Certificado Judicial

Hay días en que uno se da perfecta cuenta del Purgatorio que es este país. Para poder firmar un pequeño contrato con una universidad, se me exige que presente el Certificado Judicial, es decir, un papel que expide el gobierno donde se certifica que yo no tengo cuentas pendientes con la justicia.

Para empezar, me parece indignante que sea el mismo ciudadano el que tenga que demostrar que es inocente; por lo general, en cualquier país civilizado, lo que debe hacer el Estado, si quiere impedir algún derecho normal al ciudadano (como trabajar) es demostrarle que es un delincuente. Después del abuso de poder que es exigir el tal Certificado, empieza la pesadilla de obtenerlo. Llevo 10 días intentándolo y no he podido. Ese certificado que dice que yo no soy hampón, lo expide ese famoso antro de hampones (no lo digo yo: ¿cuántos altos y bajos funcionarios del DAS están presos

) que es el Departamento Administrativo de Seguridad, mejor conocido como el DAS. Se supone que las citas se conceden por Internet. En efecto, uno abre la página www.das.gov.co y ahí hay ventanitas para el Certificado Judicial. Las citas se dan por ciudades y yo entro por Medellín.

Después de diligenciar el formulario (lo he hecho todos los días desde hace una semana), sale la siguiente información: "Lo sentimos, las citas han sido asignadas en su totalidad. No hay citas disponibles. TENGA EN CUENTA QUE... 1. Las citas asignadas a través de Internet tienen un cupo limitado de acuerdo a cada punto de atención. 2. Si usted no encuentra cupo disponible consulte otras formas de reserva de citas comunicándose con funcionarios en el punto de atención".

Vaya uno a saber cuál es el punto de atención. Busco en las páginas amarillas y ahí hay un teléfono: 4440153. Llamo y llamo; nadie contesta. Averiguo entonces dónde queda el DAS, y voy a las oficinas del DAS, tempranito para ganar tiempo. Pues bien, en las oficinas del DAS dicen que, efectivamente, las citas por Internet ya están todas asignadas. ¿Hasta cuándo? No saben. Dicen que allí, personalmente, no pueden dar la cita. Que debo pedirla por teléfono. Que el número anterior lo cambiaron. Aquí está el nuevo número: 3405800. Este número, por la mañana y por la tarde, está ocupado. Por la noche, al fin, sale una grabación: "El horario para la asignación de citas es de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana".

Todos los días a las 7 en punto empiezo a marcar. De 7 a 9 no sólo está ocupado, sino que suena ya ocupado antes de marcar el último cero. Llamo a las Empresas Públicas. Dicen que cuando una línea está muy congestionada, suena ocupado incluso antes de marcar el último número. Vuelvo a las oficinas del DAS y digo que necesito una cita, que es urgente, que en el teléfono de citas no contestan, y que por Internet todas las citas están dadas. No se puede. Que llame de 7 a 8, porque en realidad es sólo de 7 a 8. Y que hay mucha congestión porque cada día expiden 1.000 certificados.

Hago las cuentas: 1.000 certificados diarios, a 28.000 pesos cada uno, da 28 millones de pesos diarios, 560 millones al mes. Pero con esa suma, sólo para una ciudad, no son capaces de poner más líneas telefónicas o más funcionarios para atender a los ciudadanos. Un negocio y un abuso más.

Yo trabajo. Como no puedo pasarme las horas marcando el mismo número, le pido a una sobrina que llame por mí. Se ha pasado cinco días marcando de 7 a 9, con el dedo tieso en la tecla de repetición de llamada. Imposible. Ni una vez le han contestado. A nadie le contestan. No hay citas por Internet.

No quiero que me solucionen este problema a mí.

No estoy escribiendo este artículo para que me resuelvan un problema personal. Me quedaría fácil hacer dos o tres llamadas y sacar el certificado por alguna ventanilla siniestra. Pero no. Es más: me niego a recibir cualquier ayuda fuera de los trámites ordinarios para obtener regularmente, sin ninguna palanca, ese papel abusivo. Sufro como miles y miles de ciudadanos que cada año tienen que pedir y pagar un certificado absurdo, expedido por una entidad corrupta, en el que dice algo que la ley tiene que suponer para cualquiera: que somos inocentes mientras no se nos demuestre lo contrario.

Una última cosa: estoy seguro de que todos los mafiosos, paracos, guerrilleros, funcionarios corruptos de este país, tienen al día su certificado judicial, por duplicado, y seguramente a nombre de varias personas, según las varias cédulas o identidades de las que disponen. Y señalo esta paradoja que parece una burla cínica: cuando uno entra a la página virtual del DAS, lo saluda un letrero que dice así: "Inteligencia al servicio del país". Inteligencia al servicio de los paramilitares, debería decir; o inteligencia al servicio del abuso; o inteligencia al servicio de un negocio infame; o inteligencia al servicio de la locura de los que queremos hacer las cosas bien. O mejor dicho: inteligencia al servicio de la brutalidad.