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Opinión

  • | 2017/04/17 17:26

    De La Espriella le responde a Joaquín Robles

    Por medio de una carta enviada a la revista SEMANA el abogado hace algunas reflexiones sobre los dos escritos que el columnista de Semana.com ha hecho sobre él.

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Me valgo de este espacio para compartir una serie de reflexiones frente a las majaderías escritas por un desconocido que ha sido beneficiado con un espacio en la sección de opinión de la edición digital.

Sea lo primero poner de presente que este intercambio de mensajes me ha servido para recordar mis años de estudiante universitario, en los que con devoción devoraba los textos que recogían los principios sobre los que se fundamentó la lógica aristotélica. A través de su lectura, confirmé lo insulso que resulta descalificar al interlocutor apelando a argumentos ad-hominem, los cuales, generalmente, ponen en evidencia el nivel de incultura y la corta imaginación de quien los utiliza.

Los abogados litigantes, por ejemplo, somos receptores permanentes de descalificaciones amparadas en falacias ad-hominem, sobre todo cuando se nos confunde con los clientes a quienes defendemos. Parece que es muy sencillo comprender que nada tienen que ver los abogados con sus prohijados, más allá del vínculo profesional y circunstancial que los une; pero no lo es.

Cuando un penalista defiende, por ejemplo, al ladrón de un banco, ello no significa que el abogado esté de acuerdo con el gremio de asaltantes bancarios ni que considere legítimo violentar las bóvedas en las que reposan los dineros de las personas que depositaron su confianza en la vulnerada entidad financiera.

Debo revelarle que, con algo de frustración, he descubierto que el “opinador” de marras no quiere o, lo que es aún más angustiante, no puede entender algo que, al margen de su simpleza, resulta fundamental para una persona que pretenda posar de escritor público.

Otro asunto que entiendo no sea de fácil comprensión, ya que demanda un poco más de rigor mental, tiene que ver con la configuración de los tipos penales. En una misma actuación, una persona puede injuriar y calumniar a un tercero. Voy a valerme de un ejemplo: hay palabras que, al margen de ser castizas, ofenden, hieren y laceran. Son vocablos que se usan con el único propósito de humillar, por razones de credo, inclinación sexual, raza o militancia política.

Le citaré un ejemplo muy en uso hoy en día y por el que algunas sociedades –enhorabuena- imponen castigos severos. La descalificación de una persona por el color de su piel. Al gritarle a un afrodescendiente “negro degenerado violador de niñas”, en ese caso podrían, en una sola frase, estar cometiéndose dos delitos. La injuria, porque se le está ofendiendo con el uso peyorativo del color de su piel, adicionándole el vocablo “degenerado”, dando a entender que, por motivos de raza y cierto desvío en la conducta, se trata de una persona inferior. Pero concomitantemente surge una evidente calumnia, porque a la persona se le está endilgando la comisión de una conducta típica: la de acceder carnalmente y de manera violenta a menores de edad.

Resulta muy común que quien calumnia a la vez injuria, y viceversa. Por eso, cuando alguien es víctima de esos delitos, interpone sendas denuncias ante la autoridad judicial competente. No en vano existe en nuestro ordenamiento legal la figura jurídica del concurso delictual.

Tampoco espero que el columnista entienda la diferencia entre ética y derecho. En el mundo antiguo, los juicios y procedimientos penales se fundamentaban en lo que consideraba adecuado o correcto el juzgador. ¿Se imagina usted a un cristiano procesado por un musulmán que antepone sus creencias y su moral a la ley positiva que está consignada en los códigos? Un verdadero desastre y una injusticia que no consulta la ritualidad que diferencia a un linchamiento de una causa justa. Sin duda, haber separado el Derecho de la moral es una de las grandes conquistas de la humanidad. No todo lo que es inmoral es ilegal, y viceversa: que una actuación sea antiética no implica necesariamente que sea penalmente relevante. Y agrego: quien viola la ley no es un inmoral; es un delincuente.

Entiendo, además, que la persona que me ataca, abusando del espacio que Semana.com generosamente le ha entregado, lo haga para buscar notoriedad, ante los lánguidos y menesterosos índices de lectura de sus escritos. De gente buscando llamar la atención de cualquier modo está lleno el mundo, sobre todo aquellas personas que son rehenes de sus complejos, odios, resentimientos y frustraciones.

Finalmente, quiero hacer un par de comentarios sobre un proceso que actualmente estoy llevando. Como usted bien sabe, no es mi costumbre abusar de los espacios públicos para hablar sobre los casos en los que tengo representación jurídica, pero las circunstancias me obligan a hacerlo.

Como todo el país conoce, soy el defensor del doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El columnista en cuestión, cayendo en la trampa de confundir al abogado con su cliente, pretende descalificarme por la causa que llevo, pero, además, lo hace mintiendo de manera alevosa.

Dice el sujeto que yo soy “el abogado que defiende al magistrado de las coimas”. La desafortunada y mediocre afirmación me sirve para repetir, una vez más, que no existe prueba de que el doctor Pretelt haya solicitado o recibido soborno alguno. Ni siquiera obra en el expediente una referencia tangencial que indique que dicho delito pudo haberse cometido.

En estos próximos días, que empieza el proceso en la honorable Corte Suprema de Justicia, tendré la oportunidad de desnudar ante el país la magnitud del montaje, burdo por demás, que se erigió en contra del doctor Pretelt. Muchos serán los sorprendidos, y le aseguro que más de uno en Colombia -incluido el columnista que ha generado este agradable cruce de opiniones- quedará pálido.

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