Sábado, 1 de noviembre de 2014

| 2013/08/26 00:00

Chocó: progreso a fuerza de paros

Las responsabilidades de este atraso son imputables al Estado, a los gobiernos de turno y a los mismo chocoanos.

José E. Mosquera Foto: SEMANA

El 22 de agosto se cumplieron 46 años de una de las protestas cívicas más sangrientas que ocurrieron durante en el siglo XX en el Chocó. Ese día de 1967 surgió en la capital chocoana un movimiento de inconformidad, liderado por un grupo de estudiantes del Colegio Carrasquilla que exigieron un suministro en los servicios de agua y energía eléctrica más eficiente en Quibdó.

En aquel momento Quibdó era una ciudad devastada y en ruinas por un incendio que  las había destruido hacía 10 meses y la situación era crítica.  Por eso las protestas de de los estudiantes se convirtieron en el motor que exacerbó el sufrimiento de un pueblo que reaccionó contra la indolencia del gobierno central en los planes de reconstrucción de la ciudad, la falta de servicios públicos, vías de comunicación y fuentes de empleos.

Pronto, las inconformidades de los estudiantes se transformaron en manifestaciones en todo el departamento por los incumplimientos en la ejecución del Plan General de Obras Públicas que se había suscrito hacía 39 años, en el gobierno de Miguel Abadía Méndez; y renegociado en el mandato de Gustavo Rojas Pinilla, luego de las protestas en contra de la desmembración del departamento en 1954.

De hecho, Rojas Pinilla se había comprometido a ejecutar las mismas obras anunciadas en el cuatrienio de Abadía Méndez, que consistieron en construcciones de carreteras, puertos, programas de electrificación, saneamiento básico y de fomento para el desarrollo económico de la región.

Aquel 22 de agosto habían pasado 13 años de las promesas de Rojas y los habitantes de la capital chocoana seguían sufriendo los mismos problemas. Por eso, sus apacibles calles y las de los otros centros urbanos en pocas horas se volvieron epicentros de enardecías turbas que dejaron como saldo destrozos, muertos, cientos de heridos y la firma de otro acuerdo de ejecución de obras.

En estos últimos 46 años se han firmado otros acuerdos de construcciones de obras públicas, entre los chocoanos y el gobierno nacional, tras varias protestas cívicas, entre ellas de la 1987, y aún siguen inconclusas la mayoría de las obras que prometió construir la administración de Abadía Méndez en 1928.

El balance en los 85 años que van desde que se firmó el acuerdo con el gobierno de Abadía Méndez, 59 de haberse pactado la construcción de las mismas obras en la administración de Rojas Pinilla y 46 de los trágicos hechos de 1967. El de un panorama sigue siendo gris: el Chocó continua inmerso en una crisis institucional con el lastre de siete gobernadores en tres años y en una galopante insolvencia económica.

Continúa siendo el departamento más pobre, aislado y con el índice de calidad de vida más bajos del país, en donde el 35 % de sus habitantes no tiene acceso al servicio de energía eléctrica, el 100 % no cuenta con agua potable  y  más de 90 % sobreviven con menos de dos dólares diarios.

Con un incontrovertible legado que, la mayoría de las obras públicas que se han construido son productos de los paros cívicos y los desastres naturales. Sin embargo, no todas las responsabilidades de este atraso son imputables al Estado y a los gobiernos de turno, es claro que los chocoanos tienen una enorme cuota de responsabilidad en el atraso de su tierra.

Siguen teniendo una clase dirigente incompetente y corrupta y, mientras esta continúe controlando el poder, no existan sanciones morales y una conciencia colectiva sobre la importancia de la eficiencia y la transparencia en la administración del patrimonio público va ser difícil que salgan del atraso.

Por la imperante cultura de la defraudación, eligieron a un gobernador inhabilitado que engañó a los electores y en medio de la crisis de su ingobernabilidad desarrolló una administración con serios cuestionamientos éticos y para cerrar la faena, los principales líderes políticos de las microempresas electorales regionales están condenados por corrupción, nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Sus dos actuales congresistas, la senadora Astrid Sánchez Montes de Oca y el Representante a la Cámara, José Bernardo Flórez, electos por el Partido de la U son sordos y mudos frente a la crisis de su región.

jemosquera@une.net.co

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