Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 2013/06/15 00:00

    Chicharrón con mermelada

    El gobierno oscila esquizofrénicamente entre la justicia social y las locomotoras neoliberales.

COMPARTIR

Dice el senador Jorge Enrique Robledo que la acumulación de tierras de baldíos nacionales originalmente atribuidas a familias campesinas, hecha por los ingenios de Riopaila-Castilla a través de complicados malabarismos internacionales diseñados por los abogados de la firma Brigard y Urrutia, es ilegal. El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, reconoce que así es. 

Pero que ‘‘hay que buscar algún arreglo’’–un arriendo, una sociedad– que garantice a la vez la propiedad de los campesinos sobre sus Unidades Agrícolas Familiares (UAF) y la continuidad de las grandes agroindustrias. ‘‘Ese es el gran chicharrón –dice el ministro– que tenemos que arreglar con ayuda del Congreso”.

Como suele suceder en Colombia, tienen razón los dos.

Los dos tienen razón porque, aunque se refieran a la misma tierra –los baldíos del Estado– el senador y el ministro están hablando de dos cosas distintas: la ilegalidad y la conveniencia. Es ilegal acumular UAF; y que así lo sabían los abogados que lo hicieron para Riopaila- Castilla lo muestra el hecho de que hubieran hecho la maniobra creando dos docenas de sociedades con un mismo dueño final en el Vichada pero pasadas a través del opaco tamiz del paraíso fiscal de Luxemburgo. Pero a la vez las UAF están muy vagamente definidas por la ley, y además son cambiantes (según el último inciso del artículo 38 de la Ley 160 de 1994), así:

“La Junta Directiva (del Incora) indicará los criterios metodológicos para determinar la unidad agrícola familiar por zonas relativamente homogéneas, y los mecanismo de evaluación, revisión y ajustes periódicos... etc.”.

Por lo cual, como suele suceder en Colombia, la disposición se puede interpretar de maneras opuestas. Hay quienes dicen que la UAF en realidad no existe, puesto que su conformación y dimensiones no han sido reevaluados de manera periódica en salarios mínimos mensuales legales. Y hay quienes sostienen que la restricción es clara. Y finalmente quienes, como el ministro Estupiñán, sugieren echar por la calle de en medio recurriendo al Congreso para arreglar “ese chicharrón”. 

Como se dice vulgarmente, esa ley “aquí no pegó”. Fenómeno repetitivo que se remonta a los primeros tiempos de la época colonial, cuando con un escueto ‘‘se obedece, pero no se cumple’’se comentaban las leyes de la Corona que protegían a los indios pero resultaban inconvenientes para los encomenderos.

Del otro lado está la conveniencia para los encomenderos. Dice el ministro Estupiñán que no se pueden perder las grandes inversiones ya realizadas en tierras ilegalmente acumuladas, porque de hacerse así se ahuyentaría a los inversionistas: a los nuevos encomenderos. Pues el caso no se limita a las 40.000 hectáreas del ingenio Riopaila-Castilla sino que abarca cientos de miles más, pertenecientes–¿por adquisición? ¿por encomienda?– a los hombres más ricos del país, encabezados por Luis Carlos Sarmiento, y a grandes multinacionales agroindustriales. 

Son dos concepciones radicalmente opuestas. Una es la social: la tierra para quien la trabaja (bajo el modelo que podríamos llamar ‘‘de canción protesta’’); la otra es la neoliberal, siguiendo el llamado ‘‘modelo Carimagua’’(por la vasta finca de la Nación que el gobierno de Álvaro Uribe quiso entregar a los grandes agroindustriales, con el escándalo que se recuerda).

Y sucede que, como escribí aquí mismo en una columna anterior, el presidente Juan Manuel Santos y su gobierno oscilan esquizofrénicamente entre esas dos concepciones contrapuestas. La de la justicia social –restitución de tierras, reparación de víctimas– y la de las locomotoras neoliberales. El ajuste entre ambas es el chicharrón que tienen que resolver. Y, si entiendo bien al ministro Estupiñán, van a tratar de resolverlo de una manera algo repulsiva: untándole mermelada.

EL NUEVO TRICOLOR PATRIO

Y hablando de repulsión: ¿han visto ustedes que en Colombia los colores que dominan la patria no son ya el amarillo, el azul y el rojo de la bandera? Ahora el paisaje del país, rural y urbano, está todo tapado por unas lonas verdosas de plástico, todo cercado por unas cintas amarillas de plástico, todo separado por unos cucuruchos anaranjados de plástico. Hay además unas grandes piezas sólidas de plástico anaranjado más oscuro, como gigantescas fichas de un Lego de construcción, en los separadores de calles y carreteras. Y todo eso es horrendo.

A nadie le repugna. Nadie se queja, nadie protesta. Cada día más, este país se hunde en la fealdad, por puro amor de la fealdad.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.