Jueves, 23 de octubre de 2014

| 2013/11/23 01:00

'Una verdad secuestrada'

En 2003 se adoptó como política que un secuestro solo debía registrarse en las cifras oficiales cuando la fiscalía abriera un proceso. Ese es un trámite que, cuando se hace, puede tomar hasta cuatro años.

'Una verdad secuestrada'

Bajo este título fue presentado hace unos días el libro que busca establecer cifras reales sobre el secuestro en Colombia alteradas por muchas razones, incluyendo una muy interesante. El esclarecedor trabajo dirigido por César Caballero y en el que participaron miembros del Grupo de Memoria Histórica y de la compañía de investigación ‘Cifras y Conceptos’, muestra que las estadísticas del secuestro han sufrido ostensibles variaciones por “la ausencia de denuncias”, “fragmentación de los datos en diversas entidades”, “cambios en la definición del delito” y por algo que ellos llaman, con toda sutileza, “decisiones de política pública que afectan las estadísticas”. (Ver introducción

Eufemismos aparte, esas decisiones de política pública que afectan las estadísticas tienen –la mayoría de las veces- una razón propagandística. 

En la arqueología de la información sobre el secuestro, los investigadores hallaron diferencias muy significativas entre las cifras que entregaba el gobierno Uribe sobre ese delito  y las que ellos encontraron después de depurar y analizar las diversas fuentes de información que existen sobre el tema.

Al entregar el balance de sus dos períodos de gobierno, el saliente Presidente Álvaro Uribe aseguró que en esos ocho años 9.200 personas habían sufrido el delito del secuestro. La investigación de ‘Cifras y Conceptos’ concluye que el número real fue de 15.537 secuestrados. (Ver comparación

Esto, en plata blanca, quiere decir que los triunfales reportes del gobierno anterior excluían la existencia de más de 6.300 secuestrados. Casi el 40 por ciento de las víctimas del terrible delito desaparecieron de las cifras oficiales que mostraban una espectacular recuperación del país y un éxito sensacional en la lucha contra el secuestro.

Esto no quiere decir que el gobierno Uribe no tenga progresos reales para mostrar en el tema del secuestro. De hecho, la investigación de ‘Cifras y Conceptos’ concluye que el número de secuestrados disminuyó de manera sustancial entre el año 2002 y 2010. Pasó de 3.306 secuestrados en el primer año de su administración a 1.252 en el último.  

Esa reducción es notable y debe reconocerse como resultado de la gestión del entonces Presidente Álvaro Uribe y de sus funcionarios en el sector de seguridad y defensa. 

Sin embargo a alguien no le debieron parecer suficientemente buenos esos números y quiso embellecerlos. 

De acuerdo con el balance oficial del gobierno Uribe los secuestros pasaron de 2.282, en el año 2002, a solo 99 en el 2010. (Ver BalanceSecuestrosGobiernoUribe)

Los investigadores se encontraron números distintos a los usados en la comunicación oficial de la época. Según lo establecieron durante el último año de la administración Uribe fueron secuestradas 1.252 personas y no solo 99, como sostenía el gobierno. 

¿Cómo puede haber una diferencia tan grande entre las cifras del gobierno Uribe y las que ahora encuentran investigadores independientes? 

Todo indica que fue el resultado de la aplicación de una de esas políticas que afectan las estadísticas. Hasta mediados del año 2003 las cifras se consolidaban y depuraban, para evitar dobles conteos, por un comité integrado por la Fiscalía, la Fundación País Libre, el DAS, la Policía Nacional, el Ejército y la Presidencia de la República. 

Ese año, el 2003, el comité fue cancelado y se adoptó como política que un secuestro sólo debía registrarse en las cifras oficiales cuando la fiscalía abriera un proceso y calificara el delito como secuestro. Ese es un trámite que -cuando se realiza- puede tomar hasta cuatro años.

Además, el balance del final de gobierno Uribe mostraba una disminución constante, año por año, en las cifras del secuestro. Esa tendencia contrasta con los resultados de la investigación que prueba que hubo aumentos leves en las cifras de secuestrados en los años 2006, 2007, 2008 y 2010. (Ver incrementos)

Un claro indicador de que la promocionada seguridad democrática se venían deteriorando desde la segunda mitad del gobierno Uribe.

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