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Opinión

  • | 2017/03/10 08:26

    Cambiar de estrategia y conservar el territorio que nos queda

    El asunto con Nicaragua es tan delicado que pone en juego la integridad del territorio nacional. No podemos improvisar más.

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Colombia está punto de perder ahora parte de nuestra plataforma continental submarina y podemos ser obligados a cumplir la sentencia de 2012 por la Corte Internacional de Justicia (en adelante la Corte) y, Dios no lo quiera, también por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según lo previsto en el artículo 94 de la Carta de esta organización, sino adoptamos una política seria y congruente con Nicaragua.

No estamos exagerando. Hemos perdido en todos los fallos e instancias con Nicaragua en la Haya (2007,2012 y 2016). En este momento se encuentran en curso dos demandas contra Colombia ante la Corte. Una del 16 de septiembre del 2013 en que Nicaragua pretende que se le reconozca una plataforma continental submarina extendida más allá de las 200 millas desde donde se mide su mar territorial, y otra del 26 de noviembre del 2013 alegando el incumplimiento de Colombia del fallo del 19 de noviembre del 2012.

Según el procedimiento establecido por la Corte y de acuerdo con las partes, se fija una fecha para la presentación de la Memoria de la parte demandante o demanda ampliada y otro para la contramemoria de la parte demandada para desvirtuar las aseveraciones de la primera. En nuestro caso, en el proceso por incumplimiento, el pasado 26 de noviembre, Colombia después de varias idas y venidas concurrió finalmente a la Corte para presentar la contramemoria, cuyos argumentos conocidos no nos parecen muy pertinentes para el caso.

En lo que hace relación con las pretensiones a una plataforma extendida, Nicaragua debía presentar la respectiva memoria el 28 de noviembre del 2016 y Colombia su contramemoria el 28 de septiembre del 2017. ¿Estamos preparados para ello? ¿O simplemente vamos a seguir con las improvisaciones y errores cometidos durante los diez años de la controversia con Nicaragua?

Este espinoso tema no puede seguir siendo un asunto marginal de nuestra política exterior. No podemos improvisar más en un asunto tan delicado en que está en juego la integridad del territorio nacional.
La verdad es que la posición de Colombia ha sido muy deficiente. El internacionalista y expresidente de la República Alfonso López Michelsen, quien dedicó tantos años al estudio a esta desafortunada controversia, sostuvo que el pleito con Nicaragua ha sido “una comedia de equivocaciones”. Yo comparto las apreciaciones del ilustre expresidente. Basta hacer un recuento histórico y cronológico para comprobarlo.

El 5 de diciembre del 2001, un día antes de que Nicaragua presentara su primera demanda contra Colombia, Guillermo Fernández de Soto, canciller de la administración de Andrés Pastrana, retiraba la aceptación que el país había hecho en 1937 de la jurisdicción obligatoria de la Corte permanente de justicia con una importante reserva en el sentido de no aceptarle sino por hechos posteriores al 6 de enero de 1932.

En esta forma se instauraba una política internacional seguida por gobiernos posteriores, en el sentido de apartarnos de todo el sistema para la solución pacífica y obligatoria de las controversias a nivel mundial y luego regional, cuando denunciamos posteriormente el Pacto de Bogotá. Colombia quedó sin ningún instrumento jurídico para defenderse en el futuro.

El 8 de julio del 2008, el presidente de Álvaro Uribe Vélez se apartó de lo que habíamos sostenido por casi diez años, en el sentido de considerar como límite marítimo entre las dos naciones el meridiano 82 de Greenwich sugerido por Nicaragua y plasmado en el Acta de Canje del tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. En su lugar se propuso la línea media, que no sólo tuvo el rechazo de los “raizales” sino que no fue aceptada por la Corte.

El 27 de noviembre del 2013 la canciller María Ángela Holguín denunció con efecto inmediato el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá, suscrito el 30 de abril de 1948 en el Gimnasio Moderno durante las sesiones de la IX Conferencia Panamericana celebrada en la capital colombiana.

La idea de este gobierno era evitar cualquier referencia al procedimiento obligatorio ante la Corte cuando fue Colombia la que lo propuso para que ningún litigio entre los Estados americanos quedara sin solución. Sin embargo, el Pacto de Bogotá se convirtió en el causante de todas nuestras desgracias con Nicaragua y no faltaron voces como la del expresidente Andrés Pastrana que insinuaron que el canciller y luego presidente de la República, Alfonso López Michelsen, al ratificar el Pacto de Bogotá había metido a Colombia en algo que podría ir en contra del país. Todo lo contrario, se actuaba conforme a nuestra tradición de respeto y acatamiento al derecho internacional.

En esa misma óptica, el presidente Santos demandó por inconstitucional la Ley 37 de 1961, aprobatoria del Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional y después de la segunda derrota sobre las excepciones preliminares presentadas por Colombia con base en el efecto inmediato del Pacto de Bogotá, declaró (17 de marzo del 2016) que “Colombia no va a seguir sujeto a la decisión de un tercero y que los temas bilaterales se debían abordar en negociaciones bilaterales”. Menos mal que la decisión se revocó, como dijimos, el pasado 26 de noviembre con la presencia de Colombia en la Corte.

El manejo de la controversia con Nicaragua ha sido excluyente e improvisado. Eso explica de por sí el rechazo sistemático que ha tenido mi tesis en la Cancillería al proponer que se declarara San Andrés archipiélago de Estado”, o “Doctrina Gaviria”, como la denominó generosamente el expresidente López Michelsen. Simplemente lo que se propuso era unir todas las formaciones insulares del Archipiélago de San Andrés por líneas de base rectas y, ya como una sola unidad, proceder a la delimitación marítima con Nicaragua y no como se hizo, isla por isla, con las consecuencias conocidas.

De haberse procedido de esta forma, como lo demuestro en mi último libro sobre el tema, la Corte no habría podido trazar las líneas como lo hizo y nos habríamos evitado la desintegración de nuestro archipiélago caribeño y perder enormes porciones de mar.

En su lugar, el Gobierno inventó una figura de “zonas continuas integradas” desconocidas por el derecho internacional y que ya fueron rechazadas por Nicaragua. Finalmente, en este corto inventario de actuaciones equivocadas, no se puede dejar de mencionar la constitución de grupos de expertos colombianos que no se oyeron y la contratación de firmas extranjeras para que nos asesoraran, las cuales cobraron precios exorbitantes sin que se conozcan ni la suma ni sus informes, que el país tiene derecho a conocer.

Es urgente para no perder lo que nos queda del Archipiélago de San Andrés darle un viraje radical al manejo de la controversia con Nicaragua con personas que entiendan y manejen estos asuntos tan delicados del derecho internacional del mar. De lo contrario, perderíamos por cuarta vez y sería otra vergüenza nacional.

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