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Opinión

  • | 2017/05/26 11:00

    Epístola a los Farianos

    No es del todo mala idea que alguien evite que vuelvan “trizas” la Constitución.

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Señoras y señores adversarios: adviertan ustedes, y quienes me lean, la importancia del apelativo que empleo. Usarlo comporta un esfuerzo porque la memoria es terca y la televisión nos trae con cierta frecuencia imágenes de los crímenes cometidos por ustedes. Pero al margen de un historial terrible, del que también hay responsables del lado del “establecimiento”, ahora se trata de que sean nuestros contendores en la arena política, carentes de armas y gobernados por las mismas instituciones y normas.

Pero adversarios en fin de cuentas: nadie es tan cándido para creer que el lenguaje ecuánime que han decidido usar, y que mucho ayuda en el proceso en el que andamos, implica que hayan abandonado la ideología comunista o comunitaria que inspira tantos aspectos del Acuerdo Final. Lo demuestran los forcejeos de estos días sobre la “reforma rural integral” que, en mala hora, se incluyó en ese documento. No lo digo porque no sea necesaria, que lo es, sino porque materia tan importante tendría que haber sido producto de un gran pacto nacional, no de un entendimiento con un reducido estamento de la sociedad cuya fuerza se sustentaba, antes de su decisión de reintegrarse a la vida civil, en su capacidad de daño e intimidación.

Entiendo que les haya molestado la sentencia de la Corte Constitucional sobre dos componentes del denominado Fast Track, la cual califican como generadora de grave inseguridad jurídica. ¡Bienvenidos al Club! Desde esta orilla ese instrumento es visto como la madre de todos los agravios al sistema legal. El procedimiento especial acelerado, dispuesto por el Congreso para que fuera aplicable en la hipótesis de que en el Plebiscito triunfara el Sí, fue habilitado por la Corte para que operara con base en una simple resolución parlamentaria: un acto de alquimia extraño a cualquier teoría jurídica respetable. Nosotros ya tragamos esa pócima amarga; justo es que cada quien tenga su dosis.

Es necesario considerar si hay razón para que el compañero Timo, en carta a Santos, haya dicho que esa determinación judicial ha puesto en “cuestión la seriedad del Estado colombiano ante el mundo”; o que el compañero París haya salido a proponer una constituyente. Lo primero hay que rechazarlo de plano: si ustedes no aceptan que el control constitucional es eje del Estado de Derecho, las bases mismas del Acuerdo están en entredicho. Y en cuanto a la propuesta de una constituyente, cuyos integrantes tendrían que ser en su totalidad elegidos por los ciudadanos, diré que la veo factible pero poco conveniente para las Farc. Podrían perder todo lo muy bueno que consiguieron en la mesa de La Habana.

Veamos, entonces, qué fue lo que dijo la Corte: (I) que se pueden introducir enmiendas sin aval del Gobierno; (II) que no se puede constreñir al Congreso para que vote “en bloque”. Lo primero ya era, de facto, así; muchos parlamentarios habían decidido no jalarte “a la disciplina para perros” y dejado saber que si no les aceptaban ciertas propuestas votarían en contra. Y respecto a lo segundo, cabe señalar que el Congreso motu proprio podría, en cada caso, decidir que se vote en bloque. Además, que un proceso de deliberación pausado puede atenuar el déficit de democracia que mancilla el contrato Timo-Santos.

Es que no puede olvidarse que ese pacto fue derrotado en las urnas, resultado sorprendente por cuanto el proceso electoral no fue conducido por el Gobierno y la coalición mayoritaria con plena lealtad. Recordemos “travesuras” -por así llamarlas- tales como la reducción ad hoc del umbral electoral, la habilitación de los funcionarios públicos para que, en contra de una tradición inveterada, pudieran votar; el derroche de propaganda oficial; el discutible dilema entre guerra y paz; la negación de fondos estatales a la oposición para hacer campaña; la manipulación de la pregunta formulada a los ciudadanos (se ocultó que se nos invitaba a votar por el texto suscrito con las Farc).

Por eso no puedo suscribir las palabras del maestro De la Calle, en su reportaje del domingo pasado: “Hay un acuerdo y un deber ético de cumplirlo”. Dudo. Algún grado de razón, por mínimo que sea, tendrán los ciudadanos que portan el símbolo del conejo en la solapa, y los millones de descontentos que las encuestas reportan.

El reciente revés del Gobierno y las Farc en el foro de la Corte puede ser preludio de otros pues el proceso de revisión constitucional apenas comienza con relación a las normas de implementación ya expedidas, faltando más de la mitad por expedir. Es bueno, señores adversarios, que vayan pensando qué hacer si la Corte enmienda las páginas ya escritas. A pesar de todas las maniobras que se hicieron para “blindarlas”, ustedes sabían que no era posible “amarrar” a la Corte. Ella misma lo había dicho con claridad: si el Plebiscito hubiere sido aprobado habría generado obligaciones para el Presidente y nadie más. Con mayor razón habiendo sido esa propuesta rechazada en las urnas.

Por último, les encarezco que reflexionen sobre la conducta que seguirán en caso de que el Gobierno que los colombianos elijamos el año entrante tenga una orientación diferente a la actual. Desde esta tribuna he dicho que sería insensato hacer “trizas” el Acuerdo, pero de lo que no puede haber duda es que un nuevo Gobierno podría liderar cambios a la legislación que se está expidiendo por unas mayorías que podrían esfumarse en los próximos comicios. El cerrojo que por doce años se impuso a la soberanía del Congreso puede saltar por los aires. Vaticino que así sucederá.

Ese curso posible de los eventos políticos tendría que servir para lograr un consenso renovado que incluya a las Farc, la coalición que hoy gobierna y el sector de la sociedad que respalda el Acuerdo. Pero también a las mayoritarias que votaron en contra en el Plebiscito y que no consideran prioritario el pacto con las Farc en la agenda nacional. Tomen nota: solo el 2.5% de los colombianos cree que implementarlo debe ser la prioridad del próximo Gobierno.

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