Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2016/03/18 18:10

Salgámonos también de la Corte Penal Internacional

No tiene sentido entregarle a un tercero decisiones de seguridad nacional y paz territorial.

Alfonso Cuéllar.

Durante unas pocas horas el 19 de noviembre de 2012, fecha en la cual la Corte Internacional de Justicia anunció su fallo sobre el litigio entre Nicaragua y Colombia, hubo momentos de gran tensión en Managua. El gobierno de Daniel Ortega debía explicarle a su pueblo que la pretensión histórica de obtener la soberanía de las islas de San Andrés y Providencia y los cayos adyacentes había fracasado. Si bien la Corte ya había negado esa solicitud en 2008, la propaganda oficial mantenía vigente esa ilusión. En el imaginario popular, valen más metros de tierra firme que un acceso a miles de kilómetros de mar. Es la diferencia entre lo tangible y lo intangible.

Con el paso de los minutos, al conocerse la reacción en Colombia –¡Perdimos! fue el grito unánime nacional- cambió el panorama. Nicaragua se declaró ganador absoluto y ha obrado bajo esa premisa (equivocada) desde entonces.

Hoy nos recuperamos del nuevo golpe de La Haya. El jueves pasado la Corte se declaró competente para revisar el fondo de dos nuevas demandas de Nicaragua. Independiente del razonamiento de los ilustres magistrados, no me sorprendió ese desenlace. Por su naturaleza, esos tribunales hacen hasta lo imposible para expandir su jurisdicción (para eso les pagan). Y utilizan cualquier argucia legal para justificar su preeminencia –como quedó demostrado con su decisión de volver a pronunciarse sobre una cosa juzgada-.

Entiendo y comparto la determinación del presidente Juan Manuel Santos de no comparecer más ante esa corte y buscar, en cambio, un acuerdo directo con Nicaragua. Volveremos a ser parte de la inmensa mayoría de las naciones que no delegan la resolución de sus diferencias limítrofes a unos ilustres togados en Holanda. Es llamativo que los casos que ocupan el tiempo de esos juristas son unas demandas de las islas Marshall contra India, Pakistán y el Reino Unido y otra de Nicaragua contra Costa Rica.

Con el fin de evitar nuevas ingratas sorpresas en el futuro, sería conveniente que denunciáramos el Tratado de Roma y nos saliéramos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Nunca he sido amigo de ese afán colombiano de adherirse a tratados porqué sí o porque está de moda. Muchas veces se adquieren compromisos imposibles de cumplir, que maniatan la capacidad del Estado para resolver asuntos internos. Por ejemplo, en un momento de efervescencia, hace unos años supeditamos nuestra justicia al CPI. Se esperaba que esa acción sirviera de aliciente a los grupos terroristas (AUC, FARC, ELN) para que cesaran en la comisión de crímenes contra la humanidad. Era el garrote, dada la incapacidad del Estado para castigarlos. No sirvió. Continúo el frenesí de masacres y secuestros.

Ahora que se negocia con las FARC su desmovilización e incorporación a la sociedad, se exalta al CPI como garante de que los guerrilleros no vuelvan a delinquir. Se equivocan. Lo único que asusta al Secretariado es la extradición y ese tema es del resorte del gobierno y la justicia de Estados Unidos. Esa la verdadera espada de Damocles.

Y si bien la Corte Penal sigue de cerca el proceso de La Habana, la realidad es que la guerrilla no es su prioridad sino más bien los “falsos positivos” y los grupos paramilitares. Para ello, ya abrió un examen preliminar y, según mis fuentes, tiene en la mira a decenas de altos oficiales de las Fuerzas Militares. Han inundado a la Fiscalía con peticiones de información sobre esos casos para poder armar un expediente donde se demuestre la inoperancia del sistema judicial colombiano.

En teoría todos esos asuntos serían tratados por la jurisdicción especial que surja del acuerdo de paz con las FARC, pero y no es cualquier pero, si al CPI le parece insuficiente X o Y condena, podría iniciar su propio proceso. Con una orden de captura u otra actuación, una fiscal en La Haya podría amenazar todo lo pactado.

Ya aprendimos la lección con la disputa con Nicaragua. No nos retiramos a tiempo del Pacto de Bogotá. Sería imperdonable repetir el mismo error. Francamente es insensato dejar en manos de un tercero –la Corte Penal Internacional- una paz negociada entre colombianos y para colombianos.

En Twitter Fonzi65

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