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Opinión

  • | 2012/11/25 00:00

    Colombia, ¡Despierta!

    El respeto que se le debe a la Corte Internacional de Justicia, no incluye, indulgencia y sometimiento a sus errores, máxime si son flagrantes y deslegitiman sus decisiones.

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Todo fallo, sentencia o laudo, merece respeto y acato, sin perjuicio que las partes en contienda puedan interponer recursos cuando se profane el debido proceso, el derecho a la defensa o cuando el juzgador desconozca hechos o derechos con valor probatorio, o, abusivamente se arrogue potestades que no le competen. Esto último, lo acaba de hacer la Corte de La Haya.

Es claro que el fallo de la Corte violentó el Derecho Internacional; afectó derechos de terceros países; invadió la autodeterminación de varias naciones: incurrio en incongruencia al conceder más y distinto de lo pretendido; y, creó una extravagante jurisprudencia en materia de delimitación de aguas territoriales.

Tambien es claro que la Corte no se limitó a definir los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua al amparo del Tratado Esguerra-Bárcenas, sino que, además, alteró tratados de estas naciones con terceros países, creando un nuevo mapa que perturba el orden geopolítico del Caribe.

Al comprometer derechos de terceros países no vinculados el proceso, la Corte volentó el artículo 59 de su propio Estatuto, que dice: “La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido”.

Lo anterior supone que, para que Colombia pueda cumplir el fallo, obligatoriamente debe modificar sus fronteras con otros países, lo que terminaría siendo, también para ellos, una imposición inadmisible. Este mayúsculo yerro hace inejecutable el fallo; contrario a derecho y lo vicia de nulidad.

Pero más grave resulta para la comunidad internacional, la nueva y aventurada doctrina de la Corte, que pretende alterar los principios que rigen la delimitación de las áreas marinas adyacentes a costas y archipiélagos (Mar territorial, zonas contiguas y económicas exclusivas).

Y qué decir de los graves daños económicos que causaría a Colombia el cumplimiento del fallo, por causas ajenas y desconocidas al litigio, como sería el despojo de una zona económica sobre la cual Colombia ha ejercido soberanía y posesión quieta y tranquila.

El presidente Santos está en mora de manifestarle a la Corte, su respeto y acato a sus decisiones, pero siempre y cuando, ellas no quebranten el orden jurídico internacional; respeten la soberanía y la autodeterminación de las naciones; y no desconozcan los tratados internacionales y el principio Pacta Sunt Servanda.

Para no incurrir en desacato ante la Corte, el Gobierno debe presentar a la mayor brevedad posible, Demanda de Aclaración induciendo a la Corte a la “revisión” del fallo, y manifestando que, de no corregirse sus graves errores, se abstendrá de acatarlo y denunciará su ilegalidad ante la OEA, las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad.

Colombia no puede permitir que se mutile y desmembré su Archipiélago de San Andrés por un fallo contrario a derecho que puede provocar un litigio mayor al que pretendió resolver; tampoco debe desconocerlo sin antes intentar su aclaración (revisión), y de no darse, prepararse para probar su improcedencia e ilegalidad.

Ojalá que el presidente actúe pronto y con firmeza; que no anteponga sus intereses a los de la Nación; y que no vivifique la pérfida prédica de “Perder es ganar un poco”.

*Abogado especializado en Derecho Comercial, Financiero y del Comercio Internacional. Director de Rodriguez-Jaraba & Asociados. Profesor universitario.
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