Carta a la Unión Europea

Ha circulado un documento de la Coordinadora Alemana de Organizaciones de Derechos Humanos que actúan en Colombia, el cual recoge firmas de ONGs y organizaciones sociales solicitando a la Unión Europea y a sus Estados miembros que, en reunión programada para el mes de septiembre, nieguen el apoyo político y económico a los procesos de desmovilización de grupos paramilitares que se está dando en Colombia porque la Ley de Justicia y Paz no garantiza los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación y el proceso obstruye el camino al esclarecimiento de los crímenes; no garantiza el efectivo desmantelamiento de las estructuras paramilitares sino que contribuye a que se reciclen; no revierte los desplazamientos forzados de tres millones de personas mientras los desmovilizados recibirán beneficios económicos cuarenta veces mayores que los destinados a los desplazados. La carta hace dos propuestas:

1. Solicitar a la UE y a sus Estados miembros que exijan al gobierno colombiano que garantice un efectivo desmantelamiento de las estructuras paramilitares y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación... que haga valer toda su influencia para evitar que queden impunes graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

2. No apoyar el actual proceso mediante monitoreo del mismo o proyectos de cooperación para no aplazar la búsqueda de la verdad, ni legitimar la impunidad. La desmovilización debe orientarse hacia el total desmantelamiento de las estructuras paramilitares y debe formar parte de una estrategia de paz integral, que contemple la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Un asunto que debe clarificarse en primer lugar es el alcance de la Ley. Comandantes visibles de las AUC han decidido abandonar las armas para someterse a un marco de justicia transicional que les otorga muy amplios privilegios en términos de rebaja de penas y demandas mínimas de verdad y de reparación. Es a ellos, aproximadamente el 2% del número excombatientes desmovilizados, a quienes se aplicará la Ley de Justicia y Paz.

En este campo compartimos la solicitud a la UE y a sus Estados miembros para que "haga valer toda su influencia para evitar que queden impunes graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra". Para lograrlo, consideramos que un monitoreo de la Unión Europea a la aplicación de la Ley contribuiría a evitar o reducir la impunidad y presionaría para que los derechos de las víctimas sean garantizados.

A cambio de las concesiones que ofrece el Estado colombiano, los líderes del paramilitarismo han desmovilizado cerca de 9.000 combatientes y se espera que desmonten su estructura paramilitar. Esta cifra se incrementará en más de un 50% en lo que resta del presente año. Algunos resultados de estas desmovilizaciones pueden constatarse ya en la reducción notoria del número de masacres y de homicidios fuera de combate en las zonas donde han ocurrido.

El texto mencionado desconoce una dimensión social muy importante y presente en este proceso. La gran mayoría de estos excombatientes son jóvenes con bajo nivel de escolaridad, formación ciudadana y habilitación laboral, que buscan en diferentes ejércitos una posibilidad de ingresos y encuentran en las armas un modo de vida, una posibilidad de reconocimiento y una forma de resarcirse de la exclusión. Muchos de ellos han pertenecido antes a combos o bandas barriales, a grupos guerrilleros o a la fuerza pública. Hoy han entregado las armas por orden de sus comandantes, más que por una decisión personal.

La propuesta de retirar todo apoyo al proceso es insensible a las realidades municipales y regionales. El proceso de reincorporación de estos excombatientes a sus comunidades, en donde son miembros de familia y vecinos, es ciertamente costoso; pero es urgente realizarlo para que no "se reciclen" o sean reciclados por antiguos o nuevos jefes militares ilegales, para que no amenacen las democracias locales y sigan causando víctimas y dolor a las comunidades que no logren reincorporarlos. Tendrá dificultades, pero hay que hacerlo. Puede constatarse la imposibilidad del Estado y la sociedad de atender simultáneamente a los costos de la guerra, a las demandas sociales, a las víctimas, a los desmovilizados. ¿Cómo salir de este círculo vicioso sin la ayuda internacional? No es sensato que alcaldes y gobernadores se desentiendan del proceso cuando de hecho lo tienen en frente. Al contrario, realizar un esfuerzo político, social y económico para que estos jóvenes efectivamente se desmovilicen y no vuelvan al conflicto es lo más responsable que puede hacerse.

Se estima que en el departamento de Antioquia van a residir el 50% de todos los desmovilizados de las AUC. Nos preguntamos cómo podrían los gobiernos y la sociedad civil del departamento dejar de apoyar ahora este proceso de desmovilización masiva de los excombatientes mientras se espera la superación definitiva del fenómeno del paramilitarismo?. A cambio del rechazo total a la desmovilización sugerimos un apoyo crítico del proceso que les ayude a los colombianos a consolidar lo que se ha realizado pero continuar trabajando hacia el futuro para que se supere la guerra y se encuentre la reconciliación.

Esperamos contribuir con estas ideas a su deliberación.