Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2009/02/25 00:00

Colombia tierra querida

La Corte Constitucional le acaba de dar un ultimátum al gobierno para que reformule su política de protección y restitución de tierras.

Nelson Camilo Sánchez

La implementación de un programa de restitución de los bienes, especialmente de las tierras que a sangre y fuego se han apropiado los señores de la guerra, es uno de los más grandes desafíos de un verdadero proceso de transición democrática en nuestro país. Tierra es precisamente lo que quieren y exigen los más de tres millones de desplazados y los otros tantos millones de campesinos que han sido empobrecidos hasta la miseria durante los últimos años.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántas hectáreas han sido arrebatadas –y ese es, de entrada, uno de los principales problemas de la política pública. Aun así, si se toman los datos ofrecidos por distintas instituciones nacionales, la magnitud del problema es alarmante. Los estudios de la Contraloría indican que se han perdido al menos 2,8 millones de hectáreas.
 
En un documento reciente, producto de un serio estudio estadístico sobre la magnitud del despojo, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública en materia de Desplazamiento Forzado denunció que el total de hectáreas despojadas o abandonadas sería del orden de 5,5 millones de hectáreas, lo que equivale al 10,8 por ciento de la superficie agropecuaria del país.

De la promesa del “País de propietarios” no queda ni el recuerdo. Así lo sentenció recientemente la Corte Constitucional (Auto 008 de 2009) tras evaluar que la política de protección y restitución de tierras del gobierno es un fracaso. En primer lugar, la información institucional sobre los predios y derechos es escasa, está desactualizada, y carece de sistematización.
 
En segundo lugar, existe un bajo nivel de conocimiento por parte de los propios funcionarios estatales sobre la normatividad, procedimientos y herramientas relativas a la protección patrimonial. Para completar, la transición de competencias entre órganos estatales introducida por el Estatuto de Desarrollo Rural ha ocasionado un desorden institucional de tal grado que en el gobierno hoy nadie responde por nada.
 
Por estas razones la Corte ordenó, entre otras cosas, una reformulación total de la política de tierras que incluya las reformas institucionales y normativas necesarias para asegurar la restitución de bienes a la población desplazada.

La Corte acierta al afirmar que es ingenuo pensar que habrá alguna posibilidad de contrarrestar la acumulación violenta de la tierra con los mecanismos que prevé el Código Civil que tenemos. Es un código redactado en la Francia de Napoleón para una época y unas circunstancias totalmente distintas a las que vivimos hoy día.
 
De hecho, el código está mejor dotado para resolver los conflictos de quien aquerencie las palomas de un palomar ajeno (Art. 697) o la situación de las abejas que huyen de la colmena y posan en árbol que no sea del dueño de ésta (Art. 696), que para enfrentar las múltiples artimañas, legales e ilegales, a través de las cuales se embolataron las mejores tierras cultivables del país.
 
Es además un código que facilita el despojo al tolerar delitos como el testaferrato y el enriquecimiento ilícito a través de figuras como la simulación y la venta de cosa ajena. Pero, paradójicamente, en el país en donde se cambian las constituciones de un día para el otro, nadie ha osado tocar el libro de bienes del Código Civil en más de cien años.

Bajo la excusa de “el asunto es complejo y requiere estudio”, la clase dirigente del país ha escondido su falta de voluntad política para transformar una situación de injusticia estructural en contra del campesinado. Por esta vía, por ejemplo, languideció hasta su muerte -y posterior entierro de tercera- la promesa de una reforma agraria en Colombia.
 
Frente a esto la Corte señaló que si bien el tema no es sencillo, es posible, e indicó los lineamientos para hacer lo que no se ha hecho en décadas. Pero no se quedó allí, además, le puso plazos precisos al Gobierno (que se vencen en octubre de 2009 y julio de 2010) para asegurar que la planeación de esta nueva política no corra con la misma suerte que los inacabables estudios de viabilidad del Metro de Bogotá o del túnel de La Línea.
 
En pocas palabras, el tamaño de la dificultad no puede ser mayor que el tamaño de la injusticia. Máxime cuando esta injusticia explica, en buena parte, la violencia del país.


***
Total y absoluto repudio merecen los actos genocidas de la guerrilla de las Farc en contra del pueblo Awá. Indignante, por decir lo menos, el comunicado de prensa en donde pretenden “justificar” sus execrables crímenes argumentando que no los mataron por ser indígenas, pues ellos asesinan, masacran y torturan sin distingo de sexo, raza, origen étnico o color. ¿Y todavía se atreven a autodenominarse Ejército del Pueblo?



* Nelson Camilo Sánchez es investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJuSticia- (www.dejusticia.org), creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones

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