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Opinión

  • | 2011/03/24 00:00

    Carlos Albornoz le responde a María Jimena Duzán

    El exdirector nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz Guerrero, responde a la columna 'El silencio de Albornoz', de María Jimena Duzán.

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Ante las afirmaciones hechas por la periodista María Jimena Duzán en su columna de la última edición de la revista Semana, titulada “El silencio de Albornoz”, el suscrito se permite hacer las siguientes precisiones:
 
Primero: Da cuenta la periodista de manera maliciosa sobre mi amistad con el doctor Camilo Bula Galeano. Al doctor Bula lo conocí con posterioridad a mi posesión como director nacional de Estupefacientes ocurrida en el mes de septiembre de 2006. A finales de ese año, y con motivo del acuerdo suscrito entre el gobierno de los Estados Unidos y los hermanos Rodríguez Orejuela, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la DNE en la que estuvieron presentes representantes de la Embajada Americana, los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación Sara Magnolia Salazar y Camilo Bula Galeano, dos de los hijos de los señores Rodríguez Orejuela y algunos funcionarios de la Dirección de Estupefacientes. En esa reunión, que tenía como propósito materializar la entrega de bienes por parte de la familia Rodríguez Orejuela al Estado colombiano, conocí al doctor Bula, que para la fecha se desempeñaba como jefe de la Unidad Antimafia de la Fiscalía General de la Nación (UNAIM). De allí en adelante tuve con él algunos encuentros en mi oficina, en razón a que el doctor Bula solía acompañar al fiscal general de la Nación doctor Mario Iguarán a las reuniones del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Segundo: En el mes de febrero de 2007 el doctor Bula se retira de la Fiscalía General de la Nación y se inscribe en el registro de aspirantes para ocupar el cargo de depositario de bienes a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes. El Comité de Selección de Depositarios de la entidad estudia su hoja de vida y en el mes de junio lo designa como depositario de la empresa PROMOCOM, no sin antes comprobar mediante certificación expedida por todos los organismos de seguridad del Estado (DAS, INTERPOL DIJIN, Fiscalía, Policía Antinarcóticos) que el doctor Bula carecía de antecedentes que pudieran inhabilitarlo para ejercer el cargo. Siete meses después, en enero de 2008, con motivo de la decisión de la Fiscalía de extinguir el derecho de dominio de la familia Nasser Arana sobre el universo de sus bienes, procedo a nombrarlo como liquidador de esa sociedad. ¿Puede resultar sospechosa la designación de una persona que se había desempeñado como secretario privado del ministro del Interior y la Justicia Fernando Londoño Hoyos, que después había sido designada en el equipo de asesores del ministro Sabas Pretel de la Vega, que de allí salió para ocupar nada menos que la jefatura de una de las oficinas más importantes de la Fiscalía General de la Nación como es la UNAIM, y que además se encontraba debidamente inscrito en el listado de liquidadores de la Superintendencia de Sociedades?

Tercero: Durante mi administración y la de mi sucesor, el doctor Figueroa, se realizaron las Asambleas ordinarias de PROMOCOM ordenadas por la ley con presencia del revisor fiscal, máxima autoridad en la revisión de los estados contables y financieros, además de visitas de inspección y auditaje a la gestión del liquidador, respetando su autonomía e independencia consagrada en la ley. Los supuestos hallazgos encontrados por la fuente informativa de la señora Duzán están en manos de los entes de control, que deberán estudiarlos a la luz de las disposiciones legales que establecen los deberes y derechos de los liquidadores sociales y que los hacen responsables de sus actuaciones. Estoy seguro que él sabrá dar las explicaciones que le corresponden.

Cuarto: Pretende la señora Duzán minimizar una exitosa realización de mi administración, como fue la de lograr un récord de ventas sin antecedentes en la entidad. En efecto, cuando asumí el cargo, el total de las ventas de bienes incautados a la mafia y posteriormente extinguidos por fallos de la justicia, no alcanzaba la suma de 2.000 millones de pesos. Durante mi gestión, en solo tres años, esa cifra llegó cerca a los 300.000 millones de pesos, gracias a que mediante concurso público se escogieron 12 firmas inmobiliarias de reconocida tradición y experiencia en el país, las cuales bajo su responsabilidad contrataron los avalúos y realizaron las ventas. La actual administración decidió asumir directamente el proceso de ventas, con tan mala fortuna, que su ejercicio resultó un inmenso fracaso, como el mismo director lo reconoció ante un medio de comunicación.

Quinto: Tampoco es cierto, como lo afirma la columnista, que las liquidaciones de sociedades a cargo de la DNE se hayan realizado en el pasado a través de personas jurídicas. No existe en los archivos de la DNE ninguna constancia de que alguna sociedad hubiera sido liquidada por persona jurídica.

Carlos Albornoz Guerrero
Exdirector nacional de Estupefacientes
Bogotá, 21 de marzo de 2011

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