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Opinión

  • | 2017/02/21 07:25

    Una comisión de "mamertos" para la paz

    Cuatro de los cinco comisionados para la Jurisdicción Especial para la Paz son bien sesgados en sus pensamientos. Grave augurio para la reconciliación.

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José Stalin decía: “Basta con que el pueblo sepa que hubo una elección, los que emiten los votos no deciden nada, los que cuentan los votos lo deciden todo”. Me acordé de esa frase del otrora ídolo de las FARC y la izquierda ortodoxa cuando conocí los nombres de los cinco comisionados que tendrán la oportunidad de escoger a dedo los magistrados de los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz, los integrantes de la unidad de investigación y los miembros de la comisión de la verdad. Confieso que era el artículo que más me preocupaba del entuerto jurídico que se inventaron los negociadores en La Habana.

Me parecía altamente riesgoso delegar a organismos internacionales, por prestigiosos que fueran, un asunto tan crítico como determinar quién juzga a quién. Pensé que el Gobierno aprovecharía la victoria del No en el plebiscito no sólo para eliminar la figura de los magistrados extranjeros, sino para reformar esa extraña propuesta. No lo hizo. No sé si fue por ingenuos –de verdad pensaban que por ser extranjeros primaría la objetividad– o si era uno de esos tantos inamovibles de las FARC. El resultado, sin embargo, no pudo ser peor. Y no exagero. Sólo hay un penalista, ningún exfiscal. Ni expertos en seleccionar jueces o alta gerencia. Pululan, en cambio, activistas.

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Comencemos por el peruano Diego García-Sayán, quien fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal en el cual el Estado colombiano ha sido condenado ad infinitum y más allá. Una Corte donde no existe la presunción de inocencia de los agentes estatales y que en el pasado ha cometido errores garrafales como el caso de las falsas víctimas de Mapiripán. García-Sayán, designado por Naciones Unidas, refleja esa interpretación simplista del conflicto colombiano.

Igual ocurre con los nominados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por su sigla en inglés). Son fieles representantes de entidades que públicamente han sido más proclives a condenar las acciones del gobierno colombiano que las atrocidades de la guerrilla. Con una ñapa: el principal objetivo de la ICTJ, desde su creación en la década de los 1990, ha sido promover, contra viento y marea, comisiones de la verdad. A pesar de la propaganda de la misma ICTJ, no hay evidencia empírica de que sean herramientas eficaces de reconciliación a largo plazo. (Ver mi columna ¿La verdad para qué?). 

Ahora, Colombia será otro conejillo de Indias para ese experimento social.
A esos tres votos sesgados se les suma la sorpresiva designación de Claudia Vaca por parte del Sistema Universitario Estatal. Vaca no es penalista ni experta en selección de talento –dos habilidades críticas que le servirían al  comité–. Es una química farmacéutica que representa a esa izquierda criolla que da por hecho que el capital extranjero, y en particular las multinacionales, son nocivos para el país. Una izquierda que habla con desprecio del “sistema capitalista”. Lo que conocemos en Colombia como “mamertismo”.

En Estados Unidos,  existen expertos en identificar los mejores candidatos para integrar los jurados de conciencia. Se les paga un platal con el fin de garantizar jurados abiertos a apoyar la causa de la Fiscalía o de la defensa. Se buscan personas que, por ejemplo, simpatizarían con argumentos como el de “fui guerrillero por el abandono del Estado” o que “fui guerrillero porque no tenía otra opción”. Individuos que aceptarían sin regañadientes la tesis que la violencia colombiana es producto de la “inequidad social”. En fin, que las FARC son más víctimas que victimarios.

No hay que ser Einstein para prever que los favorecidos por este comité de selección terminen siendo personas de pensamientos símiles. Es humano, más inaceptable. Quedaríamos con una JEP y una comisión de la verdad sesgadas. Que lejos de garantizar la no repetición de las atrocidades, las termine minimizando. Colombia requiere una justicia institucional, no ideológica.
No necesitamos que justifiquen lo injustificable. Nada excusa el secuestro, la ejecución sumaria, el reclutamiento de menores para la guerra, las masacres de campesinos. Nada.
 
En Twitter  Fonzi65 

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