Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2002/07/15 00:00

Colombia, cuesta abajo

El país llega al siglo XXI con una flamante Constitución pero hundido hasta el cuello en el fango del narcotráfico, la criminalidad, la corrupción y la pulverización política.

Colombia, cuesta abajo

Proponer un balance de las dos últimas décadas de la política nacional es muy sencillo, al menos desde la cronología. En los puntos inicial y final, efímeras coaliciones electorales colocaron en la Presidencia candidatos alternativos. En 1982 el Movimiento Nacional del conservador Betancur y en 2002 el Primero Colombia del liberal Uribe Vélez, derrotaron las prepotentes maquinarias del liberalismo oficial. En la mitad de estas fechas aparece el proceso constituyente de 1990-91 que no fue la solución mágica a los problemas del orden social y del deterioro creciente de la vida pública y política del país.

Lo más llamativo de estos 20 años es que las guerrillas subversivas, en particular las Farc de 'Tirofijo', se forjan como actor, mientras que un bastión tradicional, el Partido Conservador, da los últimos pataleos y el Liberal da señas de división y debilitamiento. Y recordemos que desde 1958 el oficialismo liberal ha sido el partido más votado del país y en cierto modo es la columna maestra del sistema. Sus crisis y recaídas electorales tienen amplias repercusiones en la vida nacional. Pueden ser interpretadas, inclusive, como síntomas de la desconexión, acaso irreparable, de una ciudadanía atomizada con partidos y políticos que juzga manoseados y facciosos.

Pero, del sinnúmero de grupitos e individualidades cobijados con el mote de independientes que intentan llenar el vacío, no surge nada coherente. Sus votaciones son extremadamente erráticas y subrayan la condición de fragmentación y barahúnda en que ha caído la política colombiana, impulsada por el diseño constitucional de 1991.



Panorama desalentador

Colombia rueda cuesta abajo. Llega al alba del siglo XXI con una flamante Constitución democrática pero hundida hasta el cuello en el fango del narcotráfico, la criminalidad organizada, la corrupción y pulverización políticas, el poder de la guerrilla y la contraguerrilla, precisamente el cuadro agravado de los males que dieron pie a la Constituyente.

Pero el asunto es más complejo de lo que pueda sugerir la cronología porque en estos 20 años se dieron profundas transformaciones internacionales y domésticas.

Parece irreversible el conjunto de fenómenos comprendidos en la globalización, que no es tan sólo un asunto de bancos y gigantescas empresas transnacionales interdependientes que dominan el comercio mundial y el flujo de capitales. También alienta organizaciones de 'abajo', como movimientos indigenistas, ambientalistas o de defensa de los derechos humanos.

La situación colombiana frente a la globalización es semejante a la de otros países latinoamericanos. ¿Cómo insertarse en un mundo que requiere alta competitividad económica, de un lado y, del otro, exige cotas mínimas de democracia política? Todo esto con una demografía todavía explosiva, niveles muy bajos de ingreso, altos índices de desigualdad y, para colmo de males, con tasas de crecimiento muy inferiores a las registradas en el período del 'populismo económico', 1945 a 1973. Ni el país ni las empresas estaban preparados para subirse al tren de la globalización.

Dos breves ejemplos. Una vez que Estados Unidos retiró su apoyo a los pactos cafeteros internacionales en 1989, el sector entró en una crisis profunda y el gobierno de Gaviria aplicó la ortodoxia. Hoy el café atraviesa por la peor crisis desde la Guerra de los Mil Días, con secuelas sociales que aún no se han manifestado plenamente. Si pasamos a los grandes grupos empresariales, el panorama de los últimos 20 años también es desalentador. No pueden competir sin el abrazo estrecho del Estado.

A diferencia del café, aquí no hubo ortodoxia. Esto quedó muy claro en el episodio del proceso 8.000. Los 'cacaos' impulsaron las declaraciones retóricas antigubernamentales a cargo de organizaciones gremiales que viven de las cuotas que pagan sus empresas. Pero a la hora de la verdad no movieron un dedo y jugaron a la 'estabilidad'. Sus negocios dependían de las superintendencias que vigilan sociedades y bancos y de decisiones gubernamentales en campos estratégicos de telecomunicaciones y telefonía celular. La legalidad de la campaña samperista quedaba como tema de retórica y, en todo caso, asunto de políticos.



Modernizacion forzada

Desde la perspectiva estatal las soluciones frente a la globalización se hallaron en el achicamiento y modernización y programas de estabilización, liberalización comercial y reformas laboral y pensional y alguito de privatización. Pero cede el entusiasmo por estas recetas, dados los resultados sociales: aumento de los pobres, de los desempleados y subempleados, del sector informal; caída de los salarios reales y una escandalosa concentración de la propiedad rural y de las acciones. La inseguridad, se afirma, ha contribuido sustancialmente a este cuadro negro, menos negro, también hay quien lo dice, gracias a los ingresos de la cocaína y del petróleo. Pero si éstos han dado respiro, también han distorsionado la economía y el sistema fiscal.

La globalización también contribuyó a las violencias en un país proclive. La cultura y economía de las drogas ilícitas, centradas en Estados Unidos, polo mundial del lavado de dinero y del tráfico de armas livianas, ofrece una faceta de la globalización, la criminal, que en últimas sólo puede operar a través de redes locales. El conocimiento local permite comprar protección infiltrándose, extorsionando, asesinando o corrompiendo policías, jueces, funcionarios de aduanas y políticos apremiados de fondos para sus costosas campañas electorales. Sobre esta base se consolidaron poderes fácticos, principalmente en las zonas de colonización más activas en la segunda mitad del siglo XX, en manos de políticos clientelistas, guerrillas, contraguerrillas, latifundistas de vieja y nueva data, narcotraficantes y contrabandistas, quienes actúan solos o coaligados, según circunstancias de tiempo y lugar.

Así Colombia fue competitiva en producir y exportar cocaína, lo cual aceleró la descomposición de sus instituciones estatales. Conoció el país una modernización social forzada y distorsionada por los narcotraficantes. Mas grave: un Estado desarticulado y miope no pudo prever ni impedir la unión de narcotráfico y guerrilla. Una asociación impensable e insostenible entre los supercapitalistas del libre mercado y los revolucionarios de corte marxista-leninista. Pero vista localmente y por el lado escueto de financiar la guerra contra el Estado, la coalición resulta comprensible.

La guerrilla empecinada se militarizó y descubrió la lógica de los antiguos romanos: la guerra se sostiene con la guerra. Adiós al trabajo de alianzas con sectores urbanos; adiós a la política de masas en el campesinado. Pero olvidaron que esa lógica es de dominio público. Entonces se alarmaron cuando vieron ante sí un multifacético frente paramilitar con bases sociales y apoyos abiertos o tácitos de sus eternos enemigos. Además, desde 1982 las políticas de paz dieron o quitaron a las guerrillas el estatus de interlocutores válidos y ganaron tiempo y un fundamento de legitimación. De esos procesos queda la desmovilización de unos 4.000 guerrilleros entre 1990 y 1994. Pero muchos se reinsertaron a diferentes formaciones armadas, con resultados trágicos como en Urabá, y sus movimientos electorales nunca despegaron.

El cambio inesperado llegó con la tragedia del 11 de septiembre. Creó un nuevo contexto mundial y debieron transformarse los significados del discurso colombiano centrado en temas de 'guerra y paz'. Así se lo hicieron entender a Pastrana, quien puso la raya que había trazado entre guerrilleros y narcotraficantes (base ideológica del Plan Colombia) en el lugar ahora políticamente correcto: guerrilleros (o aun narcoguerrilleros) y terroristas.

La misma Politica

Puesta de presente esta fragilidad sistémica, desde la política no hay propuestas renovadoras y coherentes. Con el trasfondo de un Estado que hace agua, reina la vaguedad. Basta dirigir la ilusión de los colombianos hacia un alto fin patriótico: la paz pronta y más o menos indolora. A esto se añade el compuesto de antipolítica: acabar con la corrupción. Estas fueron las banderas de Andrés Pastrana en 1998: la corrupción es el samperismo y si negociamos con las Farc la paz está a la vuelta de la esquina.

Del mismo tono fueron las consignas que enarboló Uribe Vélez (quien viene del samperismo) cuatro años después: abajo los políticos corruptos y la paz duradera se alcanzará enfrentando resueltamente a las Farc.

Las buenas intenciones pastranistas frente a las guerrillas y la torpeza en las negociaciones, a las que se sumaron la arrogancia, las masacres y secuestros de las Farc, desinflaron el globo, justificaron el viraje de 180 grados que debió dar Pastrana y favorecieron la salida guerrerista en el electorado.

Pero con todo y nuevo presidente no estamos en un tiempo de transición de una política a otra. Ya Pastrana hizo el tránsito de una estrategia mediática e inviable de negociación a una pragmática de tonos marciales. Su principal objetivo es ampliar el campo del Plan Colombia a la lucha contrainsurgente. Y hasta ahora, propaganda aparte, éste es el principal objetivo del nuevo gobierno. Porque "duplicar el presupuesto de guerra" o "crear un millón de informantes" o pedir "la mediación de la ONU" pueden ser buena propaganda electoral pero no son programas de gobierno. En cuanto a estos últimos, Uribe Vélez ha recogido en lo fundamental el proyecto pastranista de seguridad nacional, que quizá requiera una reforma constitucional para eliminar y restringir muchas garantías y libertades consagradas en la Carta del 91 y ampliar los poderes y funciones de la Fuerza Pública.

¿Qué posibilidades tiene esta política de reducir sustancialmente el poder desestabilizador de las guerrillas? ¿Y cómo entran los paramilitares?

Parece darle prioridad a la ayuda externa mediante un renovado Plan Colombia (que fiscalmente vence en un año) que cubra la lucha contraguerrillera. Pero esta alternativa dependerá de las elecciones de noviembre. Y entre los votantes norteamericanos y en el Capitolio de Washington hay menos entusiasmo por involucrarse en el conflicto interno colombiano de lo que prevén y anuncian los estrategas de Pastrana y Uribe Vélez. Además, los escándalos en que están envueltas las dos superburocracias de seguridad, el FBI y la CIA, en relación con los atentados del 11 de septiembre, salpican a Bush y a la administración republicana y, probablemente, tendrán un costo electoral. Si los demócratas terminan controlando el Senado será mejor olvidarse de la resurrección del espíritu de la guerra fría para solucionar el conflicto armado colombiano con cargo al contribuyente norteamericano. Pero una victoria republicana tampoco garantizará que el pedido colombiano sea atendido.



El nuevo gobierno

Por eso una política seria de pacificación, dentro del marco constitucional, debe dar prelación al esfuerzo interno. Esto significa construir delicados consensos y preparar a la ciudadanía para emprender un par de reformas sustanciales: la fiscal y la militar. Es evidente que el país necesita una Fuerza Pública poderosa, moderna y legitimada y eso demanda una reingeniería a fondo de la Fuerza Pública y del Ministerio de Defensa. Como eso tiene un costo financiero, entonces hay que plantearse, finalmente, una reforma fiscal de veras y no los remedos sucesivos de los últimos 20 años.

Queda pendiente un problema de legitimidad. En razón de sus antecedentes políticos, la opinión mundial mira con lupa las relaciones del próximo mandatario y los paramilitares. Uribe Vélez tendrá que enfrentar con determinación a los paras. Máxime cuando, a raíz de la victoria electoral, los comunicados triunfalistas de los dirigentes de las AUC no ayudan para nada al próximo jefe del Estado, cuya principal misión es salvaguardar la soberanía indivisible a él confiada por una clara mayoría de los electores.

¿Será tan gaseoso el presidente electo en el trajinado asunto de la reforma política que arrancará el mismo 7 de agosto y que intenta comenzar por la anunciada revocatoria del mandato de los recién elegidos congresistas con el objetivo de instituir un Congreso unicameral de numerus clausus? Como político realista, Uribe Vélez sabe que para hacer lo que uno quiere es menester dar contento a las pequeñas ambiciones de muchos interesados. Vamos a ver cuánto tiempo y recursos debe emplear en limar asperezas con las bancadas y a qué se llega finalmente.

En suma, del nuevo gobierno podemos predicar lo que dijimos al comienzo del que ahora sale: que sus propuestas no son tan claras como sus diagnósticos y que pueden complicar la situación todavía más. Lo grave es que cunda el desaliento si el doctor Uribe Vélez empieza a enredarse en sus propias fórmulas, sobre todo con un trasfondo de economía aletargada, de empresarios exiliados, aunque de alta legitimidad política en las grandes ciudades.

Si en un par de años no hay resultados tangibles en la reforma política y en la pacificación del país, y sólo queda un cascarón de estrategia contrainsurgente, es factible la repolitización de las guerrillas, como sucedió en el cuatrienio del doctor Turbay.

Queda una esperanza: que los colombianos entendamos mejor el altísimo costo de no tener partidos fuertes y modernos, capaces de anticipar y organizar las demandas de la sociedad y las consiguientes respuestas estatales. Que no es suficiente sacar de la manga salvadores carismáticos, independientes de ocasión que, apoyados en técnicas mediáticas, rebasan, como es obvio, maquinarias duras de oídos, incapaces de seguir el ritmo de la sociedad colombiana.

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