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Opinión

  • | 2016/11/24 13:01

    El país en una nueva etapa de su historia

    Una que busca erradicar del escenario nacional la violencia como arma política.

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Sólo pasan a la historia los líderes capaces de comprometerse con grandes causas. Pero esas grandes causas, que siempre implican cambios profundos, no se pueden llevar a cabo por consenso, menos aún por unanimidad. Entre nosotros el doctor López Pumarejo no hubiera podido llevar a cabo las reformas de la “Revolución en marcha” como aquella de que la propiedad es una función social, si hubiera querido evitarse la oposición del doctor Laureano Gómez que incluso amenazó con “hacer invivible la república”. Sólo cuando se confronta una guerra exterior los países se unen monolíticamente alrededor de quien encarna la máxima autoridad.

Es que la discrepancia, el pensar diferente y el luchar por los intereses propios, es absolutamente legítimo en las democracias. Como también lo es que el jefe de gobierno ejecute sus propias políticas, las que salieron victoriosas, en el marco de la Constitución. El presidente Santos se ha propuesto un gran reto: conseguir la paz con las Farc que es presupuesto de la paz con el ELN y del sometimiento a la justicia de las llamadas Bacrim. Errores graves como el del plebiscito no es óbice para reconocer el valor con que está acometiendo su tarea. De lo que se trata es de que las Farc, como dijera el maestro Echandía “no eche balas sino lengua” en las plazas, en la radio, en la televisión, en el Congreso, en las Asambleas, en los Concejos, siempre dentro del marco de la legalidad.

Hoy se firma el nuevo acuerdo de paz que solamente no fue modificado en alguna medida, en temas relevantes, en un solo punto inevitable: El de la elegibilidad. Y no podía ser de otra manera porque de lo que se trata es de que dejen las armas y hagan política como cualquier otro partido o movimiento. Como dijera  Felipe González: de que cambien las botas por los votos.

En la oposición al acuerdo sólo queda el Centro Democrático con un líder recursivo, infatigable y obstinado, a quien las contradicciones no lo afectan en su prestigio, y sus equivocaciones sobre todo en materia de nombramientos cuando era presidente, tampoco. Según él los guerrilleros, fundamentalmente la cúpula de las Farc, deben ir a la cárcel o por lo menos a granjas agrícolas; no deben hacer política y menos aún  tener el derecho a hacerse elegir hasta tanto no hayan pagado sus condenas; deben ser susceptibles de extradición y en ningún caso el combustible que financia  todas nuestras violencias, que es el narcotráfico, debe ser considerado delito conexo con el de rebelión. No pensó siempre así el doctor Uribe. Cuando era presidente y buscaba la paz negociada con el ELN en Cuba y con las Farc, con la cual no pudo lograr negociaciones, pensaba lo contrario, como lo ha puesto de manifiesto en el Congreso, documento en mano, su “compadre” el senador Roy Barreras. También en su columna de la Revista Semana el periodista Daniel Coronel, y en su libro “El hombre clave” Henry Acosta Patiño cuando narra que el presidente Uribe pensaba en Francia y no en la cárcel o en colonias agrícolas para los guerrilleros de las Farc: “Dígales que entreguen esos fierros, que yo ya hablé con el presidente Sarkosy, de Francia, y él los recibe a todos allá”. Henry Acosta le puso de manifiesto que eso equivalía a un destierro. Le dijo: “la ley de destierro se acabó en este país hace cien años, señor presidente. Usted se puede ofender por lo que le voy a decir, pero ni usted va a derrotar a las FARC ni las FARC lo van a derrotar a usted. Este es un conflicto de nunca acabar, es mejor negociar este conflicto. …Y me dijo el Presidente Uribe: -Bueno, Henry, usted resuelve pero ese es mi mensaje”. (Aguilar, 2.016, p.71 y 72) Cuán lejos estábamos de la cerrera defensa actual de cárcel para los guerrilleros.

El país a partir del día de hoy entra en una nueva etapa de su historia. Una que busca erradicar del escenario nacional la violencia como arma política.

Debemos hacerlo de la mano de la Constitución. El Gobierno debe apoyarse en ella para darle legitimidad a sus acciones en lugar de buscar reformas ad hoc con base en sofismas.  Es mucho el tiempo que hemos perdido para comenzar la implementación de los acuerdos por cuenta del error del plebiscito, para que ahora en beneficio de la rapidez se quiera desmontar la Constitución del 91. 

En estos días debe la honorable magistrada María Victoria Calle presentar ponencia sobre mi demanda contra el Acto Legislativo 1 de 2.016  conocido con el nombre de “Vía rápida”. He sostenido que este Acto Legislativo establece que las leyes son aprobadas en cuatro debates y que las reformas constitucionales también. Esto implica pasar del principio de rigidez constitucional al de Constitución flexible con la consecuencia inevitable de eliminar la Supremacía de la Constitución sobre la ley, lo que deja sin oficio a la Corte Constitucional encargada de la guarda de la integridad y  Supremacía de la Carta.

Creo que para decidir la Corte debe entender que el Acto Legislativo impugnado no modifica el a.157 de la Constitución según el cual todo proyecto para convertirse en ley necesita ser aprobado en primer debate en cada una de las Cámaras. Lo relevante jurídicamente no es el número de debates sino el número de aprobaciones. Según el A.L. impugnado las Comisiones sesionarán conjuntamente para debatir los Proyectos de Ley pero éstos serán necesariamente  aprobados en cada una de las Comisiones de las dos Cámaras por aparte. Pues así lo establece el artículo 157 de la C.P. que no podrá ser obviado sin que se viole la Constitución por inaplicación de este artículo según el cual es requisito, para que un proyecto se convierta en ley: “Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente Comisión permanente de cada Cámara”. Quiero significar que lo relevante es la aprobación en la Comisión de cada Cámara, aunque las Comisiones sesionen conjuntamente.     

No se puede violar la Constitución con el argumento de que debemos ser realistas, eficaces, eficientes, rápidos. La civilización jurídica consiste exactamente en lo contrario. De ahí que una de las características de las Democracias avanzadas de Europa y Norte América sea que nadie, ni el presidente, ni el Congreso, ni las Cortes, menos aún los ciudadanos, están por encima de la Constitución y de la ley ni siquiera invocando los apremios de la realidad. Ello se debe al triunfo,  primero, del Estado Liberal de Derecho, y después de la Constitución del 1.991, del Estado Constitucional de Derecho.

La Constitución no es la responsable de los retardos, si es que éstos se producen, pues respetando la Constitución es posible expedir ya leyes como la de la amnistía, la que tiene que ver con la Reforma Rural Integral y la que le conceda facultades extraordinarias precisas al presidente.

¿Por qué no proceder?  

Constituyente 1.991*

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