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Opinión

  • | 2017/08/23 07:32

    Comisión de verdad para la justicia

    La cosa es muy grave. Mucho más que el proceso 8000 y la parapolítica. ¡No exagero! La justicia es el dique que evita que el poder se ejerza fuera del marco de la Constitución, es la verdadera garantía de que la autoridad actúe para el bien común y con respeto absoluto por los derechos humanos.

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Cuando la justicia se pudre el Estado de derecho desaparece e impera el delito. Lo que apenas comienza a conocerse sobre la corrupción y la penetración del crimen en la justicia, demuestra que la cuestión no se reduce a tres capos que abusaron de su sagrada investidura. Es un problema estructural que no se resuelve simplemente con la condena a los magistrados, por severa que sea. (Lea “Capos de la Justicia”)

La cosa es muy grave. Mucho más que el proceso 8000 y la parapolítica. ¡No exagero! La justicia es el dique que evita que el poder se ejerza fuera del marco de la Constitución, es la verdadera garantía de que la autoridad actúe para el bien común y con respeto absoluto por los derechos humanos. Cuando la justicia se convierte en un brazo de los delincuentes no hay nada que hacer. ¡Ganó el crimen! Las instituciones claudicaron, dejaron de ser garantes de la sociedad y se transformaron en instrumentos de organizaciones criminales.

Eso es grave en todos los niveles, pero aquí pasó en el único donde no podía pasar, en la cúpula de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que la corrupción es deplorable en todo espacio institucional, no obstante, cuando se encarna en los magistrados y fiscales, lo que está en juego no es solo, dependiendo el caso, el patrimonio público, sino las libertades ciudadanas y la vigencia del ordenamiento jurídico que garantiza la convivencia. Voltaire tenía razón, “el último grado de la perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”.

Hay que ponerle la cara al tema, señores magistrados. No le saquen el cuerpo con excusas como la pronunciada por el presidente de la corte, Rigoberto Echeverri, al indicar que “el problema de la corrupción no es un problema de estructuración de la Rama Judicial, es de la sociedad colombiana y de las personas”. ¡No escurran el bulto! En lugar de asumir el problema y sus consecuencias, salen a colectivizar la culpa, a echarle la culpa a la sociedad. ¡Sean serios!

Que pena llevarles la contraria, magistrados. El problema de la justicia no es de casos aislados o una que otra bochornosa extorsión o uno que otro prevaricato, menos culpa de la sociedad. ¡No! Claro que lo que está pasando se deriva de la equivocada ingeniería institucional de la Constituyente de 1991. Ustedes, magistrados, que deberían estar pensando exclusivamente en aplicar la ley y defender los derechos de los ciudadanos, viven sumergidos en manzanilla judicial, dedicados a meter la mano en la elección de procurador, fiscal y de sus propios reemplazos. Esa función dividió a las cortes en facciones que operan igual que politiqueros clientelistas en campaña, detrás del botín burocrático. Eso se tiene que terminar.

Otro asunto estructural es que ustedes son los únicos colombianos que carecen de control efectivo en materia disciplinaria y penal. Están por encima de la ley y de la Constitución, por eso los Bustos, Tarquinos y Ricaurtes se burlan de la justicia, !porque son la justicia! Nadie debe gozar de facto de fueros de impunidad.

¡Hay que refundar la rama judicial! El sistema judicial está corrompido en todas las instancias. Los capos dirigen una empresa criminal que afecta todos los niveles de la justicia, sin embargo, es equivocado creer que son los únicos. Busticos hay también en los tribunales y juzgados, por ejemplo, según la Fiscalía, otro trío de magistrados de Villavicencio aceptaron 3.000 millones de una banda criminal del Meta.

No se hace mayor cosa sin el desmantelamiento de todo el entramado delincuencial y sin la depuración completa de la rama judicial. Los magistrados hasta ahora mencionados son fichas que caen, pero su caída deja el sistema intacto. La pregunta es, ¿cómo acabarlo?

Se necesita, entre muchas otras cosas, una comisión de la verdad que establezca la real dimensión de la empresa criminal. Una comisión independiente, transparente y con credibilidad que elabore un informe que revele el modus operandi, los patrones criminales, las redes, los nombramientos de jueces, magistrados y fiscales, resultado de la gestión de los expresidentes de la corte.

Esa comisión debe indicarnos cuál es la relación entre las mafias del Congreso y los capos de la justicia, también establecer si existió en la última década una agenda política, ¿cuál era? ¿Qué objetivos tenía? ¿Cómo y quiénes la ejecutaron? ¿Hizo parte de esa agenda la apertura de investigación en 2009 contra 85 congresistas que votaron el referendo de reelección? ¿Su propósito era de terrorismo institucional? ¿Atemorizar el Congreso? Después no pasó nada, nunca hubo delito, solo una estrategia de terror de la corte.

¿La persecución a exfuncionarios uribista se fundamentó en todos los casos en derecho o fue resultado de decisiones políticas, no jurídicas?

¿Cuáles eran los apoyos en el Partido Conservador que convencieron a Ricaurte que podía ser su candidato presidencial? ¿Esos apoyos tenían relación con fallos favorables? ¿Sentencias vendidas?

El informe debe además describir hasta dónde la rama judicial fue penetrada por el narcotráfico, la parapolítica, las Farc y el ELN. Al igual que ilustrar cómo se articulan los carteles de abogados con los magistrados y jueces.

La comisión de la verdad debe abordar el papel del fiscal Eduardo Montealegre en todo esto. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cómo sirvió su Fiscalía a Bustos y compañía? En síntesis, ¿cómo fue el proceso de constitución, cuáles los factores determinantes y la conformación del entramado criminal?

La comisión debería integrarse por juristas, académicos, periodistas y reconocidas ONG, personas pulcras, intachables, sin compromisos, ni cuotas en la justicia. La legitimidad de la justicia solo se puede recuperar si se conoce la verdad completa y detallada de lo sucedido.Y la eficacia de las reformas depende de que se hagan sobre la verdad.

Adenda. Nada que la Universidad Libre repudia públicamente a Leonidas Bustos y Gustavo Moreno, dos individuos de su seno. Los estudiantes, futuros abogados, fiscales y magistrados, deben tener claro que esos no son sus referentes. Igual debía pasar en la Universidad Gran Colombia respecto a Tarquino y en la Universidad de Bolívar con Ricaurte.

Sígame en Twitter @RafaGuarin

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