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Opinión

  • | 2016/07/25 15:20

    Le salieron a deber los wayúu al estado

    Para nadie es un secreto que la grave crisis humanitaria los Wayúu ha causado miles de muertes, y es el resultado de un Estado que se proclama de Derecho.

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No en vano la Defensoría del Pueblo en el año 2014 realizó un informe que denominó “Crisis Humanitaria en La Guajira”, en el que estableció que la desnutrición en la niñez, para ese entonces, había llegado a la vergonzosa cifra de 37.000 casos.

Este informe destacó que los niños indígenas estaban muriendo por causas totalmente evitables, que los índices de mortalidad materna ocupaban el deshonroso primer lugar del país y además de un grave problema de atención en salud.

El informe evidenció abandono social, falta de agua potable, hambre, inseguridad alimentaria, condiciones higiénicas sanitarias deplorables y falta de saneamiento básico, por lo que exhortó a las autoridades competentes para que en un plazo razonable adoptaran todas las medidas necesarias para superar ese “estado de cosas”, es decir una situación que se caracteriza por una vulneración permanente y sistemática de varios derechos constitucionales que afecta a una colectividad por las prolongadas omisiones de autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones  y que requiere una intervención urgente para ser superada.

Dos años después, el “plazo razonable” no se ha cumplido, incluso existiendo una decisión de medidas cautelares que concedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2015 en favor del Pueblo Wayúu y a través de la cual requirió al Estado Colombiano para que protegiera la vida y la integridad personal de la niñez y la adolescencia, garantizando sus derechos al agua, a la alimentación y a la salud; hoy las medidas cautelares están vigentes, a pesar de que el Gobierno solicitó que fueran revocadas.

De otro lado, la Procuraduría General de la Nación, mediante un informe socializado el mes pasado que denominó “Pueblo Wayúu con hambre de dignidad, sed de justicia y otras necesidades insatisfechas”, hizo un fuerte llamado al Estado para proteger la vida de todos los integrantes de la comunidad indígena afectados por la desnutrición y la falta de agua potable, con la ejecución de acciones permanentes y medibles que generen confianza en una región abandonada por el Estado y el gobierno de turno.

Por su parte, con el fin de hacer un seguimiento a lo ordenado por la CIDH, en el sentido de proteger la vida e integridad personal de los menores de la etnia, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha realizado en este año visitas al territorio indígena con un equipo interdisciplinario que ha prestado atención médica a los beneficiarios de las medidas, pudiendo determinar la disposición para ser atendidos, el grave abandono estatal y sus consecuencias en la niñez Wayúu, haciendo de esta manera un nuevo llamado al Gobierno para que cumpla con lo ordenado por la instancia internacional.

Muy a pesar de los distintos requerimientos realizados en busca de la protección de los derechos de la comunidad indígena, en lo corrido de este año han muerto más de 40 niños Wayúu por causas asociadas a la desnutrición; situación que habla por sí sola y pone en evidencia las cortas acciones del Gobierno.

Que todos estos actores reconozcan que la grave crisis de los Wayúu es la consecuencia de un abandono estatal permanente y sistemático, no es una coincidencia, es la evidente realidad frente a la cual al Gobierno no le queda otra alternativa que actuar antes que intentar ocultarla o justificarla. Se trata de un compromiso con una Comunidad indígena con quien tiene una deuda enorme, pero también con el país, que reclama a través de distintos medios su protección y que ha hecho visible la problemática en el mundo entero a través de movimientos, redes sociales e innumerables notas de prensa que han cubierto medios de comunicación locales e internacionales.

Los periodistas y otros tantos interesados que se han desplazado a La Guajira a visitar las rancherías para documentar sus distintas investigaciones, han puesto de presente que la situación era peor de lo que se imaginaban, que en efecto los Wayúu que sobreviven a la crisis lo hacen casi por gracia divina en una región particularmente seca, en la que las aguas del caudal hídrico más grande se encuentran injustificadamente represadas sin que la población pueda tener acceso a ella, donde los niños pasan el día entero con un vaso de chicha como único alimento y donde para recibir atención médica, como una mera expectativa, deben desplazarse horas para llegar al centro médico más cercano.

Ahora bien, como lo ha dicho el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, “La muerte de un solo niño por hambre o desnutrición es una vergüenza para nuestro país. No se puede morir un solo niño por desnutrición ni en La Guajira ni en ninguna parte del país”; muy dicientes sus palabras y el país entero espera, sin más pretextos, que se hagan realidad y que no sigan muriendo niños por hambre y sed.

Por supuesto, la intervención requerida teniendo en cuenta el tipo de población debe ser caracterizada por un enfoque diferencial que respete el idioma, la cultura y las costumbres de la etnia; sobre todo en una comunidad que por obvias razones desconoce y desconfía de un Estado que los ha olvidado y ha permitido paulatinamente que lleguen a la crisis humanitaria que hoy los tiene a punto del exterminio.

Sin embargo, y a pesar de ser los mismos Wayúu quienes han buscado la intervención judicial ante instancias locales e internacionales en aras de proteger la vida de sus niños, con éxito en cuanto a la respuesta de los jueces, más no en la ejecución de acciones por parte del Gobierno, han resultado ser señalados como culpables de su infortunada situación, atribuyéndoles prácticamente las muertes de sus hijos, generalizando situaciones particulares y amenazándolos con ser demandados por funcionarios que evidentemente desconocen el enfoque diferencial en su atención y que ni siquiera se pueden comunicar con ellos en su idioma. Se percibe un gran afán por evadir responsabilidades e intentar justificar la negligencia estatal con señalamientos injustos y desproporcionados.

Así las cosas, ¿será posible a estas alturas que el Estado pretenda convencernos de que los Wayúu son responsables de las consecuencias de su abandono?


*Abogada, representante judicial de la comunidad Wayúu ante Tribunales nacionales e internacionales.

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