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Opinión

  • | 2013/12/14 00:00

    Petro, intocable

    El llamado a a la rebeldía de Petro me parece una mala señal para la democracia: quiere decir que un exguerrillero no puede ser juzgado ni sancionado, sea por un delito o por una falta administrativa cometidos después de dejar las armas.

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Para mañana viernes –para hace dos días, desde el punto de vista del lector de esta revista, que la recibe el domingo– el alcalde Gustavo Petro convoca a una “ocupación de Bogotá” en protesta por su arbitraria destitución por el procurador Alejandro Ordóñez. Arbitraria por muy argumentada que esté: 260 páginas de chorro jurídico. Y arbitraria por merecida que sea.

Pues tan arbitrario es el procurador Ordóñez en sus tareas de vigilancia y control, que ejerce con intención política doctrinaria tras su máscara de magistrado incorruptible, como arbitrario e inepto es el alcalde Petro en su administración de Bogotá. Y las consecuencias políticas de esas dos arbitrariedades enfrentadas son, me parece, dañinas para la ciudad y dañinas para el país. Pero populares ambas. 

La decisión de destituir a Petro ha convertido a Ordóñez en un ídolo de la derecha. Su brutal destitución, y su desproporcionado castigo (quince años de inhabilitación para ejercer cargos públicos: más que los de cárcel que le caen a un violador de cien niños), convierten al autocrático Petro en un mártir de la democracia.

Qué difícil resulta defender a Petro, porque qué mal se defiende él mismo: exagerando. Toda exageración es insignificante, decía Talleyrand. Lo vimos en el balcón del Palacio de la Alcaldía, ante la muchedumbre de sus partidarios en la Plaza de Bolívar, perorando sin freno alguno en la exageración desaforada: comparando la decisión administrativa del procurador Ordóñez con el golpe sangriento de los generales contra Salvador Allende en Chile, equiparándose a sí mismo con todo prócer que se le vino a la memoria: Antonio Nariño, “destituido y encarcelado”, Jorge Eliécer Gaitán, “destituido y asesinado”, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro asesinados: todos los que, precediéndolo, pasaron “ante el pelotón de fusilamiento” de que habla García Márquez (pues no podía faltar en esa perorata una alusión a “nuestro nobel”) en Cien años de soledad. 

No le faltó en la lista ni siquiera el mariscal Sucre. Ni siquiera –¿y a cuento de qué?– el general José María Córdova, que se sublevó contra Simón Bolívar. Y así como su discurso estaba repleto de mártires, su balcón de la Alcaldía estaba que se caía de gente: su mujer y los niños, el dirigente histórico del diezmado M-19 Antonio Navarro, la candidata presidencial por la exterminada Unión Patriótica Aída Abella, tres guardaespaldas, un policía de quepis, otro señor no identificado. 

Y sobrecargada también era su acusación contra sus enemigos: no solo el procurador Ordóñez, sino la oligarquía entera: fascistas, narcotraficantes, corruptos, empresarios ladrones, manejadores de motosierras eléctricas, asesinos. 

Y con él, en cambio, todo el pueblo: los trabajadores y las trabajadoras, los humildes, los recicladores de basuras, los niños y las niñas, el movimiento agrario, los indígenas con su cabildos y su guardia indígena, los sindicatos, la juventud animalista, la juventud ambientalista, la generación de la paz, para “detener el fascismo”. Como la Pasionaria famosa de la guerra de España gritaba Petro desde su balcón: “¡No pasarán!”.

Puso en un brete al presidente, desafiándolo a “avalar” la sanción del procurador o a mostrar que le interesa más la paz que su reelección. Y sí: me explican los constitucionalistas que quien debe destituir al alcalde es el presidente de la República, y no el procurador; pero que tiene que hacerlo obligatoriamente si el procurador se lo solicita.

Pero repito ahora lo que escribí aquí mismo hace mes y medio: Petro no es la paz, aunque se quiera identificar con ella. Esa identificación es un chantaje. Tiene razón cuando dice que es una “mala señal” para los que negocian sobre la paz en La Habana el hecho de que a un guerrillero desmovilizado como es él se le impida gobernar. Pero solo tiene razón si el hecho de ser un guerrillero desmovilizado es de verdad el motivo por el que se le impide gobernar. 

Y no la tiene si el motivo es, como afirma el procurador Ordóñez, que ha cometido una falta administrativa con el manejo de las basuras. A mí, personalmente, no me cabe la menor duda de que la sanción del procurador Ordóñez tiene origen político, y así lo muestra (aunque no lo demuestra) su desmesura. 

Pero el llamado a la indignación y a la rebeldía que hace el alcalde Petro me parece una mala señal para la democracia: porque quiere decir que un exguerrillero no puede ser juzgado ni sancionado por nadie, sea por un delito o sea por una falta administrativa cometidos después de la dejación de las armas.

De manera insensata, la varita mágica, o más bien el zurriago mágico del procurador Ordóñez, ha convertido al exguerrillero Petro (y con él a todos los exguerrilleros) en un intocable.
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