Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/03/31 12:05

Los costos de la democracia

Siempre los noticieros destacan la pedrea, el gas lacrimógeno y el caos vehicular sobre la discusión de las razones y descontentos que sustentan y justifican las protestas.

Claudia López, senadora de la Alianza Verde Foto: Guillermo Torres

Del más reciente paro social y campesino quedaron sobre todo las imágenes de muros pintados y bloqueos de vías. Es recurrente que la faceta más visible de la protesta social sea justamente esa. Siempre los noticieros destacan la pedrea, el gas lacrimógeno y el caos vehicular sobre la discusión de las razones y descontentos que sustentan y justifican las protestas.

Muchos colombianos le tienen aversión a las manifestaciones de descontento social: los que marchan son vándalos, facinerosos o desocupados; no compatriotas que expresan sus frustraciones, rabias y demandas sociales legítimas. Uno de los más molestos con el paro del 17 de marzo fue el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. En su cuenta de Twitter denunció: “Limpiar actos vandálicos de manifestantes de ayer, costará a ciudadanos más de $ 40 millones”.

Lo primero que hay que recordarle al Alcalde es que pintar muros no es un acto criminal, es una expresión legítima de protesta social, que como otras genera costos, molestia y controversia. Por molesto que resulte para ciertos sectores, estos son costos inevitables y necesarios en nuestra imperfecta democracia. Como para muchos otros sectores lo son los $4.100 millones anuales que nos cuesta el esquema de seguridad de Álvaro Uribe, los $32 mil que nos cuesta el financiamiento de los partidos políticos al año ó los $1.644 millones que recibirá el propio Peñalosa por la reposición de los votos que lo llevaron a la Alcaldía.

La primera víctima de conflictos armados degradados y largos como el colombiano es la ciudadanía y la acción social colectiva. En medio de la balacera es casi imposible organizarse y salir a la calle para protestar o hacerlo sin arriesgar hasta la vida. Por más de un siglo, la violencia ilegal -estatal y antiestatal-, el clientelismo y la estigmatización han represado y contenido muchas demandas y protestas sociales legítimas en Colombia. Y esa represión, desafortunadamente, todavía no es historia.

Entre 2012 y 2015, mientras que las marchas a favor de la paz crecieron 14%, (según el CINEP pasaron de 193 en 2012 a 217 en 2015), la amenaza contra la vida de líderes sociales que organizan ese tipo de marchas creció 35%, !más del doble! Según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de DDHH, el año pasado fueron asesinados 63 líderes. Este año ya están documentados 30 asesinatos más y ¡apenas vamos en marzo!

Ojalá al Alcalde de Bogotá y tantos otros les indignaran esas muertes un gramo de lo que les indigna la suciedad de las paredes de esos “vándalos”. Ojalá en los titulares y tuits hubiera siquiera una mínima proporción entre las demandas legítimas de las protestas y los efectos de las mismas que desagradan.
Los graffitis, las obstrucciones de tráfico, los esquemas de seguridad y la reposición de votos son incomodidades y costos que tenemos que asumir con más serenidad y comprensión si de verdad creemos en la democracia, que tiene por sustento la pluralidad y libertad de expresión y acción política. Pero si además de democracia queremos paz, tenemos que prepararnos para que con el silencio de los fusiles se incremente la frecuencia y volumen de las protestas sociales en todas sus formas.

A los que les disgusta tanto ver las calles llenas de manifestantes y las paredes de grafittis, les digo, sinceramente, que se preparen. Una vez nos hayamos quitado el lastre de las FARC y el ELN, las verdaderas demandas y preocupaciones sociales saldrán a la calle con menos temor y más contundencia, con muchas más pintas, barricadas y volúmen. Y veremos a gente haciendo política con ideas de las que disentimos profundamente, que consideramos “castrochavistas”. Al fin y al cabo la paz implica que muchos en este país entiendan y se sometan a que a los comunistas se les derrota en las urnas, no se les mata en las calles. Así como otros tendrán que entender que a los ricos se les impone impuestos no secuestros.

En un país con la brutal inequidad, corrupción, represión e ineficacia estatal de Colombia, el alcalde Peñalosa y muchos otros se tendrán que acostumbrar a que la protesta social incluya algo de rabia, resentimiento y anarquismo, mientras se afianzan las reformas, inclusión e inversiones que nos permitan construir una sociedad más justa, unas formas de convivencia menos polarizadas y un sistema político más legítimo.

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