El Combo de la Paz

El ‘Combo de la Paz‘ está integrado por la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en razón del conflicto. Esta última encargada de una función humanitaria esencial.

Tratándose de un vasto conjunto de ‘guerras‘, que obedece a múltiples causas y que cubre tantas regiones, hay que procurar, hasta donde sea posible, encontrar e identificar los restos de personas asesinadas para que quienes las amaron puedan realizar las ceremonias fúnebres que sus creencias les dicten. Eso solo es una eficaz fuente de alivio que conviene propiciar.

Respecto de la creación de la JEP, dejemos de lado las objeciones constitucionales, muchas de las cuales comparto, y que pronto la Corte Constitucional comenzará a resolver. Anhelo que decida con pulcritud e independencia de criterio, es decir, que ninguno de sus magistrados resulte sospechoso de corrupción, como varios de la Suprema Corte por estos días, ni que ceda a las presiones que realizan, sin pudor alguno, algunos políticos de la coalición afín al Gobierno.

Aunque es difícil acertar en los pronósticos, muchos conjeturan que la JEP, si sobrevive, acabará teniendo una configuración diferente a la que las Farc y el Gobierno estipularon bajo la errónea creencia -que ciegos o cándidos aún profesan- consistente en que el Acuerdo Final es intangible, o sea que está por encima de la Constitución. Muchachos: ¡bájense de esa nube!

En ese contexto es necesario, para salvar un proceso de paz que ha logrado un resultado tan importante como la desmovilización de las Farc, que se consolide el régimen sancionatorio acordado, en tanto concede, incluso a quienes hayan cometido graves crímenes, el beneficio de penas no carcelarias si confiesan sus delitos, reparan a las víctimas y cumplen otros requisitos razonables. Igualmente, es crucial que se mantenga un régimen de amnistías amplio para los guerrilleros rasos, y se preserven los mecanismos de acceso a la actividad política en favor de los antiguos alzados en armas (Permitirles, como está previsto, que sean elegidos antes de cumplir esas penas benévolas es, me parece, garantía de impunidad inadmisible).

El tercer componente del ‘Combo de la Paz‘ es la Comisión de la Verdad, asunto que aquí se ha tratado varias veces. Lo hago de nuevo para insistir en la necesidad de un debate no ya sobre su conveniencia -su puesta en marcha parece irremediable-, sino para mitigar los riesgos que ella genera en la seguridad ciudadana, y los daños adicionales a la legitimidad de unas instituciones estatales y de la sociedad civil que muy maltrechas salen de este proceso.

La comisión recorrería el territorio nacional durante tres años, buscando esclarecer “la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad (…)” Igualmente, promoverá “el reconocimiento de las víctimas y la admisión voluntaria de las responsabilidades individuales o colectivas de los actores del conflicto”.

Aunque mi ignorancia es enciclopédica, no es tanta como para desconocer que en varios países se han establecido, con éxito, comisiones de la verdad. En general, sus objetivos han consistido en consolidar el fin del conflicto, juzgar a los responsables de los crímenes cometidos por un régimen que ha sido derrocado y proveer a la sociedad con un relato imparcial sobre lo acontecido. Ninguno de estos factores se encuentra presente en Colombia.

Cierto es que se ha cerrado el enfrentamiento con las Farc (quizás no tanto como resultado del Acuerdo del Teatro Colón sino de la presión militar), pero no lo es menos que de otras fuentes de violencia mana abundante agua emponzoñada: la coca, su transformación y exportación; la minería ilegal, los conflictos de tierras, los conatos de expansión violenta de los territorios indígenas, las acciones de guerrillas disidentes. Hablar, pues, de “posconflicto” es una licencia poética.

En nuestro caso, no se trata, como en Argentina y Chile, de aplicarle el rigor de la justicia a los antiguos dictadores, sino a los alzados en armas y a los funcionarios del Estado que ganó la contienda: un logro colosal de las Farc, sin duda alguna. Sin embargo, para ello se ha creado la JEP. Por último, los extensos relatos sobre las causas del conflicto ya los escribieron quienes para ese fin fueron designados por la Mesa de La Habana.

Por estas razones, es evidente que la Comisión de la Verdad resulta redundante. Si la abundancia de lo bueno no daña, ¿cuál es el problema? Que puede atizar el fuego de los conflictos que están vivos, y revivir otros, no del todo superados, gracias a los estímulos de recuperación de la memoria administrados por la Comisión de la Verdad. No puede ignorarse que muchas víctimas de hoy fueron, a su vez, victimarios o viceversa.

Las “partes” nos dicen que la comisión tendrá por objeto “promover la convivencia en los territorios, en el entendido de que la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia (…)”. Nadie podría discrepar de estos paradigmas, aunque la pretensión de que un ente público transitorio los alcance tiene una carga elevada de utopía. Y las utopías, bien lo sabemos, pueden ser sangrientas.

Preocupa, y no poco, que parte del mandato de la comisión consista en definir “Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno y los demás poderes públicos (…)”. Este es otro de los varios mecanismos que la Administración ha aceptado para deteriorar la legitimidad del Estado y, por supuesto, de todos los gobiernos anteriores. Para la nueva Historia Oficial no hay duda de que la rebelión de las Farc está plenamente justificada.

La hipótesis subyacente tras la creación de la Comisión de la Verdad consiste en que para superar los conflictos hay que rememorarlos; en palabras del filósofo George Santayana, “aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. No es cierto, o, al menos, no necesariamente. El olvido es una opción válida. En Alemania existen museos para recordar el holocausto del pueblo judío. Bien que así sea. Pero los alemanes de hoy no cifran su futuro en el recuerdo permanente de los episodios sombríos de su historia. En la vida personal pasa lo mismo: para perdonar, a veces, es mejor no saber...o no recordar.