevos paros no tienen nada en común.

Posiblemente, podría pensarse que los diversos grupos sociales que buscan reivindicar sus derechos fundamentales, ponen sobre la mesa las dificultades de un proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Desde la lógica marcada por la historia reciente de Colombia, esos grupos esperarían un trato equilibrado con respecto a los villanos de siempre. También podría pensarse como una muestra de la baja representatividad que tiene la guerrilla de las FARC sobre la totalidad de los colombianos, y como una evidencia de los retos del postconflicto. 

No se trata entonces únicamente de desmovilizar ejércitos y entregar derechos de propiedad sobre la tierra. Tampoco se trata de crear nuevas y sofisticadas leyes que no se cumplen en la  Colombia real (rural y urbana), porque ha quedado en evidencia la distancia que existe entre lo que se firma en el Congreso y lo que pasa en los departamentos y municipios. Esto en parte explica que quienes hoy se levantan en paro sólo quieren negociar con el Presidente o los Ministros, al mejor estilo de pueblos feudales y monárquicos.

Mal está utilizar la violencia como mecanismo de negociación. También está mal el criminalizar el descontento social sin reconocer que este es un efecto de un proceso de discusión pública sobre el futuro de Colombia. El asunto se complica cuando se avecinan las elecciones y se firman tratados comerciales basados en proyecciones y deseos. 

Habría que empezar a ver las oportunidades de lo que viene ocurriendo en Colombia, al reconocerse como una sociedad que ha empezado a comunicarse utilizando otros esquemas. Todavía falta mucho para lograr que el debate público se desarrolle a través de los canales y los mecanismos diseñados en 1991. Por ahora valdría la pena buscar ventanas de oportunidad en una lógica cultural de juegos de suma cero y reconocer que empiezan a evidenciarse parte de los retos de una verdadera democracia participativa.  

@alecroix

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