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Opinión

  • | 2013/11/23 01:00

    Un ministro del siglo pasado

    Frente al proyecto del ministro Lizarralde, el de Carimagua parece toda una innovación democrática porque al menos no deja endeudado al campesino.

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El proyecto de ley sobre baldíos que acaba de retirar el presidente Santos merece ser leído con mucho cuidado porque es toda una caja de sorpresas. 

La primera es el espíritu del proyecto, el cual no parece hecho por un empresario conservador, experto en la agroindustria del siglo XXI sino por un terrateniente del siglo pasado, de los años cuarenta, cuando estaban en boga los contratos de aparcería. ¿Saben cuáles son las condiciones 
que proponía el proyecto para que los empresarios entren a desarrollar proyectos agroindustriales en alianza con los campesinos? 

La primera es que se les permite acumular tierras (o UAF) a cambio de que les den el 20 por ciento del proyecto a los campesinos. ¿Y cuáles serían las condiciones en que entrarían los campesinos? Fácil: en lugar de que el Estado les adjudique baldíos a esos campesinos sin tierra, estos tendrían que comprársela al empresario. ¿Y saben cómo la pagarían? También muy fácil: con su trabajo, como sucedía en los contratos de aparcería. 

Bajo este modelo que propone el ministro Lizarralde, los campesinos no solamente quedarían endeudados, sino que tendrían que darle toda la producción al dueño de la tierra, además de trabajar para él. Frente a esta propuesta tan retrógrada, la de Carimagua parece toda una innovación democrática porque al menos no deja endeudado al campesino. 

Pero, además, en materia de acceso a la tierra para el campesino este proyecto va en contravía de lo que ha dicho el propio presidente y de la política que plasmó Juan Camilo Restrepo, el primer ministro de Agricultura de Santos, cuyo objetivo era formalizarles las tierras a los campesinos y titularles sus propiedades. En el país hay cerca de un 50 por ciento de predios sin titular. 

¿Qué proponía el proyecto que fue archivado en esta materia? Pues nada más ni nada menos que la creación de unos baldíos reservados, los cuales podrían ser entregados a los campesinos pero en arrendamiento. 

Estas tierras después de cinco años podrían ser tituladas. Para el ministro, esta es la manera de impedir que los campesinos vendan su tierra como viene sucediendo. ¿Y no será mejor, ministro, que el Estado acompañe a los campesinos con paquetes tecnológicos, construyéndoles carreteras para que puedan comercializar sus productos, que volver a los contratos de aparcería del pasado?
 
Pero, además, con la dificultad histórica del Incoder para titular, ¿quién cree que a estos campesinos se les va titular alguna vez su tierra? 

El gobierno Santos ha dicho que en su política agroindustrial caben todos; los campesinos y los grandes empresarios. Pero en este proyecto, que fue diseñado por el ministro Lizarralde, solo caben los empresarios. 

Pero no solo este proyecto va en contravía de lo planteado por el presidente en esta materia. También va en contravía de los acuerdos sobre el desarrollo del agro firmados con las Farc en la Mesa de negociación en La Habana. El punto uno no solo acordó impulsar en el campo colombiano un modelo más democrático y equitativo, que fuera incluyente y en el que los campesinos pudieran entrar a hacer alianzas con los empresarios en buenas condiciones, premisa que este proyecto se saltó de manera olímpica. 

También planteó la creación de un fondo de tierras para la paz, el cual debería salir de varios frentes. Uno de ellos de las acciones del Incoder en materia de formalización de ocupaciones y de recuperación de baldíos mal adjudicados. El compromiso que se adquirió era que en dos años (de 2013 a 2014) se debían recuperar cerca de 2 millones de hectáreas. 

Sin embargo, desde que se fue Juan Camilo Restrepo de ese ministerio y sobre todo desde que salió Miriam Villegas de la gerencia del Incoder y su subgerente de tierras, Jennifer Mojica, quienes lograron en tres años la proeza de recuperar después de mucho esfuerzo 122.531 hectáreas, este proceso está frenado. 

Y lo más grave es que el proyecto que presentó el ministro Lizarralde no parece dirigido a agilizar los mecanismos para que el Incoder pueda actuar más rápido en esta materia sino en facilitar el tema de los empresarios que acumularon baldíos de manera ilegal. Tal como están las cosas, hoy no hay sino muy pocas tierras para ese fondo que se creó y lo mismo sucede en el tema de recuperación de tierras para reparar a las víctimas. 

El Incoder está paralizado y la llegada del nuevo ministro Lizarralde ha representado hasta ahora un salto pero al pasado y una vuelta al clientelismo. El nombramiento del nuevo director del Incoder, un recomendado del congresista conservador Hernán Andrade, así lo indica. 

El presidente ha dicho que retiró este adefesio para hacerle unos ajustes al proyecto. Ojalá que sean ajustes radicales. No se puede decir una cosa en La Habana y otra a los empresarios interesados en invertir en el agro.
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