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Perspectivas de desigualdad

En muchas, los avances, tanto internacionalmente como en Colombia, son significativos. Una dimensión clave de la equidad es el acceso a la salud y la educación, que, a su vez, inciden sobre las capacidades de las personas y su ingreso futuro.

Esteban Piedrahita, Esteban Piedrahita
5 de mayo de 2017

Es curioso que quienes objetan en forma vehemente los datos de pobreza que produce el Dane, los cuales dan cuenta del gran avance social de Colombia, jamás controvierten sus mediciones de la desigualdad, que ubican al país entre los más inequitativos. Evalúan la credibilidad de las cifras no a partir del rigor del método, sino desde la hondura de sus perjuicios. Si lograran ver más allá de estos, comprobarían que la desigualdad de ingresos también ha bajado en Colombia en los últimos años: un 10 %, según el índice de GINI, entre 2002 y 2016.

A pesar de la importancia de ambas, hacer la distinción entre pobreza y desigualdad resulta fundamental para el entendimiento de la problemática social y la formulación de política pública. No son dos caras de la misma moneda. Hay sociedades con baja pobreza y baja desigualdad (como Dinamarca), con baja pobreza y alta desigualdad (como Estados Unidos), con alta pobreza y baja desigualdad (como Pakistán o Etiopía) y con alta pobreza y alta desigualdad (como Haití o Zambia). Si hubiera que escoger una de las dos para evaluar el bienestar de la población, sin duda sería la incidencia de la pobreza.

Las inesperadas victorias del brexit y de Trump han dado nuevo impulso al debate sobre el aumento de la desigualdad, sobre todo en los países ricos. Los datos demuestran, sin embargo, que en los últimos 25 años, aunque ha tendido a aumentar dentro de cada país (con la excepción de América Latina, donde ha bajado, pero desde los niveles más altos del planeta), desde una perspectiva global la desigualdad ha disminuido. El acelerado crecimiento económico de China y, en menor grado, el de India, han reducido las brechas de ingreso entre países.

Pero hay otras facetas de la desigualdad, más allá de la de ingresos. En muchas de ellas, los avances, tanto internacionalmente como en Colombia, son significativos. Una dimensión clave de la equidad es el acceso a la salud y la educación, que, a su vez, inciden sobre las capacidades de las personas y su ingreso futuro. En 1997, solo un 57 % de los colombianos tenían aseguramiento en salud (47 % en áreas rurales); a 2016, un 95 % lo tenía, tanto en la ciudad como en el campo. En 1997, un 77 % de los niños entre 5 y 16 años asistían al colegio (60 % en áreas rurales); en 2016, la cifra fue del 95 % (91 % en el campo).

Es innegable que la política social del Estado, estrechamente ligada a la Constitución de 1991, ha contribuido a reducir la inequidad en diversos aspectos de la vida de los colombianos. Pero reducir la desigualdad de ingresos en forma sostenible es tarea ardua y de largo plazo, que no depende exclusivamente de la política pública. Aun más, si se hace a rajatabla, termina deteriorando la productividad e incrementando la pobreza, como lo demuestra espectacularmente la catástrofe venezolana.

Si hay una medida concreta que el país pudiera tomar para reducir en forma significativa la desigualdad de ingresos sería una reforma pensional. Según Santiago Montenegro, exdirector del DNP, el régimen pensional público o de prima media le costará este año al país 38 billones de pesos, la tercera parte de los impuestos que recauda el Gobierno. Estos recursos van, desproporcionadamente, al 20 % más rico de los hogares colombianos, mientras que 65 % de los trabajadores del país ni cotiza a pensión. Una reforma que unifique y aumente la edad de jubilación, amplíe la cobertura, focalice los subsidios a los más pobres y grave las pensiones altas sería un paso firme hacia una sociedad más equitativa y próspera.

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