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Opinión

  • | 2007/07/28 00:00

    Colgado de un hilo

    El resultado de la sentencia de la corte es que si no se encuentra una solución, a la vuelta de pocos meses veremos incrementar la violencia.

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Siempre he estado en la línea de defensa de la Corte Suprema de Justicia. En particular, he compartido su posición de concentrar en cada rama especializada de la justicia la posibilidad de decidir las tutelas contra sentencias que se presenten contra fallos de sus jueces. En otras palabras, he pretendido que sea la Suprema la que revise las tutelas de su jurisdicción, en contra de los que quieren su control en cabeza exclusiva de la Corte Constitucional. Así que cuando el gobierno renunció a introducir una reforma constitucional para aclarar el punto de una vez por todas, dije públicamente que se equivocaba.

Entiendo que la situación generó tensiones entre Palacio y la Suprema y una discusión acalorada entre el presidente Uribe y el magistrado Yesid Ramírez a quien el Presidente, según reconoció el viernes en la radio, sacó de su oficina sin contemplaciones porque, dicen, el magistrado insinuó que el gobierno abandonaba el proyecto de reforma para "pagarle" a la Constitucional su decisión favorable en torno a la reelección. Me niego a creer que ese incidente haya sido la causa de la sentencia de la sala penal de la Corte que, con ponencia de Ramírez, está poniendo en serio peligro el proceso de paz con los paramilitares. Aunque haya quienes lo estén insinuando, no me cabe en la cabeza que un alto tribunal decida con base en rencores o desafectos institucionales o personales. Parto entonces de creer que el fallo de la sala penal corresponde a las genuinas opiniones de los magistrados que la integran.

En resumen, la sentencia sostiene que los paramilitares no incurren en delitos políticos sino sólo en típicos delitos comunes. El argumento de fondo es ideológico y no jurídico. En realidad, la sala penal no tiene éxito en su intento de justificar su posición. Las 58 páginas de la sentencia no le alcanzan para semejante desafío. Quizá sea porque es dificilísimo explicar que es "político" levantarse en armas contra el Estado y en cambio no lo es usarlas para "defenderlo" y enfrentar a quienes lo atacan. Al final, en ambos casos se trata del poder, de la esencia de lo político. Esa discusión, sin embargo, puede ser objeto de reflexiones posteriores.

Ahora lo que resulta vital es encontrar una salida efectiva a las consecuencias de la sentencia de la Corte. Como la Constitución sostiene que el indulto y la amnistía sólo pueden darse por los delitos políticos y conexos, cuando la Corte niega la posibilidad de calificar la conducta de los paramilitares como un delito político, hace imposible indultarlos o cesar los procedimientos judiciales que se adelantan contra ellos. Para que no haya dudas, no me refiero a 'Berna', Mancuso y los otros 2.780 postulados a acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Esos, los más crueles criminales, que se presumen responsables de delitos atroces y nunca indultables, siguen en lo mismo, aunque por ahora se nieguen a rendir versión libre en sus procesos. Su situación jurídica no ha cambiado. Al final, sólo pagarán de cinco a ocho años de prisión por sus abominables delitos.

Los que quedan en el limbo son los 18.000 desmovilizados, combatientes rasos, que aún no habían sido objeto de indulto. A partir de la sentencia de la Corte, a éstos hay que procesarlos bajo el Código Penal ordinario y condenarlos por los delitos que se les prueben. Todos serían acusados por concierto para delinquir, pero también podrían serlo por asesinato, extorsión y delitos similares. Así, y no deja de ser una ironía, podrían pagar muchos más años de prisión que sus jefes, acogidos a la Ley de Justicia y Paz. Por supuesto, ninguno de los 18.000 se desmovilizó para que lo encarcelaran. Todos se sentirán engañados y muchos podrán verse tentados a regresar a la clandestinidad y a la delincuencia organizada.

El resultado de la sentencia es que el proceso de paz con los paramilitares ha quedado en vilo. Y que, en consecuencia, si no se encuentra una solución pronta, a la vuelta de pocos meses veremos incrementar las cifras de violencia y criminalidad. No creo que la Corte haya querido esta consecuencia, pero debió haberla previsto porque era el resultado obvio de su decisión.

Puntilla: a todas estas, ¿qué haremos para preservar las decisiones del gobierno y el Congreso de las posiciones políticas de las altas Cortes? ¿Es posible adelantar un proceso de paz, éste y cualquier otro, con tantas incertidumbres?
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