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Opinión

  • | 2015/02/18 18:10

    Los retos de paz y el periodo posacuerdos

    La historia de Colombia nos ha demostrado la relativa facilidad para la emergencia de actores violentos de orden político o de criminalidad organizada.

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En las últimas semanas, aún con los importantes pasos dados en las negociaciones de La Habana y la negociación de los tres puntos de la agenda, se han delineado pasos muy significativos para la irreversibilidad del proceso y la firma definitiva de los acuerdos. No obstante, sin duda quedan aún por negociar varios puntos, tal vez los más difíciles del proceso.

La celeridad con que se desenlazó el caso del General Alzate, el cese unilateral de hostilidades por parte de las FARC, la entrega del informe por parte de la Comisión de las Causas de la Violencia, las propuestas sobre la posibilidad de un pacto nacional por la paz, la decisión de las FARC de no reclutar menores de 17 años y la propuesta de César Gaviria, puesta sobre la mesa por otras tantas personas sobre la necesidad de una justicia transicional para todos los actores del conflicto, permiten análisis objetivos sobre la irreversibilidad del proceso.

En otros artículos, aún en momentos cuando las condiciones para un proceso de paz con las FARC y el ELN no eran posibles por el imaginario colectivo creado por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez -según el cual la salida a la violencia política era el exterminio de dichos grupos- me planteaba la hipótesis que la única forma de erradicar la violencia política sistémica, operada desde el mismo nacimiento de la República con las luchas de independencia, consiste en la ruptura del denominado paradigma del sistema frente nacionalista. Muchos analistas, historiadores y politólogos señalan que el Frente Nacional dejó sus huellas al terminar la alternancia del poder por parte de los partidos liberal y conservador, pero yo me inclino por afirmar que aún nos encontramos en la esencia del legado de ese modelo político.

El Frente Nacional consistió básicamente en crear las condiciones para un modelo político, social y económico excluyente, que generara la estabilidad para la gobernabilidad del país sobre la base de la hegemonía de dos partidos políticos, y para ello era necesaria la alternancia del poder por un determinado número de años y reglas estables para el juego político basado en elecciones y mayorías que garantizaran el dominio del poder por parte de estos dos partidos.

En síntesis era una nueva fórmula, repetición de otras tantas figuras similares del pasado, fruto de la terminación de las guerras civiles. En realidad no fue la falta de un tercer partido “socialdemócrata” una de las tantas causas de la violencia actual; ha sido la imposibilidad de que nuevas fuerzas políticas de manera real y efectiva puedan tener acceso al poder del Estado.

La Constitución de 1991 de manera formal y legal abrió la puerta para esa apertura democrática, pero la realidad en este aspecto, como en tantos otros, se ha ido postergando. La realidad política, la cultura política y el modelo excluyente operado desde diferentes formas, incluida la violencia y el exterminio, han negado tal posibilidad. Esta afirmación no sólo es aplicable a la denominada izquierda colombiana: cinco ex presidentes han intentado crear partidos históricos diferentes al liberal-conservador durante toda la vida de la República y han muerto en el intento.

El primer paso para el cierre de la violencia política sistémica del Estado colombiano, aún con la conciencia de que en el post acuerdo con las FARC y deseablemente con el ELN y el reducto del EPL de Megateo la violencia puede ser mayor a la experimentada en el propio conflicto, consiste en la estructuración de una justicia transicional que cobije a todos los actores del conflicto (guerrilleros, militares, funcionarios públicos, empresarios –incluidas las trasnacionales–, ganaderos, terratenientes, entre otros).

La historia política de Colombia nos ha demostrado hasta la saciedad la relativa facilidad para la emergencia de actores violentos de orden político o de criminalidad organizada que reclaman tal estatus: las últimas experiencias con los paramilitares y las denominadas BACRIM son más que aleccionadoras. El diseño de este modelo de justicia transicional tiene aparejado importantes retos por los estrictos estándares internacionales de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, con la proscripción de las amnistías e indultos.

Si se trata de eliminar el sistema excluyente bipartidista –frente nacionalista– como modelo político, social y económico, y en lo formal y real dar pasos para un modelo político incluyente, es necesario un proceso de paz en el que todos los sectores políticos y de poder sean incluidos. Dejar un actor fuera de ese propósito es la incubación de una nueva forma de violencia sistémica.

Nuestra historia republicana da cuenta de varios ejemplos aleccionadores al respecto. El nuevo modelo de inclusión de los diversos actores implica barajar un marco normativo estable y duradero, con garantías reales para la construcción de nuevas fuerzas políticas y una seguridad política individual y colectiva, incluidas la creación de las denominadas normas pétreas, como la muy ingeniosa figura de la alternancia en el poder.

El nuevo modelo debe prever la inclusión y fortalecimiento de diversas fuerzas sociales a las cuales se les ha negado histórica y sistemáticamente sus derechos, entre ellos los indígenas, campesinos y trabajadores a través del inalienable derecho a incidir en el desarrollo. Llamamientos como el que hicieron recientemente los indígenas del Cauca, reclamando sus tierras ancestrales, o las reclamaciones de los campesinos, es el preludio de lo que puede ser el futuro posacuerdos.

En mi sentir, la única forma para lograr lo que podría sintetizarse en un acuerdo para la construcción de un nuevo proyecto de Estado y de sociedad común es una Asamblea Nacional Constituyente limitad. Son los actores de poder real los que pueden moldear un proyecto de tal naturaleza. Negar la refrendación de los acuerdos al pueblo colombiano constituiría una frustración que elimina una mirada de memoria histórica y de las lecciones del pasado, y que traerá riesgos y costos avaluados en violencia sistémica.

Esa Asamblea deberá acometer diversas transformaciones, algunas de ellas radicales y aún postergadas como el ordenamiento territorial, el estatuto de oposición, garantías y favorabilidad política para nuevas fuerzas políticas, la seguridad individual y colectiva que responda a la protección y garantía de los derechos y no exclusivamente en la seguridad del Estado; el control real y efectivo del poder civil sobre las fuerzas armadas, la reforma a la justicia, incluida la justicia ordinaria y transicional, entre otras reformas.

Las reformas de las fuerzas militares y de policía para las nuevas realidades del posacuerdo y para el control real y efectivo por parte del poder civil, es una necesidad inevitable a mediano y largo plazo. Esto implicará el recorte y ampliación de facultades y competencias de las que tienen en el momento actual, la disminución y ampliación del tamaño de las mismas acorde con las necesidades misionales, la posibilidad del fortalecimiento de nuevas áreas, el recorte presupuestal, entre otras reformas.

Tal vez la más polémica puede ser la inclusión de guerrilleros dentro de las fuerzas armadas y de policía, para lo cual habrá que hacer una discusión reposada, racional y sin fanatismos. En nuestra propia historia republicana existen varios ejemplos de reclutamiento de los “enemigos” acabado el conflicto a través de diversos mecanismos, incluido el reclutamiento forzado. Habrá también que discutir la experiencia de otros países en el hemisferio y fuera de él en este aspecto.

Es un aliciente importante el anuncio de las FARC sobre el no reclutamiento de menores de 17 años. Tal vez haya que darle una mirada más allá del cinismo de las FARC, ya que eventualmente estaríamos ante la decisión de este grupo insurgente de prepararse para la concentración de sus fuerzas para el proceso de desmovilización y reintegración. La comandancia de las FARC y sus negociadores deben ser conscientes del riesgo político y legal de tener en sus filas menores de quince años por el peso de la justicia internacional y la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).

Lo anterior lleva a que el diseño de un marco de justicia transicional debe tener la seguridad jurídica frente a los organismos y estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el Sistema Interamericano y la CPI. Será necesaria la construcción de agendas con dichos organismos y la posibilidad de invocar la activación de la denominada “complementariedad positiva de la Corte Penal Internacional”, tema que merece ser desarrollado en artículo aparte.

Finalmente, deseo hacer unas reflexiones sobre el cese bilateral de las hostilidades. Como lo he anotado en otros artículos, los procesos de paz, particularmente el desarrollado en el Caguán, no representaron un fortalecimiento político, militar, social y territorial a las FARC. Por el contrario condujieron junto con otras variables al debilitamiento de la organización y la entrada de lo que algunos analistas han denominado como la “derrota estratégica de la organización”.

El cese bilateral de las hostilidades puede contribuir a la reducción aún más de la violencia, la concentración de las fuerzas de las FARC para el proceso de desmovilización y reincorporación, y el uso o implantación de más minas antipersonales en el territorio nacional, como arma estratégica de dicha organización en la conducción de las hostilidades.

*Consultor independiente de derechos humanos
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