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Opinión

  • | 2017/07/25 15:50

    Código de Policía, pedagogía y construcción de ciudadanía

    Lo que se necesita es afianzar en la sociedad el principal objetivo de esta normativa, a saber: promover la tolerancia, el respeto del otro y de sus diferencias, el ejercicio responsable de las libertades, el reconocimiento de la dignidad de las personas y la asunción de los deberes que son correlativos a nuestros derechos.

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Desde el final de enero de este año entró a regir el nuevo Código de Policía, con el fin de establecer las condiciones para la convivencia, entendida en él como la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico.

La necesidad de la reforma -el texto anterior era de los años setenta- , y la buena intención de sus redactores, está fuera de toda discusión, lo que no ha impedido que se planteen fuertes controversias respecto de sus disposiciones, como se advirtió en el intenso debate que condujo a su aprobación, y como se desprende de las numerosas demandas planteadas ante la Corte Constitucional -cerca de 90-, de las cuales 10 han sido decididas mediante sentencia, 30 fueron archivadas, y cerca de 50 cursan actualmente en ese tribunal.

Varios de los temas planteados en esas demandas ya habían sido objeto de análisis en relación con la normativa anterior, pero diera la sensación de que no pocas personas apenas descubren la existencia y la importancia de este código.

Por ello, la divulgación y explicación de las decisiones que adopte la Corte Constitucional será un importante escenario de discusión pública y una oportunidad para que muchos se informen sobre su contenido. Pero no cabe duda de la necesidad de un amplio esfuerzo de pedagogía, que desborde el escenario del control constitucional, tanto con los propios miembros de la Policía Nacional, como con los demás servidores públicos y la ciudadanía en general.

Este nuevo código se ha percibido como portador de un fortalecimiento sustancial de la capacidad de acción de la Policía Nacional y de los medios a su disposición, así como de un empoderamiento de sus agentes para el cumplimiento de los fines señalados para el mismo, lo que debería incidir en un mejor servicio a los intereses comunes. Sin embargo, no debe descartarse que sus normas también puedan prestarse para una utilización indebida, por lo que se requiere el establecimiento de protocolos, controles y políticas de prevención particularmente exigentes.

Dicho riesgo, predicable en realidad de cualquier función pública, encuentra en este caso mayor relevancia por cuanto se ponen a disposición de estos servidores medios y posibilidades de intervención de gran incidencia social. Por ejemplo, la utilización de armas de fuego, la facultad en determinadas circunstancias de ingresar al domicilio de las personas, la posibilidad de restringir la libre circulación de las mismas, de exigir su identificación, de trasladarlas, de aprehenderlas con fines judiciales, de inutilizar o destruir bienes, pueden ser fuente de violaciones de la ley o de espacios de corrupción, que generen responsabilidad del Estado, sin olvidar el efecto deslegitimador que todo ello representa en la sociedad.

En ese orden de ideas, resulta indispensable un esfuerzo sistemático para sensibilizar a todos los servidores públicos sobre el alcance de estas normas, su adecuada interpretación, sus presupuestos y límites, al tiempo que se hace necesario estructurar una ambiciosa política de divulgación para explicar a la ciudadanía el contenido concreto de sus disposiciones, y las implicaciones que para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, ellas comportan.

La Policía Nacional ha hecho avances en este sentido, pero la importancia del tema y la trascendencia que este tiene para la construcción de ciudadanía en esta fase de la vida nacional, requiere que se junten muchas más voluntades, comprendidas las de los críticos del código, que de hecho ya han contribuido con sus advertencias y sus demandas a mejorar su texto.

Incluso si se hace necesario introducir ajustes, no hay que tardar en proponerlos.

Así por ejemplo, puede decirse que el código fue pensado desde la perspectiva de las realidades urbanas. Posiblemente su contenido requiera interpretarse y en no pocos casos ajustarse para que pueda llegar a adecuarse a las realidades de muchas zonas del país, en las que la presencia estatal apenas comienza a manifestarse y en las que la necesidad de cubrir un amplio territorio con un número muy limitado de funcionarios hace correr el riesgo de que sus previsiones se conviertan en letra muerta.

Durante un cierto tiempo, en efecto, en muchas de esas zonas la presencia estatal seguirá resumida en estaciones de Policía y algunas comisarías. Sin duda, el profesionalismo y lealtad que han demostrado tanto las Fuerzas Militares como de Policía en la protección de los antiguos enemigos del Estado muestran su compromiso con la construcción de una nueva convivencia. Pero no podemos dejarlos solos, ni menos aún sin instrumentos adecuados.

Ahora bien, más allá de todo esto, lo que se necesita es afianzar en la sociedad el principal objetivo de esta normativa, a saber: promover la tolerancia, el respeto del otro y de sus diferencias, el ejercicio responsable de las libertades, el reconocimiento de la dignidad de las personas y la asunción de los deberes que son correlativos a nuestros derechos.

Esta es la esencia que debe rescatarse de este código y es el verdadero texto que debemos construir y hacer realidad como tarea de todos.

*Profesor de la Universidad del Rosario. Exvicepresidente del Consejo de Estado

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