El sol no se tapa con un dedo

Llegar a una crisis humanitaria como la que atraviesa actualmente la población Wayúu no es algo que sucede de un día para otro, se requieren años de olvido y de abandono estatal. ¿Dónde estaba el Estado cuando empezaron los primeros signos de desnutrición en la población infantil? ¿Dónde estaba el Estado cuando los niños empezaron a morir por desnutrición y causas asociadas? ¿Dónde estaba el Estado cuando los niños empezaron a pasar el día sólo con un vaso de chicha como único alimento? ¿Dónde estaba el Estado mientras los recursos destinados para la atención de la niñez y adolescencia Wayúu iban a parar a otra parte? ¿Dónde estaba el Estado mientras privaban a la población de su río Ranchería, el caudal hídrico más grande de la región? 

Hoy por hoy, los daños ocasionados por el abandono son irreversibles para los sobrevivientes a esta crisis y son irreparables para quienes han visto morir a sus seres queridos por causas totalmente evitables. Tener que enterrar durante años a bebés, niños y adolescentes que mueren como consecuencia de la desnutrición parece más una situación que hace parte de un cuento de terror que el realismo trágico de un departamento con inversión pública y regalías multimillonarias; sin embargo, la explicación oficial reiterativa a esta situación no deja de atribuirse a la sequía, por no mencionar la responsabilidad que el Gobierno pretende achacar a las mismas comunidades, sin tener en cuenta que frente a la desidia del Estado, fueron éstas quienes tuvieron que acudir a la CIDH en busca de la protección de sus derechos.    

Y es que resulta totalmente reprochable que una instancia internacional tenga que requerir a un Estado como el colombiano que se autodenomina “social de derecho” para que preserve la vida y la integridad personal de sus menores y, aun así, sigan falleciendo niños y adolescentes por la misma causa evitable: la desnutrición.   

La crisis de los Wayúu es tan impactante que se convirtió en un foco de ayuda humanitaria en la que se recaudan mercados, se realizan viajes de agua, brigadas voluntarias de salud, recepción de donaciones en los centros comerciales, en los supermercados, es decir, un sinnúmero de acciones encaminadas a mitigar las dificultades, pero, se nos olvida que se trata de una etnia a cuyos miembros el Estado, a través de la Constitución Política, les debe  garantizar el derecho a la vida, a la dignidad humana, a la salud, al buen nombre… todo eso que ellos hoy desconocen y que produce tanta desdicha. Se ha tenido toda la infraestructura y los recursos para atender a esta población; la crisis padecida no es producto de un desastre natural que dejó a un pueblo sumido en la miseria, es la consecuencia de un abandono cuyo único responsable es el Estado, a quien hoy debemos exigirle el cumplimiento de la garantía y protección de derechos que le corresponde con esta población.

La decisión histórica de la CIDH que protegió los derechos de la comunidad Wayúu, es una oportunidad para que el Estado se reivindique, garantice y proteja sus derechos como le corresponde. Justificar la crisis humanitaria no apacigua una responsabilidad evidente; el sol no se tapa con un dedo y menos en La Guajira. Ahora se requieren acciones, una intervención contundente más allá de informes, cifras, fotos y noticias supuestamente alentadoras que disienten de la realidad que se vive en las rancherías donde aún no hay una gota de agua, no hay alimentos, no hay acceso al sistema de salud, no hay dignidad humana y en esas condiciones, continúa la vulneración de derechos de forma sistemática y permanente, como si a Colombia le hubiera quedado grande su propia Constitución Política.

Así, el pueblo Wayúu continúa en una situación de gravedad y urgencia, puesto que la vida e integridad personal de sus integrantes sigue en un permanente riesgo que semana a semana se viene concretando con la muerte de menores, por lo que no es propiamente la oportunidad para que el Gobierno solicite una revocatoria de las medidas cautelares dispuestas por la instancia internacional; por el contrario, es necesario no sólo que éstas se mantengan, sino que se cumplan a favor de la población beneficiaria en su totalidad.

Ahora, para el Estado la protección de la niñez y adolescencia a nivel local e internacional resulta una obligación ineludible como parte de los mínimos esperados en un momento histórico donde se habla tanto de paz, que se espera, no como un acto de mera formalidad, sino como una sensación real; y es que, parece tan contradictorio e irónico afirmar que nos estamos acercando a la tan anhelada paz en un país donde los padres entierran a sus hijos desnutridos por falta de agua, alimentos y acceso al sistema de salud… justamente en una región donde está ubicada una de las minas de carbón a cielo abierto más grande del mundo. ¡Qué paradoja!

Se necesitan evidencias reales y definitivas de atención, no soluciones transitorias; que exista correspondencia entre las cifras invertidas, los informes, las fotos, los lemas bonitos que muestra el Gobierno y la situación verdadera de la población Wayúu, que llegue el momento en que las comunidades indígenas gocen de sus derechos como corresponde y que puedan pasar del asistencialismo en el que han quedado sumidos a la reclamada autosostenibilidad; pero para lograrlo se requiere un compromiso auténtico, no el afán de mostrar gestión a una instancia internacional atendiendo un requerimiento, sino porque existe un interés en la garantía de derechos de cara a las obligaciones adquiridas en estándares normativos locales e internacionales de los que el Estado Colombiano es parte.

Demos el paso de lo políticamente correcto a lo constitucionalmente mandado.

Por último, quiero recordar la frase del ex Relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, “Un niño que muere de hambre hoy, muere asesinado.”

*Abogada, representante judicial de la comunidad Wayúu ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.