Opinión

  • | 2008/06/09 00:00

    Colombianos son pro ONGs y respetan a las víctimas

    Es mejor que junto a los ciudadanos agraviados hablen también los ciudadanos solidarios. De esa manera se mejorará la calidad de los procesos de Justicia y Paz.

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En el último mes se han presentado a la opinión pública los resultados de varias encuestas realizadas en Colombia sobre cultura política o temas afines. La del DANE, la de LAPOP y la encuesta financiada por OXFAM para identificar la “Percepción de los colombianos sobre las víctimas del conflicto armado y las ONGS de Derechos Humanos”.

De esta última llama la atención el que ninguna pregunta se dirija a distinguir el origen de la victimización. En consecuencia los victimarios pueden ser la guerrilla, los paramilitares o los organismos de seguridad del Estado. Es una aproximación interesante que entronca con el sentimiento que se ha ido consolidando en el país en el sentido de rechazar toda forma de violencia política, provenga de donde provenga. Las dos grandes marchas ciudadanas recientes y la anti “para” y la anti “farc” expresan el rechazo de los autoritarismos de derecha y de izquierda.

El repudio ciudadano frente a la violencia es tan profundo e indiscriminado que augura el desplazamiento de la tibia y ambigua tolerancia que recibió en el pasado. En ese sentido la encuesta de Oxfam se sustrae de la polémica de quién victimiza más en Colombia y con ello potencia el impacto de sus resultados.

Veamos esos resultados: El 76 por ciento de los encuestados apoyan o admiran a las ONG de Derechos Humanos. Sólo un 20 por ciento expresa incredulidad y temor frente a ellas. Un 27 por ciento y un 23 por ciento, respectivamente sienten solidaridad y admiración hacia el trabajo de las ONG de Derechos Humanos. Adicionalmente, un 86% de los encuestados considera que el trabajo de las ONG es “Muy Importante” (64%) o “Algo Importante” (22%). Estos porcentajes de reconocimiento se incrementan en Montería (87%) y Cúcuta (81%), ciudades que han sido golpeadas en el pasado por la guerrilla, por el viejo paramilitarismo y, hoy, por el paramilitarismo emergente.

Puede uno imaginar que cuando las instituciones locales y regionales del Estado se subordinan a los poderes irregulares armados, las ONG representan el refugio o el último bastión de protección para los débiles. Esto es más evidente en las ciudades intermedias que en las grandes. Sorprende positivamente que después de las intensas campañas de descalificación que han sufrido las ONG en general, y las de derechos humanos en particular, tengan una aceptación tan alta entre los encuestados. Es una muestra de independencia de criterio frente a tanta “autoridad moral” que, a través de los medios de comunicación y de los discursos, pontifica contra las ONG alegando que esconden inconfesables objetivos.

En cuanto a la percepción de cuáles sectores sociales o profesionales son los más golpeados por el conflicto armado, se confirma que en el imaginario de los encuestados la confrontación es predominantemente rural pues consideran que el 76 por ciento de las víctimas son campesinos. Sin embargo los encuestados también detectan el carácter indiscriminado que ha ido adquiriendo la violencia política en los últimos años, en la medida en que consideran que el 46 por ciento de las víctimas son “ciudadanos del común” y el 13 por ciento son “estudiantes”. Les siguen los políticos (12 por ciento), los sindicalistas (11 por ciento) y los periodistas (7 por ciento). El lugar en donde los sindicalistas aparecen con más alta percepción de victimización es Bucaramanga con un 22 por ciento.

Para conocer la actitud de los encuestados frente a las víctimas, la encuesta utiliza dos categorías que ameritan un cierto análisis. La primera es la de “cercanía” que se produciría por el hecho de que alguien próximo al encuestado haya sido víctima de desplazamiento, secuestro, masacre y/o desaparición forzosa. En este caso el involucramiento del encuestado con las víctimas es casi directo, pues el conflicto armado le ha producido un daño a alguien cercano. El más alto resultado de cercanía obtenido fue de 55 por ciento referido al desplazamiento de alguien cercano.

La otra categoría, la del “reconocimiento”, se basa más en intuiciones de justicia o en concepciones éticas que en una reacción frente a un daño específico o particular. Se trata entonces de una actitud impersonal que considera que “es justo que las víctimas reclamen sus derechos” (97 por ciento), que “los colombianos tienen que reconocer la existencia de las víctimas” (89%) y que se debe “reparar el daño a las víctimas” (89%).

Por último, los sentimientos de los encuestados frente a las víctimas fueron caracterizados así: los positivos, “solidaridad” (60%), “respeto” (28; Los negativos, “temor” (29%), “intranquilidad” (17%), “incredulidad” y “prejuicio” (8%). Por lo tanto, solidaridad y respeto son los sentimientos que caracterizan al 88% de los encuestados.
Los anteriores resultados constituyen una buena noticia pues quiere decir que hay terreno abonado para promover una política vigorosa de justicia y reparación frente a las víctimas que no tiene que estar basada estrictamente en sentimientos de agravio o de retribución directa por el daño recibido. Pueden invocarse en su favor aspiraciones universales de justicia para promoverla. La masa crítica de apoyo a una tal iniciativa no tiene que restringirse a las víctimas o sus familiares.

Es claro que movilizar por solidaridad o por respeto es más difícil que hacerlo por el resentimiento debido a los agravios recibidos. Sin embargo, las ONG y los organismos estatales encargados de promover la justicia frente a las victimas deben ahondar sus estrategias para ampliar el apoyo social para las políticas de reparación y la justicia. Es mejor que junto a los ciudadanos agraviados hablen también los ciudadanos solidarios. De esa manera se mejorará la calidad de los procesos de Justicia y Paz.


 
*Juan Carlos Palou es Coordinador del Área de Construcción de Paz y Posconflicto, Fundación Ideas para La Paz

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