Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2010/09/18 00:00

'Chuzadas' y desclasificadas

Yo la verdad no me imagino a Lula, a Felipe González, a Zapatero o a Uribe ordenando 'chuzar' a sus opositores o a los altos tribunales.

'Chuzadas' y desclasificadas

Es como una epidemia. Las 'chuzadas' ilegales están ocurriendo por todas partes. En España, el mismísimo juez Baltasar Garzón está siendo hoy investigado por el Tribunal Supremo por ordenarlas en el caso Gürtel, y la oposición acusa al gobierno de Zapatero de interceptarla ilegalmente. En Inglaterra, el jefe de Comunicaciones del primer ministro David Cameron está sindicado de 'chuzar' a miembros de la familia real y a ministros. En Francia, al presidente Sarkozy se le señala de 'chuzar' periodistas en lo que se empieza a denominar como 'Sarkogate'.En Argentina, al alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, a su ex jefe de policía, a un ex ministro y a dos jueces se les imputa lo mismo. En Brasil, hace dos años, la prestigiosa revista Veja denunció que la agencia de inteligencia gubernamental Abin, que depende directamente del presidente Lula, 'chuzaba' al presidente del Supremo Tribunal Federal y a miembros del Congreso, y publicó las transcripciones de sus conversaciones.
 
Pero el asunto no es de ahora. Entre 1983 y 1991, durante el gobierno de Felipe González, el Cesid grabada ilegalmente a políticos, periodistas y al mismo Rey de España. En 2004, el gobierno de Tony Blair fue sindicado de 'chuzar' a nadie menos que a Kofi Annan, el secretario general de la ONU, antes del inicio de la guerra de Irak. En Estados Unidos, el jefe del FBI, Edgar Hoover, 'chuzó' durante más de 40 años a todo el mundo, políticos, periodistas, empresarios, artistas e incluso a siete presidentes.
 
La omnipresencia del fenómeno no es, ni mucho menos, un aliciente o un atenuante de lo que se está destapando en nuestro entorno. Aquí la existencia de las 'chuzadas' ilegales está demostrada y hay que investigar y castigar a los responsables. Pero la recurrencia del fenómeno comprueba la generalización de los riesgos de autonomización y la necesidad de controles a los organismos de inteligencia del Estado. Yo la verdad no me imagino a Lula, a Felipe González, a Zapatero o a Uribe ordenando 'chuzar' a sus opositores o a los altos tribunales. Pero en todas partes el carácter secreto de las operaciones de los cuerpos de inteligencia posibilita y favorece sus acciones ilegales.
 
De ahí la pertinencia de los controles. El problema es que cuando se trata de una democracia -las dictaduras no tienen estos pudores-, surge un conflicto entre la necesidad del secreto para resguardar la seguridad del Estado y la conveniencia de la transparencia y los controles, que garantizan el respeto a la Ley y los derechos de las personas. Esta tensión entre secreto y control se ha resuelto en muchos países democráticos con tres mecanismos: los comités parlamentarios especializados en auditar a los organismos de inteligencia; sistemas claros y suficientes de registro y documentación de las operaciones, y la desclasificación de la información secreta. Pero estos mecanismos funcionan cuando no solo se quedan enunciados en las normas, sino que están bien desarrollados y reglamentados, cuando se reduce su discrecionalidad y se precisan sus alcances y sus formas de operar.
 
Nuestra Ley de Inteligencia recientemente aprobada establece estos controles, pero su falta de reglamentación les resta alcance y operatividad. La comisión parlamentaria no tiene dientes. La desclasificación de archivos secretos solo es posible 40 años después de realizada una operación. Solo es viable, con mucha discrecionalidad, ante procesos judiciales abiertos. Por tanto, las solicitudes de desclasificaciones generalizadas son meros brindis al sol.
 
En Estados Unidos y en Argentina, por ejemplo, es potestad del Presidente ordenar la desclasificación de archivos de inteligencia, en función del interés nacional. Clinton y Bush ordenaron revelar archivos sobre la intervención de Estados Unidos en Chile, Argentina y Guatemala. Cristina Fernández hizo lo propio con algunos archivos de inteligencia militar relacionados con violaciones a los derechos humanos en Argentina. En España, el Consejo de Ministros de Aznar desclasificó documentos de la CNI para tratar de demostrar que no mintió luego de los atentados del 11-M.
 
Para procurar de ahora en adelante la transparencia y la sujeción a la ley de los organismos de inteligencia del Estado, qué bueno sería darle a nuestro Presidente esa facultad y así poder desclasificar los archivos de las 'chuzadas' ilegales de los últimos, digamos, 30 años. Así descubriríamos, para sorpresa de los cándidos y regocijo de los malpensantes, que esa ha sido una práctica inveterada del DAS y de otros organismos de inteligencia, que ha involucrado a casi todos sus directores en casi todos los gobiernos.

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