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Opinión

  • | 2013/11/09 01:00

    ¿Qué sigue?

    Las Farc deberían considerar un cese unilateral de hostilidades a lo largo de la campaña electoral como antesala del proceso de desmovilización y desarme.

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No era bueno el ambiente que rodeaba las negociaciones de La Habana en las últimas semanas. El escepticismo y la incertidumbre estaban creciendo. El convenio sobre participación política le cambia la cara al proceso. En lo acordado está el corazón de la negociación. 

Para el Estado y para la sociedad lo más importante es la convicción de que las Farc abandonarán para siempre las armas y eso está tajantemente definido en este acuerdo. Para las guerrillas son decisivas las garantías para la oposición y las condiciones en que las fuerzas políticas surgidas de la paz se insertarán en la competencia democrática y eso también está claro en el texto difundido por la Mesa de negociación. 

Digo entonces que la negociación llegó a un punto de no retorno. Digo que, de no ocurrir una catástrofe –un hecho inesperado y brutal– por fuera de la mesa, el acuerdo para poner fin al conflicto está asegurado y es inminente.

Pero en estos cuatro meses que faltan para llegar a las elecciones el país se va a mover en las arenas movedizas y peligrosas del conflicto, la paz y el posconflicto. Tres cosas a la vez. Tres retos a la vez. Tendremos de todo un poco. Atender la guerra y la seguridad, perfeccionar el acuerdo de paz y preparar la transición y el posconflicto. Al mismo tiempo enfrentar con serenidad, pero con firmeza, a los detractores de las negociaciones que no son pocos y no son débiles. Tamaña faena. Me atrevo a enunciar nueve recomendaciones para el presidente Santos y para Rodrigo Londoño, jefe de las Farc.

Las Farc deberían considerar un cese unilateral de hostilidades a lo largo de la campaña electoral como antesala del proceso de desmovilización y desarme. El cese de acciones ofensivas sobre la fuerza pública, la suspensión de los ataques a la infraestructura energética y un respeto pleno a los líderes políticos en campaña electoral y a la población civil en las zonas de influencia generarían confianza en las negociaciones y facilitarían la aprobación de los resultados de La Habana por parte de la ciudadanía. 

El presidente le tendría que cambiar el libreto al ministro de Defensa. Sus ataques verbales, que muchas veces rayan en el ridículo, no le hacen bien a la Mesa de negociaciones.

Las Farc tienen que aclarar una y otra vez ante la opinión pública que ‘dejación de las armas’ significa que le entregarán a una comisión especial todas las armas, hasta el último revólver. 

El presidente Santos tiene que empezar a ventilar en público el tipo de Justicia transicional que se aplicará en Colombia de acuerdo con el marco jurídico aprobado. Aclarar en qué consisten las penas alternativas distintas a cárcel que está proponiendo el fiscal general y los compromisos de verdad y reparación que deberán asumir las fuerzas en conflicto para acceder a estos beneficios. Esa es una controversia ineludible.

Es imperativo iniciar en La Habana la discusión sobre el referendo y acordar los términos de su convocatoria para ambientar en la opinión pública su contenido. El debate no será fácil.

El histórico acuerdo sobre participación política facilita y obliga a la apertura de las negociaciones con el ELN. Solo una paz integral puede abrir las puertas del posconflicto y de la reconciliación. El ELN haría una contribución fundamental a la paz si se suma a un posible cese del fuego unilateral en las elecciones y proclama el abandono del secuestro.

Es urgente discutir con las Fuerzas Armadas, de manera oficial y organizada, su inserción en la Justicia transicional. Enviar un mensaje de tranquilidad y respeto hacia las filas. Asegurarles que tendrán un trato digno y recibirán beneficios jurídicos iguales a los que tendrán los guerrilleros.

Es necesario acelerar los cambios que se han insinuado en la estrategia contra las bandas criminales y en la atención a la seguridad ciudadana. Esta es una angustia mayor de la población urbana. Una eficaz política de sometimiento a la Justicia.

Para preparar el posconflicto es obligatorio nombrar de inmediato una comisión de alto nivel que establezca con claridad cómo construir institucionalidad en los 242 municipios donde ha tenido presencia la guerrilla. Cómo forjar allí Estado, mercados legales y ciudadanía de plenos derechos. Cómo aplicar allí los acuerdos de La Habana. En esto se fracasó rotundamente en otros procesos de paz. Ahora no podemos fallar.
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