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¿Desiertos de arroz?

Lamentablemente “Colombia siembra” no parece estar conversando con “Colombia sostenible” y el resultado en el territorio es el avance sin control de los cultivos de arroz en modalidad extractivista.

Brigitte Baptiste, Brigitte Baptiste
30 de marzo de 2017

Viajar por el Casanare, en especial por los municipios de Paz de Ariporo, Maní, Pore y San Luis de Palenque, implica reconocer un paisaje que cambia de manera acelerada. Las planicies inundables del departamento, uno de los sistemas de humedales más grandes del país, están siendo transformadas en extensos arrozales, una parte con riego, la mayoría de secano, es decir, que depende únicamente de las lluvias. Inversiones importantes en el procesamiento de arroz llevaron en el 2015 al Ministerio de Agricultura y el gremio a crear una planta con un costo de 34.000 millones de pesos, lo que ha incentivado aún más el cultivo. Comida para la gente, eventualmente para exportar.

Lamentablemente “Colombia siembra” no parece estar conversando con “Colombia sostenible” y el resultado en el territorio es el avance sin control de los cultivos de arroz en modalidad extractivista, es decir, que arrasan humedales, bosques de galería, matas de monte y toda su biodiversidad. El cultivo en arriendo, que representa una opción más rentable para productores cuyo modo de vida era la ganadería de baja intensidad, es el ejemplo de cómo el corto plazo y la especulación se comen el futuro: la fertilidad natural, baja por naturaleza, es consumida en tres o cuatro cosechas, los agroquímicos (que parecieran ser el verdadero negocio) esterilizan y acaban con los servicios ecosistémicos y la expansión de los cultivos, que viene de las cabeceras de los ríos hacia el oriente en el Llano, implica una actividad insensata de riesgo de desertificación en tiempos de cambio climático.

Hace unos años se presentó el escándalo por la mortalidad de chigüiros en el municipio de Paz de Ariporo y empresas petroleras fueron acusadas de haberla causado, pese a la evidencia de una sequía extrema concomitante. Coincidía el disgusto de los casanareños con el gobierno nacional por la retención de las regalías, causada en parte por las acusaciones de corrupción que llevaron a más de un funcionario a la cárcel, tensiones que persisten y que dificultan la gestión ambiental de un mercado de miles de millones de pesos de los cuales no retorna ni uno a la conservación. Si bien las casi 140.000 hectáreas (un récord) sembradas en el 2016 en el departamento son una señal del potencial agrícola de la zona, también lo son de una degradación ambiental por la que nadie responderá, razón para pedir la constitución de mecanismos de planificación y salvaguarda específicos para promover el crecimiento sano de la actividad, que por demás recibe amplio apoyo del Ministerio de agricultura.

No sólo en el piedemonte amazónico se expande la frontera agrícola y se amenazan opciones productivas alternativas: las oportunidades de ecoturismo que ofrece el Llano, probablemente las más promisorias del país, están desapareciendo rápidamente con la destrucción de los ecosistemas silvestres manejados en los hatos llaneros que no se quedan quietos e invierten en emprendimientos innovadores, pero que deben competir con estructuras financieras que favorecen retornos de capital a cuatro o cinco meses.

Es urgente que comprometamos una transición regional para que el primer objetivo de los ODS, alimentar el mundo sin sacrificar su salud ecológica, se cumpla a cabalidad. Pero para ello necesitamos un gremio responsable y comprometido, acuerdos intersectoriales para que hagan posible la convivencia de múltiples actividades en el paisaje y autoridades ambientales con mayor capacidad de planificación y monitoreo. De lo contrario, seguiremos viendo chigüiros envenenados convenientemente por propietarios de tierra que prefieren especular con su capital natural a comprometerse con un Casanare sostenible.