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Opinión

  • | 2009/12/24 00:00

    Caquetá y la suerte de la Seguridad Democrática

    Decepciona que sólo el asesinato del Gobernador haya volcado los ojos al Caquetá, cuando la situación era preocupante desde hace dos años.

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Los caqueteños se resisten a creer que el flagelo de las Farc esté lejos de acabarse. Por más que autoridades civiles y militares insistan en lo contrario, los hechos les dan la razón, en especial por el secuestro y asesinato del gobernador Luis Francisco Cuéllar ocurrido esta semana.

Desde luego, dicha apreciación no busca desconocer los avances innegables que en materia de seguridad y orden público se han derivado de la Política de Seguridad Democrática (PSD) en esta región del país. Es un llamado para que el gobierno reconozca, con toda humildad, la urgencia para que esta Política se adapte a las nuevas dinámicas del conflicto, que sin duda son muy diferentes a las que afrontaba en 2002 y 2003.

Luego del diseño e inicio del Plan Patriota y la campaña militar JM en 2003-2004, el Caquetá, en conjunto con el departamento del Meta, se convirtió en el epicentro estratégico de la Seguridad Democrática en su capítulo de combatir a las Farc. Dos años después y pese al notable avance de la recuperación territorial por parte de la fuerza pública, la población caqueteña compartía la sensación de que había “demasiado militarismo y poca política”, según un informe especial de María Teresa Ronderos divulgado en El Espectador de diciembre de 2005.

Un hecho posterior que vendría a corroborar esta hipótesis sería la salida de Nestlé en 2007 de gran parte de la zona norte del departamento, en momentos en que este mercado legal era un motor clave para el desarrollo del Caquetá, y por ende para reducir la influencia de las Farc en la vida cotidiana de los caqueteños.
 
Los atentados de las Farc ocurridos entre enero y mayo de 2007, trajeron consecuencias funestas para la región: Nestlé dejó de comprar 37 millones de litros de leche en 2007, 1.500 ganaderos y sus familias dejaron de recibir 1.200 millones de pesos quincenales y se perdieron más de 1.000 empleos indirectos.

La reacción gubernamental tuvo un preponderante componente militar y hasta la fecha, dos años y medio después de los atentados, el Caquetá aún no logra reponerse de estos impactos y el gobierno no ha aprovechado la ventana de oportunidad que las propias Farc abrieron, para recomponer sus relaciones con la población civil y mostrar un cara diferente del Estado.

Como si fuera poco, luego de la desmovilización de los paramilitares del frente Sur de Andaquíes del BCB y la posterior venta de esta franquicia a ‘Los Rastrojos’ en el sur de Caquetá, el negocio del narcotráfico ha tenido un renacimiento, gracias a la conformación de bandas criminales que trabajan en alianza con frentes de las Farc, y gracias también la campante corrupción dentro de autoridades civiles, militares y policiales en la región.
 
Sobre esto último vale insistir a la Fiscalía General de la Nación para que abra definitivamente el capítulo de la parapolítica el Caquetá y develé los vínculos de la fuerza pública con los viejos y nuevos paramilitares.

Es decepcionante que sólo el hecho del secuestro y asesinato del gobernador hayan volcado los ojos al Caquetá, cuando la situación en materia de violencia y narcotráfico muestra indicadores preocupantes desde por lo menos hace dos años. Por ejemplo, desde 2005 la tasa departamental de homicidios ha duplicado la tasa nacional, y también ha continuado el asesinato de autoridades locales, el desplazamiento forzado y el reclutamiento por parte de grupos armados.

El principio de iniciativa gubernamental no puede estar supeditado a hechos de violencia cuya reacción corrobore la idea de que la Política de Seguridad Democrática hay que profundizarla, y olvide de tajo el debate sobre su capacidad de adaptación a las nuevas dinámicas del conflicto, más aún cuando hay muestras de que algunas unidades de las Farc sí lo están haciendo.

El operativo de las Farc para secuestrar y asesinar al gobernador del Caquetá, es una oportunidad para que el debate sobre la PSD se inicie con seriedad y humildad, tanto para admitir sus éxitos como para reconocer las tareas pendientes.




 
* Gerson Ivan Arias es coordinador del Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz.



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