Viernes, 20 de enero de 2017

| 2006/04/01 00:00

Carticas marcadas

La Iglesia tiene el derecho legítimo de expresar sus opiniones sobre la posible despenalización del aborto, pero es inaceptable que use niños para inclinar la balanza de la justicia

Carticas marcadas

Treinta mil cartas de niños rechazando la despenalización del aborto fueron entregadas el jueves a la Corte Constitucional. Contienen dibujos infantiles que pintan mamás salvajes y bebés asesinados.

Algunas reclaman cadena perpetua para esas madres y para todo aquel que respalde el aborto, aun en los casos de violación, peligro para la vida de la madre o malformaciones congénitas.

Cajas repletas de esas cartas fueron llevadas al Palacio de Justicia por la señora Martha Saiz de Rueda, presidenta de la Fundación Cultura de la Vida Humana y madre de nueve hijos.

Ante los periodistas la señora Saiz presentó con orgullo los dibujos y mensajes infantiles. Según ella, son resultado espontáneo de sus autores.

Pero todo indica que no hay tal espontaneidad. Los niños fueron usados para presionar una decisión judicial. Las huellas de la manipulación están claras.

En primer lugar, la fundación de doña Martha, según sus registros legales, funciona en la misma sede del Centro Pastoral Familiar para América Latina (Cenpafal). Una institución eclesiástica presidida por el sacerdote Gilberto Gómez Botero. El padre Gómez es el coordinador de Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Bogotá.

En segundo término, esa fundación es presentada en Estados Unidos como filial de Human Life Internacional (HLI), una poderosa organización ultracatólica con sede en Front Royal, Virginia. El presidente de HLI es el sacerdote norteamericano Thomas Euteneuer, un antiguo candidato a oficial de los marines que cambió la vida militar por la religiosa. La HLI ha sido particularmente activa en la lucha contra el aborto, contra la eutanasia y contra los derechos de los homosexuales.

En el año 2003, el padre Euteneuer visitó Bogotá, se reunió con el cardenal Pedro Rubiano y cuestionó duramente la labor de Profamilia en Colombia.

Hace un mes, la columnista María Jimena Duzán reveló en El Tiempo lo que le contó una abuela de Medellín. La directora de la escuela de su nieto, sor Gladis Calderón, les pidió a los niños de primaria que escribieran cartas para el presidente de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda. Debían manifestar su rechazo a algo que los pequeños alumnos no conocían, ni entendían: el aborto.

La religiosa, en la formación de la mañana, les dio a través del micrófono su explicación abreviada: "A las mamacitas que están embarazadas les sacan los niños de la barriguita para matarlos. Hagan ligero las cartas para recogerlas".

María Jimena denunció que la campaña masiva de cartas -pretendían lograr 100.000- venía siendo promovida por la Agencia Católica de Información. Una organización con sede en Perú que se presenta a sí misma como "asociación educativa sin ánimo de lucro vinculada a la Iglesia Católica".

Ante la evidencia, la Agencia Católica cambió de tercio. Alegó que las cartas se fundamentaban en "el derecho que tienen los padres a pedir, a través de sus menores hijos, que se impida la violación del derecho a la vida".

Sin embargo, a la Corte Constitucional los mensajes infantiles no llegaron acompañados de autorización alguna de los padres. No fueron papás, sino educadores y párrocos, quienes demandaron la elaboración de las carticas.

Como si faltaran ingredientes, un sacerdote contó que la campaña, de apariencia infantil, en realidad es iniciativa de la ONG Red Futuro Colombia. De la Red Futuro es fundador Aurelio Cadavid López, miembro del Pontificio Consejo para la familia en Roma y fallido candidato conservador al Senado en las últimas elecciones.

La presidenta de Red Futuro es la abogada Ilva María Hoyos, vinculada a la Universidad de la Sabana y conocida por su cercanía con el Opus Dei.

La Iglesia Católica tiene derecho legítimo a expresar sus opiniones sobre la posible despenalización del aborto, pero es inaceptable que utilice niños de 6 y 7 años para inclinar la balanza de la justicia.

Tanto más grave cuando muchos de ellos estudian en escuelas y colegios orientados por religiosos.

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