¿Combatir el dinero lícito o el ilícito?

El objetivo que plantea el fiscal es que nadie que contrate con el Estado pueda hacer donaciones a las campañas políticas. Esto constituye un grave error.

Las campañas políticas cuestan dinero. Esta es la premisa básica con la que se debe enfrentar cualquier regulación de la materia. El marco legal que se establezca para el financiamiento político debe buscar que las fuentes del dinero que reciben los políticos sean legales y conocidas por los ciudadanos. La propuesta del Fiscal va en contra de ambos propósitos.

En el Estatuto Anticorrupción ya se había cometido este error al establecer la prohibición a quienes hicieran donaciones superiores a ciertos montos en las campañas locales. La propuesta del fiscal elimina el tope sobre el cual se creaba la inhabilidad para contratar y  busca extender la prohibición para que no se hagan actividades de subcontratación.

En la práctica lo que el fiscal quiere es erradicar la contratación privada pues para evitar problemas lo mejor será abstenerse de donar. O abstenerse de reportar. Pues lo que ha pasado con la norma del estatuto anticorrupción no es que las personas que tienen intereses en el Estado se han abstenido de participar en política, lo que ahora no hacen es contar que han donado, con lo cual se agrava la opacidad del sistema de financiamiento electoral  y se coloca a empresas y personas honradas en la posición de comportarse como criminales.

Si los representantes del sector privado no pueden donar, ¿entonces quién lo hará? Porque por el hecho de prohibir las donaciones las campañas no se abaratan, siguen costando igual,  y cada vez más. Las donaciones de los empresarios no serán remplazadas por las de empresarios filántropos que no tienen nada que ver con el Gobierno; los pocos de estos que existen prefieren donar en guarderías y otras obras benéficas que tienen mejor valoración social que darle plata a los políticos.

Si no donan los empresarios, ¿donarán los ciudadanos?  Malas noticias, la mayoría de los colombianos no creen en la política, aborrecen de ella y difícilmente están dispuestos a darle dinero a los políticos, a quienes consideran más cercanos a la corrupción que al servicio público.

Ante esta situación muchos consideran que la mejor alternativa es el financiamiento público de las campañas. La idea no es tan mala, aunque tiene muchos problemas, el principal es que para conseguir un financiamiento total de las campañas habría que destinar al menos 4 veces más lo que hoy invierte el Estado. Esto implica pasar de los 260.000 millones que hoy en día se dedican al tema hasta alcanzar al menos un billón de pesos. La cifra no es exorbitante, pero ¿de dónde van a salir? ¿Vamos a sacrificar inversiones en infraestructura? ¿Vamos a recortar gasto social? ¿Vamos a subir los impuestos? ¿Quién va a liderar la propuesta en este sentido?

Sin el sector privado, sin los ciudadanos, sin el Estado, solo queda una fuente de financiamiento: los grupos criminales. Y para ellos es un estupendo negocio invertir en la política. Cuando se saca el dinero lícito de la política el resultado no es la reducción de los costos electorales, sino el ingreso de dineros ilegales.

Así que la propuesta del señor fiscal va a ser muy bienvenida… por parte de los criminales.