Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2000/07/31 00:00

Colombia: una mirada

El proceso de paz sin hechos de paz de parte de la guerrilla y con un paraíso de impunidad en el Caguán, es un avance táctico de la insurgencia en el camino de la toma del poder.

Colombia: una mirada

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La confianza y la solidaridad se han deteriorado. Los colombianos desconfían entre sí, ellos y los extranjeros desconfían en Colombia, con grave perjuicio para la inversión y el empleo. También muestran los estudios de opinión que la otrora solidaridad se ha desvanecido y ha ganado mucho espacio la actitud de salvarse en lo individual con desinterés por la suerte colectiva.

Varias causas concurren a explicar el retroceso del capital social. El narcotráfico afectó el respeto a la ley como garantía de lo público, la injusticia distributiva debilitó los lazos entre grupos sociales y económicos y los grupos armados, inculcando el odio y la lucha de clases como medios de acción política, golpearon severamente la fraternidad.

En un país que requiere generar 600.000 empleos por año, el deterioro del capital social se traduce en graves repercusiones económicas.

Para recuperar el capital social, que es premisa de existencia de la comunidad, deben ser consideradas, entre otras, dos proposiciones:

Es necesario edificar una sociedad con equidad, competitividad y productividad; y, se requiere, construir una comunidad con ciento por ciento de tolerancia al pluralismo y cero tolerancia al crimen.

La productividad y la competitividad garantizan los ingresos para hacer viable la equidad, y esta la armonía social sin la cual aquellas no se dan.

Para lograr la equidad es necesario reconocer la deuda social, definir el sector líder para superarla, buscar resultados concretos en materia de reivindicaciones y tomar decisiones sobre las fuentes de recursos para financiarlas.

La deuda social presenta entre sus componentes 3.000.000 de niños en edad escolar sin acceso a la educación, el 55 por ciento de los bachilleres sin universidad ni oportunidades de capacitación técnica, un faltante de 1.500.000 viviendas de interés social, 7.000.000 de colombianos más pobres todavía sin acceso al Régimen Subsidiado de Salud, 21 por ciento de desempleo general y 11 por ciento en el sector de los profesionales.

Para construir equidad, el sector líder, no el único, debe ser la educación, por su capacidad de impulsar el desarrollo y de abrir los canales de ascenso social. Con la reubicación de profesores no bastará para llegar a la cobertura total en los años básicos de escolaridad. Se exigen recursos y modelos de participación de los ciudadanos, como la contratación de cupos con entidades sin ánimo de lucro y el experimento de colegios oficiales administrados por organizaciones comunitarias.

La universidad pública necesita apoyo y esfuerzos a su interior para ser austera y eficiente. La fusión de algunas es necesaria para ganar en economías de escala. De ahí la importancia de la Universidad Nacional del Caribe, propuesta por el actual Ministro de Educación.

El Sena está haciendo un valioso aporte a los programas de ciencia y tecnología, pero apenas comienza. Con 580.000 millones de presupuesto, necesita transformarse para pasar de 24.000 aprendices, a capacitar en oficios técnicos 150.000 colombianos por año.

Para financiar lo social existen tres caminos, que son el tributario tradicional, hoy sin posibilidades, la expansión de la economía a partir de la seguridad ciudadana y el traslado de recursos que se sustraigan de la corrupción y la politiquería.

La capacidad contributiva de los colombianos está agotada. La reforma tributaria en trámite, escasamente aportará 1,2 billones, que equivale a mantener el impuesto a las transacciones financieras. Resulta imposible gravar a los ciudadanos con nuevas cargas, en una economía, que si bien es injusta en la distribución, se encuentra en un prolongado período de empobrecimiento general. En efecto, hay 12 millones de colombianos en la miseria, la pobreza ha pasado del 52 por ciento al 56 por ciento y durante los últimos años los empresarios han perdido el 40 por ciento de sus patrimonios. El ingreso per cápita coreano está cercano a los 11.000 dólares, el colombiano ligeramente inferior a los 2.000, y en 1960 eran iguales. También hemos perdido en el escalafón económico del Continente.

La expansión de la economía necesita fundamentalmente seguridad ciudadana. Con 25.000 homicidios por año y el 50 por ciento de los secuestros del mundo, serán limitados los resultados de la tasa de cambio actual, que con el plan estratégico exportador y la más razonable tasa interna de interés, empiezan a configurar un mejor marco para la producción nacional. Es cierto que hacen falta ajustes al modelo de comercio exterior, un plan de choque para financiar vivienda social e infraestructura con miras al empleo de corto plazo, así sea con recursos del Banco de la República, agresividad financiera, tecnológica y de nuevos proyectos en el campo, con el concurso público y privado, pero sin seguridad ciudadana, los campesinos y los empresarios agropecuarios, que constituyen una excelente ventaja competitiva, irán desapareciendo.

Sin seguridad ciudadana la inversión nacional y extranjera seguirán siendo mínimas, como también el incremento de la tributación para la inversión social.

La seguridad necesita cuatro elementos: un concepto democrático, medios, voluntad política y acompañamiento ciudadano a la fuerza pública. La seguridad es para todos, para que no secuestren al empresario y no asesinen al sindicalista, para que los ex guerrilleros hagan política, sin amenazas, una vez dejen de ser guerrilla. Los países vecinos tienen cuatro policías por cada 100 habitantes, aquí hay 1,2. Tenemos el gran reto de concebir una fuerza pública suficiente, bien dotada y eficaz, a pesar de las dificultades fiscales. El Plan Colombia, social y militar, puede ser de gran ayuda para eliminar la droga y desfinanciar la guerra. Debe apoyar el pago de un subsidio de cinco millones al año a cada campesino cocalero, con la condición de no sembrar droga y cuidar la regeneración del bosque. Además, se requiere la acción de los 3.000 soldados y de los 60 helicópteros para erradicar semejante negocio criminal. La voluntad política de las autoridades civiles para derrotar el crimen tiene que ser la constante y no la excepción. Las organizaciones ciudadanas deben apoyar a la fuerza pública y eso es diferente del paramilitarismo.

Un Estado fuerte cumple con los derechos humanos. El ejercicio de autoridad libera a los colombianos del azote de los poderes irregulares.

Para financiar la inversión social es urgente derrotar la politiquería y la corrupción. El referendo no es todo pero es un buen paso. La reforma del Congreso puede frenar e invertir el descrédito de esta institución y los partidos políticos, cuya decreciente credibilidad, amenaza con convertirnos en una democracia sin pueblo. Bastaría con una Cámara, pues la opinión vigilante cumple funciones de la segunda, como las garantías a las minorías y el mejoramiento del producto legislativo. Que por lo menos se apruebe una disminución sustancial del número de congresistas a partir de 2002 y de inmediato se les eliminen los privilegios salariales y prestacionales. Una Nación en vía de descentralización no puede debilitar las asambleas y concejos, pero tiene que obligarlos a ser austeros. De continuar el derroche y la falta de inversión social en departamentos y municipios, el pueblo no sentirá la importancia de nuevas propuestas de aproximaciones federales. En ese sentido debería considerarse la eliminación de las contralorías y su sustitución por la justicia ordinaria y auditores externos que ahorrarían 180.000 millones.

Una buena reforma debería ahorrar 600.000 millones y asegurar su destino a la cobertura total de educación básica.

Muchas entidades del Estado cuestan mucho y no generan resultados sociales. Están obligadas a superar la politiquería y los excesos sindicales. La preocupación no debe ser por anular lo público sino por obtener beneficios sociales.

El proceso de paz sin hechos de paz de parte de la guerrilla y con un paraíso de impunidad en el Caguán, es un avance táctico de la insurgencia en el camino de la toma del poder. La tregua debe entenderse como un cese de hostilidades por parte de la guerrilla contra la población, la fuerza pública y la infraestructura. Debe ser completa, suspensión de todos los delitos, seria y vigilada por la comunidad internacional. Sin campamentos por fuera del Caguán y con la posibilidad de subsidios si cumplen la tregua y abandonan la droga. Sería una prerreinserción, que necesita generosidad, en la misma forma que se demanda firmeza contra el crimen.

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