Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2008/04/03 00:00

Ceder al chantaje

Ceder al chantaje

Ningún golpe puede llegar a ser tan contundente contra la política de seguridad democrática como la confusa propuesta del gobierno Uribe para lograr la liberación de Ingrid Betancur. Aunque a todos nos afana conseguir la libertad de los secuestrados y horroriza la posibilidad de su muerte en la selva, no se debe olvidar que ceder al chantaje terrorista, acceder a la impunidad y desconocer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, sólo perpetuán la violencia.
Según el Alto Comisionado para la Paz, la facultad que tiene el Presidente de la República para pedir la suspensión condicional de la pena y la aplicación de pena alternativa, en caso de acuerdos humanitarios, no tiene “límite en cuanto al tipo de delito cometido, ni hay límite en cuanto a la pena o condena que estas personas deben pagar en las cárceles”. Es decir, crímenes de lesa humanidad realizados sistemáticamente: asesinato, desplazamiento forzoso, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, persecución de un grupo fundada en motivos políticos, desaparición de personas, secuestro y otros actos inhumanos cometidos por las FARC, estarían cobijados por el decreto que busca facilitar la liberación de los llamados “canjeables” por la guerrilla.
Tal cuestión, que no está clara en el decreto, desde la perspectiva de la justicia, es mucho más grave que las bajas penas de cárcel (entre 5 y 8 años) consagradas para los miembros de las AUC y puede desconocer totalmente los derechos de las víctimas. Esto plantea diversos problemas frente a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el propio estado de derecho, la política criminal y la estrategia contra el terrorismo.
Para comenzar, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de indulto ni amnistía, ni de cualquier figura jurídica que en la práctica se traduzca en impunidad. Éstos son considerados crímenes muy graves, que “amenazan la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad” y por eso, en determinados eventos, son competencia de la Corte Penal Internacional.
Al igual que no debe haber asimetría entre las víctimas del paramilitarismo y de las guerrillas, tampoco debe existir entre los victimarios. Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben observarse sin discriminación alguna. En este caso, parece abrirse una puerta para que las víctimas de la guerrilla tengan menos garantías que las de los paramilitares. Y segundo, la posición gubernamental hace una distinción irreal entre los criminales. No hay diferencia entre quienes cometen delitos, sean guerrilleros, paramilitares o integrantes de las fuerza pública. Todos deben asumir las mismas consecuencias judiciales.
Más allá de la buena voluntad que expresa el gobierno para la liberación de los secuestrados, el mensaje es fatal. Las FARC asumirán el ofrecimiento como signo de debilidad; aún más, saben que en el futuro no tendrán que negociar la impunidad, pues ya la ganaron sin sentarse en la mesa. También les ratifica la “justeza” de los acuerdos humanitarios en su estrategia, de conformidad con las conclusiones de la novena conferencia.
Los mensajes no son un asunto circunstancial. Por ejemplo, entre las razones que explican la emergencia de las Águilas Negras, la Organización Nueva Generación y las bandas de sicarios que están creando los 'Mellizos', 'Don Mario', 'Capachivo' y el 'Loco' Barrera, está que el proceso con los paramilitares transmitió que los crímenes de lesa humanidad son rentables, porque justifican una negociación con el Estado, bajas penas y evadir la extradición. Aquí se repite el error: los secuestros seguirán siendo para las FARC arma contra el Estado y una amenaza permanente a los derechos fundamentales.
Por otro lado, la declaración de Luis Carlos Restrepo mina la actitud de firmeza ciudadana contra al terrorismo, cimentada durante ésta década. El mensaje de ceder ante el chantaje fariano dice a los ciudadanos que no tiene sentido arriesgarse resistiendo al terrorismo, cuando el Estado en cualquier momento los deja solos y negocia a cualquier precio. ¿Qué pensarán los jóvenes que promovieron la marcha del 4 de febrero que, entre otras cosas, fueron declarados objetivo militar directamente por Iván Márquez y Rodrigo Granda? ¿Tiene sentido sacrificar la seguridad personal en defensa de los derechos humanos y la democracia, si el gobierno está dispuesto a entregarse a la presión guerrillera?
Hay otros efectos negativos. La impunidad que se sugiere a cambio de la libertad de menos del 5% de los secuestrados por las FARC, deja en el limbo a cerca de 700, consagrando una asimetría entre las víctimas de este delito. Segundo, el decreto además de no fijar un plazo, no exige a las FARC renunciar al secuestro. No obstante, que los guerrilleros no deberán volver a delinquir, paradójicamente, su contenido complementado con las afirmaciones del Alto Comisionado, nos acerca a la “ley de canje permanente” reclamada por “Tirofijo” en el Caguán. ¡Quién lo diría! Finalmente, el gobierno termina contribuyendo a crear el clima psicológico favorable a la negociación sin límites que busca el Secretariado, para quebrar el esfuerzo estatal en su contra, avanzar en la ejecución del plan estratégico y escalar la confrontación.
Con excepción de Naciones Unidas y de la advertencia del Fiscal General, sorprende el silencio de la oposición, la academia, los columnistas y las Ongs, sin contar con los aplausos de la Unión Europea y en particular de Francia y España. A la vez que denuncian impunidad respecto a las AUC y que algunos calificaron ese proceso de “legalización del paramilitarismo”, hacen mutis en el foro frente a la eventual impunidad total para la guerrilla. Es el doble rasero. Cuando los victimarios son las FARC pareciera que los crímenes de lesa humanidad no importan. Muchos creen que son actos diferentes a los ejecutados por los paramilitares y que deben tener un trato distinto, en desarrollo del discurso justificativo del crimen que durante décadas aceptamos sin importar sus consecuencias. A la paz no se llegará sin la aplicación de justicia y sin una posición vertical de defensa de los derechos humanos.
La vida de Ingrid está en manos de las FARC y no del gobierno. Y a pesar que el Estado debe hacer todo lo que sea necesario para obtener su libertad y preservar su vida, el límite es el estado de derecho. Sarkozy y la comunidad internacional deberían entenderlo y no procurar que Colombia regrese a la época en que el secuestro era una amenaza real para todos los colombianos.
"Nota: A pesar que el comité organizador rechazó el apoyo de la guerrilla a la marcha del 6 de marzo, lo cierto es que las FARC y la Coordinadora Continental Bolivariana participaron abiertamente. Vea las fotos publicadas, originalmente, en la Agencia de Bolivariana de Prensa en: www.rafaelguarin.blogspot.com"

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