Caquetazo

El ex representante a la Cámara Luis Fernando Almario le está haciendo sentir su poder a la justicia. El político caqueteño es procesado dentro de la farc-política y especialmente como presunto responsable del asesinato de doña Inés Cote de Turbay, su hijo el congresista Diego Turbay y cinco personas que estaban con ellos cuando los mataron.

Existen fuertes indicios que señalan a Almario como determinador -es decir, autor intelectual- de esa masacre ejecutada por las Farc.

Dada la inmensa influencia de Almario y de las Farc en Caquetá, la Corte Suprema ordenó que un juez especializado de Bogotá se encargara del proceso. El cambio de radicación es un mecanismo legal que se aplica cuando están en riesgo la imparcialidad o la independencia de la justicia.

Sin embargo, un golpe de astucia de Almario acaba de mandar su caso de vuelta a un despacho específico: el Juzgado Primero Penal del Circuito de Caquetá.

Lo logró mediante una tutela del Consejo de la Judicatura de Cundinamarca, cuyo ponente fue Germán Londoño Carvajal, un magistrado a quien no recuerdan por una larga carrera jurídica sino por ser un burócrata en representación del Partido Alas Equipo Colombia. Partido que disfrutó de la valiosa adhesión de Almario, al final de su paso por el Congreso.

El magistrado Londoño, quien antes de serlo era miembro de una UTL de Alas en la Cámara, no cree que Almario o las Farc puedan influir en las decisiones que se toman en Caquetá.

Lo cierto es que el despacho de Florencia que se encargará del ex congresista hace un tiempo tomó una polémica decisión que favoreció a un hermano de Almario.

El médico Gerson Almario, un fornido practicante de lucha olímpica, estaba tomándose unos tragos con unos amigos en la zona rosa de Florencia. Por allí pasó un adolescente que tenía que ganarse la vida como vendedor ambulante. Almario, el médico, invitó a su mesa al muchacho. Después de unas copas, todos decidieron seguir la juerga en casa del doctor Almario.

Unas horas después, los vecinos de Gerson Almario oyeron los gritos del menor de edad que clamaba auxilio por los golpes que le propinaba el anfitrión. El joven ensangrentado alcanzó a salir a la reja y fue llevado a un hospital donde murió.

Según el dictamen forense, "tenía 10 contusiones, incluso en los genitales y 10 heridas (incluida una de 13 centímetros en la cabeza). La necropsia señala que murió por hematoma endocraneano causado por lesiones contusas".

El médico Almario estuvo unos días detenido por homicidio, pero el juez Primero Penal del Circuito de Florencia, Alcibíades Vargas, cambió la tipificación del delito a lesiones personales porque "el juzgado consideró que no era claro que la muerte hubiese sido provocada sólo por la golpiza, sino porque el muchacho estaba enfermo, tenía meningitis".

El hermano del congresista salió del problema de las lesiones personales dándole cinco millones de pesos y un lote a la familia del menor. Ante la reparación, el juez decidió cesar todo procedimiento.

Al juez Alcibíades Vargas le fue bien. Por presentación del Consejo Superior de la Judicatura, desde noviembre del año pasado es magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio. En su antiguo despacho ahora hay un encargado, pero la judicatura pronto nominará a quien procesará a Almario.

La Corte Suprema de Justicia impugnó el fallo de tutela que envía el caso de Luis Fernando Almario a Caquetá, pero no deberían abrigar muchas esperanzas. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -que decidirá la impugnación- está presidida por un hombre de Almario: Angelino Lizcano, político de Caquetá y ex secretario de la Cámara, que llegó a Bogotá auspiciado por el padre de los Turbay Cote y terminó mutando en magistrado, gracias, entre otros, al patrocinio del presunto victimario de sus viejos padrinos.

Y si se complica el tema, el ex congresista todavía tiene una carta. La Comisión de Acusaciones, que procesa a los magistrados de la Corte Suprema y al Fiscal, tiene como secretario general a Reinaldo Duque, otro de sus fieles alfiles.