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Opinión

  • | 2008/06/23 00:00

    ¿Ciencia al servicio de quiénes?

    El proyecto de Ley de Ciencia y Tecnología incluye la participación "de las comunidades científica, académica, tecnológica y del sector productivo" en la toma de decisiones. Pero las organizaciones civiles, las comunidades locales, el conocimiento no formalizado, son vistos apenas como los receptores del circuito.

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Estuve hace algunas semanas en un seminario internacional sobre ciencia, tecnología e innovación, organizado por Colciencias y el Ministerio de Educación, en el qu principalmente se discutió el proyecto de Ley de Ciencia y Tecnología, que cursa en el Congreso. Una de las frases que oí y que no me deja de dar vueltas en la cabeza fue pronunciada por la ponente de la Ley, la ex ministra de defensa Martha Lucía Ramírez. Fue algo así como: “Qué dicha sería que todos esos niñitos del Vaupés y del Guainía tuvieran conocimiento de computadores y acceso a Internet”. Refleja toda una visión del mundo, esa frase. Una visión del mundo, y en particular del papel del conocimiento y la tecnología en el bienestar de la sociedad colombiana, que se proyecta en la propuesta de Ley.

Otro documento estatal que pretende orientar la investigación es la Política Nacional de Investigación Ambiental, publicada en 2001. Fue formulada bajo el liderazgo del Sistema Nacional Ambiental, en cabeza del entonces todavía Ministerio de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación y Colciencias, e incluye las perspectivas de más de treinta entidades del estado y no estatales, entre las cuales están las Corporaciones Autónomas Regionales, los Institutos de Investigación, las principales universidades públicas y privadas del país, representantes de asociaciones de productores agropecuarios y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

El enfoque que sustenta esa política pretende hacer visible una nueva manera de entender la relación entre generación de conocimiento y transformación de la sociedad: no existe sólo un modo de investigar, especialmente si se trata de que la investigación sea pertinente para las necesidades sociales.

Es necesario tener en cuenta que el conocimiento útil para mejorar la calidad de vida de las personas se genera no sólo en las universidades y los centros de investigación, no sólo en formas escritas y publicables según los estándares de las revistas internacionales, no sólo de maneras reconocibles en forma de títulos académicos o de patentes. El conocimiento útil, las herramientas aptas dada la complejidad del país, y las preguntas pertinentes que pueden orientar la investigación hacia las necesidades de la población, provienen de la experiencia de los ciudadanos, de los campesinos, de los empresarios, de los indígenas, de los funcionarios, de los artistas, de los maestros.

Todos ellos les plantean a los ingenieros, a los físicos, a los biólogos, los retos de enfrentar los problemas del mundo de una manera integral, rompiendo con las barreras de las disciplinas y teniendo en cuenta las dimensiones éticas y políticas de su quehacer.

Es necesario, de acuerdo con la Política Nacional de Investigación Ambiental, promover lo que allí se llama el “modo 2” de producción de conocimiento. Esto se hace, entre otras cosas, generando mecanismos de fortalecimiento, reconocimiento e inclusión de estas otras formas de ver el mundo en los circuitos que el Estado pretende apoyar a través de incentivos financieros e institucionales.

Los principios de esta Política son entonces reconocer explícitamente los contextos sociales y culturales del país, fomentar la participación efectiva de los diversos actores sociales en los procesos de generación de conocimiento, respetar la autonomía de las comunidades locales y grupos étnicos y garantizar el control ético sobre la investigación.

Volvamos a la propuesta de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su principal efecto será reemplazar a Colciencias por un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, crear un Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación y un Fondo Nacional de Financiamiento, que permita la destinación en 2010, del 1 por ciento del PIB y en 2019 del 2 por ciento del PIB a estas actividades. Hasta ahí por supuesto no hay problema. Lo mínimo que necesitamos es fortalecimiento institucional y financiero, cualquiera que sea la tendencia política que se quiera promover. En la política Ambiental de hecho se identifica la debilidad financiera e institucional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como uno de los principales obstáculos para implementarlo.

Pero al mirar en detalle la propuesta, se hace más evidente la mirada en la que se basa. La relación investigación – sociedad, de acuerdo con el espíritu de esta nueva Ley, gira en torno al fortalecimiento de la ciencia institucional y a su papel en el incremento de la productividad y la competitividad, en el fomento del crecimiento económico. Estos valores (productividad, crecimiento económico) se reiteran en el documento. Los principios del proyecto incluyen la participación y la inclusión "de las comunidades científica, académica, tecnológica y del sector productivo" en la toma de decisiones sobre programas y recursos. Las organizaciones civiles, las comunidades locales, el conocimiento no formalizado, son vistos como los receptores del circuito: se busca “convertir a la ciencia, la tecnología y a innovación en elementos fundamentales de la cultura”.

En el Consejo Asesor estarán ministros, los directores del DNP y del SENA, dos rectores universitarios, dos delegados de organizaciones gestoras de la apropiación de la ciencia, dos investigadores elegidos por instituciones y dos empresarios. No está prevista una silla para el conocimiento que está por fuera de los laboratorios, de las aulas universitarias o las juntas directivas de las empresas, es decir, la gran mayoría de la población. Nadie que sirva de canal directo de las necesidades, de las preguntas urgentes de la sociedad, de los cuestionamientos éticos frente a los impactos de la tecnología.

La pregunta que salta a la vista, es ¿de qué manera la Ley prevé la articulación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con el Sistema Nacional Ambiental? Dada la inversión pública y privada ya ejecutada y prevista en uno y otro sistema, se diría que es indispensable esta reflexión sobre la coherencia entre mecanismos e instituciones del Estado que le apuntan ambos a hacer de la investigación una actividad útil para la sociedad.

Pero más allá del reto de hacer al Estado un poco menos incoherente, la pregunta de fondo es si el Ministerio que engendrará la nueva Ley de Ciencia y Tecnología tendrá en cuenta la enorme diversidad cultural del país y la riqueza de conocimiento que implica esta diversidad (representada, por ejemplo, en las familias indígenas de los niños que la ex ministra sueña navegando por Internet). También surge el interrogante si ese Ministerio de la Ciencia orientará los procesos de construcción de conocimiento hacia las necesidades locales, regionales y temáticas que requieren los diferentes grupos sociales del inmenso país, y no sólo hacia las de la empresa y la academia.
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