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Opinión

  • | 2002/02/19 00:00

    Choque de trenes

    Después de tanto fregar con la reforma, acabaremos pues en lo de siempre: arreglando el problema que no toca

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A la gente hay que creerle lo que dice. Así que, si las cosas siguen como van, este 7 de agosto nuestras tropas estarán entrando en el Caguán y el presidente estará convocando a referendo para aprobar la reforma política.

La reforma tendría dos propósitos: bajar el gasto público y acabar la corrupción. Lo primero se hará al suprimir una de las dos Cámaras, pasar de 263 a 150 congresistas, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y las contralorías regionales. Lo segundo se hará al entregar la administración de muchos dineros públicos a fundaciones privadas.

Lo segundo parece cuento de Ripley: la Constituyente del 91 se hizo para evitar que el dinero público pasara a manos de fundaciones privadas; entonces se llamaban “auxilios” y eran la forma de corrupción más obscena. En cambio lo primero se parece a las cuentas de El Inútil: la plata que ahorremos con los recortes no alcanzaría para bajar un punto de la deuda externa, flotar un año más el ISS o comprarnos otro par de Black Hawks.

Pero lo grave no es una reforma que promete —y no cumple— dos objetivos simplones y efectistas. Grave es que esa reforma política no reforma la política: ni se limpian las campañas, ni se ataca el clientelismo, ni se achica el reguero de listas, ni se acaba el Congreso de bolsillo, ni mejora la representación de los ciudadanos ni, menos —¡Dios nos libre!— se busca que las Farc o el ELN piensen siquiera en cambiar las armas por las urnas.

Después de tanto fregar con la reforma, acabaremos pues en lo de siempre: arreglando el problema que no toca. Y todavía falta lo mejor, es decir, lo peor, de esta increíble y triste y desalmada y truculenta historia: la gazapera que va a formarse con el referendo.

Eso de cerrar un Congreso que acaba de ser elegido por cuatro años no es cosa de soplar y hacer botellas. Pregúntenle, si no, al pobre Andrés que no hace mucho pereció en el intento: los congresistas agregaron la pregunta inocente de si también “se revocaba” al Presidente, y el Ministro Martínez tuvo que torpedear el Proyecto; a Pastrana se le acabó la “gobernabilidad” y el “riesgo país” se trepó al zarzo.

Claro que Uribe es más macho y está dispuesto a que, “si llega el caso, el referendo también revoque mi mandato”. Sin duda piensa que su popularidad durará lo bastante para pasar el chapuzón, o que el que llega se atornilla, como Samper. Y no le falta razón, aunque casos se han visto de popularidades esfumadas en pocos días y de presidentes latinos a quienes, pobrecitos, no les duraron mucho los tornillos.

Pero eso importa poco. Si los congresistas sienten que no podrían arrastrar al nuevo presidente, van a hacer una cosa más sencilla: van a negar la ley del referendo. Pueden hacerlo con cualquier pretexto o sin pretexto alguno, porque en eso consiste la democracia y porque eso dispone la Constitución.

La democracia, que a algunos les estorba, consiste sin embargo en que el poder no se concentre en unas manos. Es lo que llaman “separación de poderes” y que, así como suena, está en la base de la modernidad, la convivencia y la civilidad. Por eso no puede ser que un presidente-caudillo, llámese Chávez, Fujimori o Mussolini, se lleve de calle al Congreso o a los jueces en nombre de una supuesta —o de una enardecida— “voluntad popular”.

Es lo que manda la Constitución: sólo el Congreso —dice el Artículo 378— “podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley”. Y la Ley 134 de 1994, malentendida incluso por algunos “independientes”, explícitamente excluye la reforma constitucional de aquellas normas que el pueblo puede aprobar contra el querer del Congreso.

Cosa distinta sería que Uribe esté planeando “un golecito a la Constitución” —como hace años dijo don Horacio Serpa—. Golecitos de esos abren troneras que después no cierran.

No quiero perderme el 7 de agosto, con el Caguán invadido, el país incendiado, la pobreza en 68 por ciento, el desempleo en 20 por ciento, la deuda en 54 por ciento, las calificadoras pensando en Argentina... y el presidente cerrando el Congreso para hacer la reforma que no era. O, pensándolo bien, sí me quiero perder este 7 de agosto.
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