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Opinión

  • | 2016/06/23 16:38

    Así opinan los juristas sobre el fin de la guerra

    Exmagistrados y constitucionalistas comparten con los lectores de Semana.com la sensación que les deja el anuncio sobre el cese al fuego.

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Constitucionalistas y exmagistrados de altas cortes se mostraron jubilosos ante el anuncio del Gobierno y las FARC sobre la firma de un acuerdo para decretar el cese al fuego. Aunque algunos no aprueban las bases de los diálogos, unánimemente han expresado su satisfacción por el compromiso de terminación de los actos violentos

Lea: Histórico: anuncio del cese al fuego le pondría fin a la guerra

En presencia del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon; los presidentes de Chile, Michelle Bachelet; de Venezuela, Nicolás Maduro; de República Dominicana, Danilo Mejía, y de El Salvador, Salvador Sánchez, las partes le anunciaron al mundo el fin de la confrontación

Lea: Así será el encuentro Gobierno y FARC en el último día de la guerra 

La noticia generó optimismo tanto en los sectores afines a la negociación como en algunas de las voces más disonantes del proceso. Semana.com dialogó con algunos expertos en el ámbito judicial para conocer su opinión Estos son los beneficios del fin de la guerra en 2 minutos

Juan Manuel Charry

El abogado constitucionalista se mostró eufórico con el anuncio y dijo que si se cumplen los compromisos de las partes en torno a las zonas de concentración de guerrilleros y demás aspectos de la negociación, no hay por qué temer el rompimiento de esa especie de tregua.

Advirtió, no obstante, que la presencia de los integrantes de las FARC en determinadas zonas del territorio nacional no pueden significar en ningún momento que las autoridades civiles no puedan ni deban ejercer su capacidad de mando. A su juicio, en los lugares aledaños a esos sitios deben seguir operando normalmente el patrullaje y labores de inspección del Ejército y la Policía y se debe seguir cumpliendo el mandato de las autoridades políticas sin que ese hecho pueda generar desconfianza en la contra parte.

A su juicio, la veeduría que ejercerán garantes como la ONU también podría ser compartida por organizaciones sociales que sean empoderadas por las partes para sembrar la confianza en esa tarea de verificación.

Gustavo Gómez Aranguren

Para el exconsejero de Estado, difícilmente se podría haber conocido una noticia más positiva en los últimos 60 años en Colombia. En su criterio, si bien es una ilusión pensar que este anuncio podrá fin al crimen organizado, es un hecho histórico y del todo deseable que quienes persiguieron la reivindicación de sus ideas políticas por las armas en las últimas seis décadas ya no lo harán más de esa manera.

Dijo que hay sectores como los que representan el procurador Alejandro Ordóñez y el uribismo que, muy seguramente, tratarán de oponerse por todos los medios a este tipo de pactos, pero advirtió que se siente satisfecho de que estos y otros críticos del proceso de paz puedan defender sus ideas sin tener que acudir a la violencia.

“A los que están de acuerdo con la guerra, dejarlos, pero a la mayoría no nos gusta que nos maten”, dijo el jurista, quien lamentó que “las pasiones subjetivas de algunos tengan al país tan polarizado” frente al desarrollo de este proceso histórico.

Gómez Aranguren advirtió que mientras tenga lugar el cese al fuego bilateral, las partes, especialmente las autoridades, deben tener los ojos bien abiertos ante los actos de sabotaje y provocación que muy seguramente querrán perpetrar quienes tanto veneran la guerra.

Nilson Pinilla

El exmagistrado de la Corte Constitucional, quien se declara escéptico de las negociaciones de paz), dijo que este anuncio debe alegrar a todos los colombianos, pues significa que al menos uno de los grupos del crimen organizado va a dejar de cometer masacres, va a dejar de asesinar, secuestrar, extorsionar y traficar drogas.

Sin embargo, está convencido de que la manera como se pretende judicializar a los desmovilizados de las FARC deja a Colombia al filo de la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI), pues es innegable para él que esa forma de operar de la justicia transicional degenerará en una abundante impunidad por graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Pinilla no comulga con la creación de un tribunal especial para la paz, pues, a su juicio, viola un principio universal de los procesos penales, que es el derecho a ser juzgados de acuerdo con las normas existentes en el momento en el que se cometieron las conductas. En este caso, dice, se creará un juez especial y unas reglas especiales para juzgar delitos que cometieron los guerrilleros en el pasado. “Si el Tribunal de Núremberg fue creado para condenar, se corre el riesgo de que este haya sido creado para absolver”, dijo.

Además, no cree que sea legítimo que el presidente amenace a la ciudadanía con el traslado de la guerra a las ciudades y con el eventual aumento en el pago de impuestos si los votantes deciden no apoyar el plebiscito por la paz. A propósito del tema, dijo que no cree que se trate de un mecanismo de refrendación verdaderamente democrático, cuando sólo se prevé la participación del 13 % del umbral de sufragantes.

José Gregorio Hernández

Este exmagistrado de la Corte Constitucional tampoco osa marginarse del optimismo generalizado que ha provocado la noticia. Sin embargo, cree que ese ambiente positivo que nos embarga tampoco puede nublar el juicio como para no hacerle al Gobierno las exigencias más elementales previas a la entrada en vigencia del cese de las hostilidades.

Antes, dice, se le debe explicar al país a qué se comprometieron las partes, si habrá entrega de armas y si habrá exigencias para devolver a los secuestrados que, según se dice, continúan en poder de la insurgencia.

José Gregorio Hernández cree que no habrá dicha completa si no se sabe cuál es el contenido preciso de los acuerdos y si los ciudadanos no tienen una garantía de la renuncia de los rebeldes a actividades delictivas como el narcotráfico y si no existe certeza de cómo repararán a sus víctimas.

Lea: Una noticia esperada por la clase política

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