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Opinión

  • | 2008/03/15 00:00

    Calma Chicha

    Quedamos en el peor escenario: nos obligamos a no usar la fuerza contra guerrilleros refugiados en otros países, y los vecinos nada dijeron sobre sus responsabilidades

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Tras la fiesta, el guayabo. Después de la folclórica sesión del Grupo de Río, con cantos del chafa Coronel de al lado y mirada asesina de Correa como picante para el convite, hubo muchos que celebraron. Se entiende. Veían guerra en los batallones venezolanos trasladados a la frontera. Yo sigo convencido de que los tanques eran un cañazo. Y creo también que, más allá del farol, el peligro sigue ahí, latente.

Por supuesto, ha sido sano quitar presión. Es de Perogrullo que es mucho mejor tener relaciones diplomáticas que no tenerlas. Pero sería un error fatal no ver que los asuntos de fondo que generaron el enfrentamiento no han sido resueltos ni están en vías de hacerlo, y que los resultados de las rondas de la OEA y Dominicana, no han sido favorables para nosotros. Me explico: en ambos escenarios se censuró sin ambages el ataque al campamento de Reyes y Colombia aceptó que vulneró la soberanía y la integridad del territorio del Ecuador. En cambio, nada se dijo sobre la conducta de los vecinos.

Es curiosa esa condescendiente aceptación de nuestra responsabilidad por violación del derecho internacional público. Para empezar, porque no hay vulneración cuando el uso de la fuerza se hace en ejercicio de la legítima defensa. Si hubo ataque armado desde Ecuador, no sólo teníamos el derecho, sino además el deber, de responder. Negarlo es dejar a nuestros soldados y Policía a merced de los bandidos, a quienes les bastaría ubicarse en territorio extranjero para garantizar la impunidad. Más aun, si se preveía que frente a la operación militar en zona colombiana de frontera habría ataques desde el otro lado, era lícito proceder a la neutralización previa o simultánea en Ecuador de los campamentos guerrilleros.

Confieso que no acabo de entender la renuncia a este argumento, por demás defensable a la luz del derecho internacional contemporáneo. Lo prueban las resoluciones del Consejo de Seguridad después del 11 de septiembre, en las que legitima el bombardeo norteamericano a Al Qaeda (y a los talibanes que les daban protección en Afganistán). Y lo confirman, sólo doy ejemplos de este año, las acciones posteriores de Estados Unidos en Somalia y de Turquía en Irak, frente a las cuales la comunidad internacional no ha protestado.

Además, está el hecho de que en el mejor de los casos el gobierno ecuatoriano no ha combatido la presencia de la guerrilla en su territorio o, en el peor, la ha protegido, como consta en el computador de Reyes (por cierto, el intento por cuestionar la existencia del aparato sólo tiene por fin poner en entredicho la información que guardaba y que incrimina a dicho gobierno. Sostener que el ordenador no pudo resultar ileso del bombardeo es una tontería. Si sobrevivieron tres guerrilleros, ¿por qué no iba a resultar indemne un computador plano?). Esa tolerancia y esos tratos con la guerrilla colombiana, sobre los que nada se dijo en Washington y en Quisqueya, están prohibidos por el derecho inernacional, que los considera, oígase bien, actos ilícitos. Cabía, pues, aplicar la teoría de las represalias.

En fin, al menos había que condicionar el compromiso colombiano de no volver a atacar campamentos guerrilleros en países vecinos, al cumplimiento del deber internacional de esos Estados de combatirlos en sus territorios. Ahora quedamos en el escenario más negativo: nos obligamos a no volver a usar la fuerza frente a guerrilleros refugiados en otros países y los vecinos nada dijeron de sus propias responsabilidades.

Y ese es el asunto de fondo: ya no hay duda de que los gobiernos de Caracas y Quito tienen relaciones con las Farc y de que en territorio de ambos países la guerrilla encuentra solaz. Sabemos que, además, el chafa Coronel tiene a Colombia en la mira de expansión de su revolución y que la idea de contar con una retaguardia en el oriente colombiano está consignada hace ya varios años en sus planes estratégicos. Y no hay duda de que Chávez está adquiriendo equipos y materiales militares de última tecnología que no son útiles sino contra nosotros.

A su vez, Ortega pide que cese el patrullaje de la Armada en aguas jurisdiccionales colombianas. Y Correa insiste en que limita con las Farc y en que no tenemos suficiente pie de fuerza en la frontera (es al revés: Colombia tiene el doble de efectivos en esa zona y la presencia de las Farc en Ecuador es resultado, por un lado, de la eficaz presión militar aquí y, por el otro, de la complicidad por omisión y acción allá).

El final es claro: si no se desmonta esa execrable relación entre los gobiernos vecinos y la guerrilla, volverá la tormenta, esta vez con impredecibles consecuencias.
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