Colombia generador de paraísos fiscales

El principio de autoridad jamás puede ser ambivalente, máxime cuando se trata de decisiones que afectan la imagen de nuestro país en el exterior. La decisión final estuvo bien en cuanto devuelve la tranquilidad a los inversionistas colombianos, pero, no a los  expertos en fuga de capitales y lavado de activos, que ya debieron prender las alarmas para tecnificarse mejor.

Para nadie es un secreto que nuestro país se debate en la peor crisis económica de toda su historia, se cree que el déficit puede estar por el orden de los 12.5 billones de pesos, todo empezó con los derroches de la campaña reeleccionista, el gobierno no tuvo  ninguna consideración con el gasto público, fue cuando se acuño el término: “mermelada,” para indicar la forma descarada en que el presidente Santos, compró la conciencia popular a través de los gamonales políticos para hacerse reelegir. 

En sola propaganda presidencial se dice que gastó más de dos billones y medio de pesos. Desde luego que las arcas deben estar vacías, y una forma de tapar semejante hueco fiscal era acudiendo a la declaratoria de los paraísos fiscales, donde algunos colombianos guardan sus dineros para evitar que sean dilapidados por los agentes de la corrupción.

Sea esta la oportunidad para decir que la austeridad del gasto público debe empezar por el Estado, pero, ejerciendo un  verdadero control, para que los ciudadanos se sientan seguros y paguen sus tributos sin ninguna desconfianza y evitar así la fuga de capitales.

Los paraísos fiscales, son la consecuencia del cobro desmedido de impuestos; las altas tasas de interés y demás tributos que se cobran a la repatriación de capitales. Al gobierno debería darle vergüenza que esto suceda, puesto que, son miles los ciudadanos que se niegan a repatriarlos, puesto que son el fruto del trabajo honrado y al hacerlo inmediatamente quedan bajo el yugo de la explotación. 

El gobierno con su ministro de Hacienda a la cabeza, no puede salir a darse golpes de pecho, puesto que para el empresario: industrial, comerciante, importador y exportador honestos, les es más rentable y menos engorroso generar sus actividades comerciales y financieras desde un paraíso fiscal, que desde el interior de su país.

La situación que se generó con la expedición del decreto declarando a Panamá, paraíso fiscal, estuvo a punto de provocar un colapso bilateral; desde siempre han tenido muy buenas relaciones en todos los órdenes, Colombia y Panamá, han sido aliados para combatir el crimen organizado; de no haberse retirado, se ha podido presentar un receso en el comercio internacional de incalculables consecuencias, puesto que para Colombia es el puerto de lanzamiento para la exportación e importación de mercancías en conexión con la mayoría de los países  del mundo.

El presidente Santos no ha debido hacer tal declaratoria en forma unilateral, debió acudir a la Organización de Estados Americanos o a la Ocde, para hacerlo en forma multilateral con el acompañamiento de un grupo de Países que están viviendo la misma situación.

La reunión que el día viernes 17 de octubre tuvieron las cancilleres y que no se llegó a ningún acuerdo, indicaba que la situación no estaba nada fácil de resolver, y que al agotarse los siete días de plazo dados por el gobierno panameño para ser excluido de la lista, muy posiblemente empezaría a generase una serie de medidas de retorsión, que indudablemente perjudicaría  a los miles y miles de colombianos con dineros, y negocios en el país centroamericano,  y sobre todo con los proyectos de importación / exportación.

Otras medidas de retorsión que ha podido tomar Panamá contra Colombia serían: la de exigir visa a los colombianos; cobrar por el tránsito de buques, lo que perjudicaría notablemente la actividad del comercio internacional, pero, también debemos tener en cuenta que se frenaría el programa de interconexión eléctrica por el tapón del Darién, y muy seguramente la cooperación bilateral contra el crimen organizado no tendría hacia el futuro los mismos efectos y obligaciones. Además el TLC, entre Colombia y Panamá, entraría en una etapa de suspenso, con el consecuente peligro de fijar gravamen arancelario para nuestros productos. 

Lamentablemente también la situación de Colombia frente a Panamá, está creando una serie de sentimientos adversos por el comportamiento criminal y delincuencial de algunos compatriotas residentes en ese país, como el que se presentó hace unos días frente a la residencia de la expresidenta Mireya Moscoso, que ha sido repudiado por varios líderes políticos y altos mandos del gobierno, generándose la figura de animadversión hacia Colombia. 

Entendemos que la molestia de Panamá es totalmente infundada, dado que Colombia no ha sido el único país en correrle el velo como Paraíso  fiscal, de la misma forma, se ha actuado con otros países a través de la Organización para el Desarrollo Económico, que junto con: Antigua, Bahamas, Aruba, Isla Canarias, Islas Vírgenes y Mónaco, los tenían fichados desde hace varios años, puesto que a través de ellos se mueven impresionantes sumas de dinero de no muy clara procedencia.

Los lasos económicos y políticos entre ambos países, son muy estrechos, la inversión Colombiana en Panamá, está estimada en 7.000 millones de euros, y más de la cuarta parte de la banca, está controlada por Colombianos, con más de doscientas compañías dispersas por todo el país Centroamericano.  

Considero que una de la forma más práctica de poner fin a esta incertidumbre, es la declaratoria de una amnistía, para que, los colombianos que deseen repatriar sus capitales, lo hagan, sin que tengan que padecer las consecuencias de la usura del Gobierno, que siempre está listo para recibirlos, pero, para posteriormente estrangularlos económicamente.

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