Cara o sello

El primer paso fue la Ley 782 del 23 de diciembre del año pasado. Con el argumento de facilitar los nuevos procesos de paz, se autorizó al gobierno para negociar con grupos armados sin necesidad de definir si son o no son "políticos". Así se le sacó el cuerpo a una cuestión espinosa y se pudo dar comienzo al diálogo con los paramilitares.

La cuestión, en efecto, es espinosa porque los principios y las normas jurídicas nacionales e internacionales referentes a procesos de paz y reinserción están hechos para conflictos y delitos "políticos". Esta palabra, como tantas otras, se presta a interpretaciones sensatas o amañadas. Pero, por si las moscas, las AUC se dieron a subrayar su carácter "político" hasta el punto de exigir que "cualquier negociación se ocupe de los siguientes puntos: reforma política, modelo de desarrollo, reforma agraria, reforma urbana, política energética, ordenamiento territorial, medio ambiente, reforma judicial, Fuerzas Armadas, narcotráfico, relaciones internacionales, DIH y derechos humanos" (página web de las AUC).

El tercer paso fue la iniciativa presidencial de excarcelar a los delincuentes "cuando estén de por medio los intereses de la paz". Sería el precio amargo que debemos pagar, una forma de impunidad inevitable si se quiere que los alzados en armas se entreguen de manera voluntaria.

El cuarto paso fue el acuerdo de Santa Fe de Ralito, que en efecto prescinde de reformas "políticas" y va directo a la desmovilización de las autodefensas. Según el Consejero de Paz, la nueva fórmula sería condenar -y luego excarcelar- a los miembros de las AUC por "sedición", que es un delito político.

Cada paso de esta historia tiene su pata coja. Primer paso: un Estado no puede negociar sino con insurgentes "políticos" porque pactar con delincuentes comunes es dejar de ser Estado. Segundo paso: si las autodefensas exigen tantas reformas como las guerrillas, no serían autodefensas sino guerrillas. Tercer paso: ni la justicia sin cárcel es justicia, ni la actual Constitución permite el indulto por delitos atroces o comunes (artículos 150 y 201). Cuarto paso: "sedición" es el delito en que incurren los coroneles que traman golpes de Estado, no los campesinos que andan matando a otros campesinos (artículo 126 del Código Penal).

Pero esas piruetas -u otras parecidas y hasta peores- son parte inevitable de un proceso de paz. Si de verdad queremos que Castaño o Mancuso (o 'Jojoy' o 'Gabino') abandonen las armas por las buenas, no hay más remedio que ceder en la ficción de un Estado soberano (primer paso) o en el cuento de que esta guerra es "política" (segundo paso) o en el castigo proporcional al crimen (tercer paso) o en el alcance verdadero de las leyes (cuarto paso).

Los señores pragmáticos, que están tan a la moda, incluso se impacientan cuando alguien trae a cuento semejantes boberías. No es cuestión de teorías o principios, dicen ellos, es cuestión de poder y resultados. Pues digamos que tienen razón y atengámonos a poder y a resultados.

Poder el de Estados Unidos, que también en este caso gana por punta y punta. Gana porque las AUC se comprometen a desmantelar sus redes de narcotráfico (punto 7 del Acuerdo). Y gana porque mantiene el pedido de extradición sobre Castaño y Mancuso -sólo que ahora le quedaría más fácil echarles mano-.

En cambio el nuestro, como sabemos, es un Estado débil y envainado. Por eso tiene que ceder en su soberanía, en sus leyes y aún en el concepto, para otros inviolable, de que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Pero si no tenemos poder -precisamente porque no tenemos poder- el asunto viene a ser de resultados. El resultado magnífico de que 8.000 ó 10.000 compatriotas renuncien a la violencia y nos ayuden a construir país. O el resultado engañoso de que 8.000 ó 10.000 amnistiados cobren de a cinco millones para reinsertarse, y luego vuelvan a las andadas.

Mientras no haya razón para que se acabe el paramilitarismo -mientras haya guerrilla y la guerra esté encendida- ninguna persona práctica dejaría de pedir garantías.