Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2015/09/01 17:20

Transición judicial

La transición que vive la rama judicial requiere toda la atención, pues la justicia es muy importante para dejarla a la deriva.

Carolina Villadiego Burbano. Foto: Archivo Particular

La justicia está en transición. Después del vendaval que generó la discusión legislativa de la reforma de equilibrio de poderes, poco se escucha de los detalles e implicaciones que tiene su implementación. Y es que la reforma generó un nuevo sistema de gobierno y administración judicial, cuya regulación se dejó a una ley estatutaria que entraría en vigencia a finales de 2016. Pero mientras tanto, ¿quién gobierna y administra la justicia? La respuesta: un régimen de transición al que hay que prestarle mucha atención.

Primero, no se debe olvidar que es la justicia (con todos los abogados que la componen) la encargada de interpretar su propia transición. Y esto puede generar una incertidumbre propia de interpretaciones jurídicas diversas. Ya la semana pasada se interrumpió la elección de los representantes de empleados y jueces/magistrados al primer Consejo de Gobierno Judicial, porque el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de uno de los requisitos de inscripción establecidos por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Pero además, la Corte Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de suspender provisionalmente la reforma, y aunque esta sería una decisión sin precedentes, podría ocurrir. Entonces, las demandas e interpretaciones jurídicas diversas, pueden poner en jaque la transición de la justicia.

Segundo, la conformación del primer Consejo de Gobierno Judicial es crucial para la reforma, pues es quien asume transitoriamente algunas funciones de la Sala Administrativa, (por ejemplo, aprobar los planes de inversión de la Rama). Por eso, su composición es fundamental. Y por ello, debería generarnos gran inquietud que entre julio y agosto ya se haya demandado el acto que regula la elección de los representantes de jueces/magistrados, definido requisitos para ser elegido que no fueron discutidos abiertamente, y suspendido la elección por orden del Consejo de Estado. Además, debería generarnos intranquilidad, que en este proceso novedoso de elección de representantes de jueces/magistrados, algunos candidatos hayan usado mensajes similares a los de las campañas políticas para hacerse elegir (anuncios en periódicos), entre otros.

Así mismo, hay que prestarle atención a la elección de los tres miembros permanentes del Consejo. Esa elección requiere seguimiento por dos motivos. En primer lugar, porque es fundamental que dichos miembros sean profesionales con conocimiento y experiencia en políticas públicas, gerencia y administración, ya que acompañan a cinco abogados, (que además son jueces), en decisiones cruciales de planificación de la  justicia. En segundo lugar, porque la elección debe cumplir los criterios constitucionales: convocatoria pública, mérito, participación ciudadana, transparencia y equidad de género.

La transición judicial debe estar en el centro de atención de la ciudadanía. Está en juego el día a día de miles de usuarios de la administración de justicia y de los miles de funcionarios de la rama judicial, por lo cual, no puede haber inseguridad jurídica respecto de cómo funciona la transición misma. La justicia es demasiado importante como para dejarla a la deriva.

*Investigadora, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia.

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