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Opinión

  • | 2010/01/06 00:00

    Castigo a la parapolítica, responsabilidad ciudadana

    La parapolítica es un fenómeno que requiere de la garantía de no repetición. El turno para castigar a políticos que se aliaron con grupos ilegales es de la ciudadanía.

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En ciernes del 2010, cuando comienza la carrera por ganar una curul para la Cámara o el Senado me surge la siguiente pregunta: ¿cómo una persona puede llevar a cabo una campaña política si tiene en su contra una investigación por nexos con el paramilitarismo?

La mayoría de congresistas aspira a conservar su puesto, otros buscan el salto de la Cámara al Senado, incluyendo aquellos que tienen investigaciones por parapolítica. Es precisamente este último caso el que me llama la atención.

Cuando un candidato sale a hacer campaña, hecha discursos que exaltan la transparencia, la moral; esgrime argumentos contra el clientelismo, la politiquería y las malas costumbres. Discursos que serán poco convincentes si provienen de personajes investigados por sus posibles alianzas con paramilitares, con quienes desplazaron y masacraron campesinos.

Me pregunto, por ejemplo, cómo hará Teresita García, hermana de Álvaro García (el Gordo), quien aspira a ocupar la curul que éste dejó en el Senado, para darse a conocer a la sociedad como una futura congresista que defenderá la honra y la dignidad de las personas que voten por ella.

Su antecesor y hermano fue llamado a juicio por favorecer a grupos de Autodefensas en el departamento de Sucre, promover la masacre de Macayepo y poner el presupuesto del departamento a la orden de los paramilitares. Eric Morris, fórmula a la Cámara del ‘Gordo’ García, fue condenado a seis años de prisión por hacer acuerdos con las Autodefensas. Y Salvador Arana, ex gobernador del mismo departamento y quien hace parte de su grupo político, fue sentenciado a 40 años de prisión por las mismas razones, pero también fue juzgado por el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, calificado por la Corte Suprema de Justicia como un delito de lesa humanidad.

Me pregunto cómo harán para convencer los demás representantes y senadores que tienen en curso investigaciones por parapolítica. Pero tal vez, la pregunta que más me preocupa es si los ciudadanos volveremos a creerles y a votar por ellos.

La parapolítica es un fenómeno que requiere de la garantía de no repetición. No basta solo la denuncia y el estudio del suceso como hicieron varias ONG y algunos medios de comunicación. Tampoco es suficiente con la acción de la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia.

Para que no se vuelva a repetir, se requiere de la acción de los votantes, quienes tienen la última palabra a la hora de empoderar a los que manejarán el destino del país. Es necesario el voto-castigo para los parapolíticos —y para sus amigos que aspiran a reemplazarlos—, de la misma manera que se hizo con el Partido Liberal después del proceso 8.000.

El turno ahora es para la sociedad colombiana que debe actuar con firmeza frente a los políticos que fraguaron alianzas oscuras. Al presidente Álvaro Uribe Vélez se le debe pedir (en caso de que la Corte Constitucional le facilite el camino para una segunda reelección) que rechace los apoyos de los grupos políticos investigados o juzgados por relaciones con el paramilitarismo; así como varios sectores de opinión le pidieron al gobernador de Santander, Horacio Serpa, cuando fue candidato presidencial, que renunciara al apoyo del ex presidente Ernesto Samper y de toda su maquinaria.

Los electores tienen una gran responsabilidad en las próximas elecciones: impedir que los personajes que apoyaron la penetración del paramilitarismo en el Estado, las masacres y el desplazamiento de campesinos vuelvan al poder.




 *Óscar Fernando Sevillano es Investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris.


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